El último año de Berni en números

Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su 18º informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Además de la presentación a la sociedad, el mismo es entregado a gobernador, a sus ministros, legisladores y funcionarios judiciales.

Titulado “El sistema de la crueldad”, el informe fue elaborado en base a 38.968 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal o con familiares, personas allegadas, organizaciones o instituciones que las representaron. El 71% fueron directamente con las víctimas y el 13% con sus familiares; con lo que el 80% de las entrevistas fue con fuentes primarias de la violencia estatal.

En el trabajo se vuelven a confirmar los viejos problemas de siempre: desde hace más de 25 años la política criminal, asentada en las premisas del punitivismo y aprehensiones policiales de jóvenes no vinculados con el delito, no sólo no resuelve los problemas de seguridad sino que genera graves violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, al informe detalla que “al momento de detener, la policía no cumple con las salvaguardias legales: informar sobre los derechos, realizar un examen médico independiente, garantizar la comunicación inmediata con un familiar o allegado o el acceso inmediato a la defensa técnica”.

En cuanto a la letalidad policial, el trabajo muestra un crecimiento de los 98 casos de 2022 a los 114 casos registrados en 2023, de los cuales 7 eran mujeres y 19 jóvenes menores de 18 años. “Como lo venimos diciendo desde hace años, la mayoría de estas muertes ocurren en supuestos intentos de robo contra policías de civil, fuera de la hora de servicio; para la gran mayoría de estos casos, la justicia convalida el accionar policial, incluso en casos donde la desproporcionalidad en el uso de la fuerza resulta evidente”, agrega el escrito.

Personas fallecidas por uso de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires,
periodo 2016-2023

Y recuerda que “la policía sostiene su función reguladora del delito y se despliega a partir de prácticas sistemáticas que se relevan en todo el territorio provincial. Una de estas prácticas es la corrupción estructural que, pese a tratarse de prácticas expandidas y generalizadas, registra niveles de denuncia muy bajos por el temor a represalias policiales o por los escasos resultados de las investigaciones administrativas o penales. Del total de 77.267 sumarios administrativos realizados por la Auditoría General en los últimos 14 años, apenas 5.701 terminaron con una expulsión: un 7% del total. Del total de sumarios, el 35% corresponde a casos de corrupción, connivencia o participación en delitos, infracciones de contenido patrimonial o manejos irregulares de fondos”.

Personas fallecidas por uso de la fuerza policial,
según rango etario, provincia de Buenos Aires, 2023

Sin embargo, en el trabajo se destacan algunos indicadores positivos como el descenso de la sobrepoblación en cárceles y comisarías que se redujo de 3900 en 2022 a 2300. Al no haberse aumentado la cantidad de plazas, que en ambos años fue de 1217. Aún esta reducción, el informe señala que “las que continúan alojadas lo hacen en condiciones inhumanas, hacinamiento y nulo acceso a la salud. El 29 % de las personas detenidas se aloja en comisarías clausuradas por orden judicial o administrativa. Además, y pese a estar prohibido, se siguen alojando jóvenes menores de 18 años (relevamos niños de 10 y 11 años), personas enfermas, mujeres embarazadas y mayores de 65 años”.

Respecto de las cárceles, los datos no nada auspiciosos. Si bien se reconoce que desde 2021 se sumaron 6.094 nuevas plazas tanto por construcción de nuevos lugares como por ampliación en establecimientos existentes, lo que representa el 23% de la capacidad total, se señala que “frente a estas 6.094 nuevas plazas (un promedio de 1.500 por año) que redujeron la sobrepoblación existente, se agregaron 9.800 nuevos detenidos al sistema (un promedio de 2.400 por año). Es decir, esta política de construcción no sólo no resolvió la sobrepoblación (el 102% en cárceles y el 101% en comisarías a julio de 2024), sino que mantiene problemas en la distribución de la población encarcelada”. Y desglosa que el Complejo Varela alcanza el 189% de sobrepoblación, en el Complejo Magdalena el 162%, o el de Centro Zona Norte el 140% y el de Centro Zona Sur el 135%.

Otro avance que muestra la CPM es la disminución de muertes en instituciones de salud mental, comisarias y cárceles. Sin embargo, también manifiesta que “en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio, la tortura sigue siendo una práctica sistemática”.

“Durante 2023 se registraron 15 muertes de personas alojadas en comisarías bonaerenses, una baja significativa en relación a 2022 cuando murieron 25 personas. Una de esas muertes fue la de una mujer trans que se encontraba alojada en una comisaría destinada al alojamiento de varones”, expone el informe.

“Desde hace años la política criminal, basada en el sobreencarcelamiento y la saturación policial de los territorios para control de las poblaciones más pobres a las que detienen sin relación con el delito, requiere cambios urgentes. Esa premisa se torna aún más necesaria frente a una nueva gestión de gobierno nacional que en sus discursos y proyectos, muestran una política más regresiva en materia de seguridad y justicia, como el protocolo de uso de arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, la baja de edad de punibilidad o la represión a la protesta social”, advierte la institución a través del comunicado en el que anunció la presentación del informe.

Informe completo aquí: comisionporlamemoria.org/informeanual2024/

Fuente: https://canalabierto.com.ar