El valor de la primera condena en el mundo por delitos de lesa humanidad contra mujeres trans

Por Inés Hayes | Luego de 3 años y medio de juicio oral, se dictó en Argentina la primera sentencia en el mundo por delitos de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans durante el terrorismo de Estado (1976-1983). El Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, emitió veredicto en el primer juicio que abordó parte de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio conocidos como “Pozo de Banfield, “Pozo de Quilmes”, “El Infierno de Avellaneda” y en la “Brigada de Investigaciones de San Justo”. En todos los casos se trató de dependencias policiales ubicadas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Entre las 610 personas victimizadas que formaron parte del objeto procesal del juicio, se encuentran ocho mujeres trans que estuvieron secuestradas en el “Pozo de Banfield”. El 18 de abril, cinco de ellas prestaron testimonio por primera vez en un juicio oral. Además, estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura. Los delitos que constituyeron la acusación, en el caso de las mujeres trans que fueron llevadas al “Pozo de Banfield”, fueron: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados; reducción a la servidumbre.

El tribunal -constituido por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers- tomó la acusación de la fiscalía y condenó a 11 de los acusados (entre quienes hay militares, policías y un civil que estuvo a cargo de la policía en esos años) y absolvió a uno por esos delitos. Los fundamentos del veredicto fueron dictados el 5 de julio de 2024. Se trata de la primera condena en el mundo por violencia sistemática sobre mujeres trans, perseguidas por su identidad de género, en el contexto de terrorismo de Estado. “Estábamos trabajando en la ruta y paró un Ford Falcon y nos agarró de los pelos y nos metieron al auto, agachadas, entre las piernas de los policías. Nos tuvieron 14 días, te podés imaginar todas las violaciones que vivimos”, dijo entonces Valeria del Mar Ramírez, una de las mujeres trans cuyo testimonio fue clave en el juicio.

Ana Oberlin, la fiscal que estuvo a cargo del proceso judicial dijo a Canal Abierto: “Es la primera vez en Argentina pero también en el mundo que se aborda la violencia considerada sistemática hacia el colectivo trans travesti, en particular algo que sostuvimos del Ministerio Público Fiscal que estas violencias existieron antes, durante y después, pero que durante el terrorismo de Estado se incrementaron porque las personas secuestradas fueron llevadas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado. Esas violencias estaban enmarcadas en un modelo de país cuya hegemonía el terrorismo de Estado vino a garantizar, que tenía diferentes aristas como lo económico, lo social, lo cultural, religioso pero también un modelo sexo genérico que determinó que quienes se salían de la cis heteronormatividad sufrieran violencias particulares y se las incluyera dentro de las personas a perseguir por el terrorismo de Estado”.

Oberlin trabaja en esta investigación desde hace años como integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de La Plata. “Empezamos a trabajar –cuenta- porque había varios casos de mujeres trans que habían sido secuestradas en el Pozo de Banfield, ahí había sido llevada Valeria del Mar que fue el primer caso que se judicializó pero no se había complejizado, se lo trataba como si hubiera sido un caso simple, único, no como una práctica sistemática y generalizada hacia la población travesti trans de esos años, entonces empezamos a contactar a muchas sobrevivientes, gracias también al Archivo de la Memoria Trans. Con toda esa información le pedimos al juez Kreplac que citara a testimoniar a estas mujeres y ellas relataron cómo fueron llevadas a distintos lugares durante esos años pero en particular al Pozo de Banfield”.

El pedido de la Unidad Fiscal que integra Oberlin fue que se indagara primero y se procesara después a un grupo de policías y militares responsables de esos centros clandestinos de detención tortura, exterminio y persecución al colectivo travesti trans “y le pedimos que se enmarcara dentro de una práctica sistemática, no individual, porque las personas trans y travestis sufrieron violencia antes, durante y después del terrorismo de Estado pero durante el terrorismo, sin dudas, se intensificó. El juez hizo lugar y en su resolución decidió justamente imputar y calificó los hechos como ‘privación ilegal de la libertad, tormentos, reducción a servidumbre y violencia por medios sexuales’ como le había pedido la fiscalía”, detalló Ana.

La condena se logró porque un grupo del colectivo travesti trans aceptó prestar testimonio y, según Oberlin, tuvieron un compromiso muy grande con el proceso de justicia que fue bastante largo y difícil pero fue muy impactante, porque fue la primera vez que la Justicia tomo y receptó lo que el colectivo contó. “En este contexto prodictadura toma una dimensión aun mayor, el proceso de justicia sigue estando consolidado y este veredicto toma una trascendencia mayor aun. Además porque durante muchos años la violencia hacia este colectivo se naturalizó y no había sido tomado en el camino de justicia. Todavía hoy siguen sufriendo violencia, dificultades para acceder al trabajo, a la vivienda. Pero esto debe ser sancionado y tomado en cuenta. No castigar y no incorporar el ensañamiento particular del terrorismo de Estado contra el colectivo trans es considerarlo de segunda y que no pudieran acceder al sistema de justicia implica desconocer lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado con el modelo sexo genérico que se buscó garantizar por parte del Terrorismo de Estado”.

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Los días del juicio

“Yo era muy chica cuando empecé a trabajar en la calle, tenía 14 o 15 años y vivía cerca de La Tablada. En 1976 o 1977 fui llevada en un coche particular, yo era menor, lloraba, fui detenida a la fuerza. Fue la primera vez que me detuvieron. Me sacaron del auto a las patadas, me tiraron en un lugar que no se podría decir que era una celda. Nunca fui registrada. Había otras chicas, me decían ‘no vayas a decir que sos menor porque es peor’. Me sacaron los zapatos, me dejaron media desnuda. Para comer teníamos que pedirles que por favor nos dieran las sobras, y teníamos que pagarles con sexo. Si querés comer tenés que hacer eso. Hacer eso era chuparle el pene. A veces te daban un mate cocido o un pedazo de pan”, dijo por videoconferencia Fabiana Gutiérrez, la primera en declarar. Lo hizo desde Italia, donde vive desde hace más de 40 años.

Paola Leonor Alagastino, la segunda testigo en declarar, también lo hizo por videconferencia, también desde Italia. En el invierno de 1977, Paola tenía 17 años cuando la secuestraron en la ruta y la metieron adentro del baúl de un Ford: “Cuando me bajaron, pensé que me iban a matar. Gracias a Dios no sucedió eso. Pero fui maltratada, violada, me pegaron con palos. Algunos estaban ahí de civil y algunos llevaban esas ropas no de policía, sino una ropa gris con botas negras. Teníamos miedo, nos trataban mal, nos insultaban, nos decían de todo. Querían sexo y si no había sexo, eran palos. Nos daban el borde de la pizza. Nos decían ‘puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar’. Nos dábamos cuenta cuando llegaban al lugar los militares por esas botas que hacían ruido. Pum, pum. Gritaban y le daban picana. Nosotras pensábamos que nos tocaba. Hubo palo, violaciones, hambre, frío, insultos. Horrible lo que pasamos. Escuchábamos la picana a las chicas y chicos en otro piso arriba. Era un infierno todo eso. No les importaba nada de nosotras, peor que un animal nos trataban”.

Sentada en el tribunal, con una bandera del Archivo de la Memoria Trans, Analía Velázquez, la tercera testigo, dijo: “Yo tenía 22 o 23 años. Fui secuestrada de la casa de mi familia y llevada al Pozo de Banfield, donde estuve en varias oportunidades. Por lo general siempre nos llevaban de madrugada. He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. He escuchado cosas muy horribles por las noches. Ellos decían “máquina”, se sabía que eso era picana y advertían que en cualquier momento me podía pasar. En una oportunidad me hicieron desnudar, llegué a conocer una cama elástica, toda de metal. Decían que ya me iba a tocar. Cuando querían nos sacaban de la celda y nos hacían hacer strip tease, querían que bailáramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo estar con una compañera y nos sacaban fotos y nos preguntaban cuál de las dos era más linda”.

Marcela Viegas Pedro fue la cuarta en declarar: “Fui detenida, desaparecida y después pude volver otra vez. Fue entre fines de 78 y principios del 79. Tuve que ir a trabajar a Camino de Cintura, por persecución en Rosario. Una de mis amigas en Florencio Varela, que colaboraba con la policía, me ofreció ir a trabajar a su lugar. Era un lugar en la ruta donde había un montón de fábricas. Todas las noches tenías que pagar un canon al patrullero y cada tanto hacer favores sexuales. Cuando me agarraron yo dije: hoy me toca hacer el favor sexual”. Pero esa noche fue diferente para Marcela. “Cuando estoy adentro del patrullero me ponen unas bolsas de cebolla en la cabeza, me llevan no sé adónde, me entregan a otras personas no sé a quiénes. Termino en una celda. Y me acuerdo de todas las palabras: ‘Ahora vas a saber lo que es bueno, puto’. Al día siguiente empezó el calvario. Sistemática y metódicamente todos los días me venían a buscar. Me ponían una capucha, no sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (electricidad)”.

La última en declarar fue Julieta Alejandra González: “Yo tendría 19 o 20 años, fue en 1977 o 1978. Nosotras en ese tiempo ejercíamos la prostitución en Acasusso, San Isidro. Nos dijeron que subiéramos a un auto, subimos, nos llevaron a San Martín. ‘Ahora vas a ver’, me decían. Me habían agarrado de los pelos. ‘Te voy a pelar’. Como a la madrugada viene un hombre. En el segundo calabozo, después del traslado, nos trajeron dos colchones azules de lana. Tenían pelos y coágulos de sangre. A la mañana nos sacan, estaba medio de noche aún, que hiciéramos el mate cocido. Nos preguntaron si sabíamos cocinar. A la mañana vemos que era grande el lugar. Tenían como dos fosas donde nos hacían lavar los autos. Tenían barro, pero adentro muchos tenían sangre. Siempre recuerdo mucha sangre en un Falcón amarillo. Nos hacían cocinar, lavar la ropa, lustrar borcegos. También abusaban sexualmente de nosotras”.

Flavio Rapisardi, escritor, investigador y profesor universitario, fue uno de los testigos de contexto: “Las fuerzas de seguridad utilizaban los códigos contravencionales para la persecución de las disidencias sexo-genéricas desde mucho antes del inicio de la dictadura, pero a partir de 1976 las detenciones se hacían más allá de esos códigos: la duración de las detenciones excedía los plazos y se aplicaban torturas que obviamente no estaban previstas. A su vez, desde 1976 la persecución no fue aleatoria, pero la diferencia radicó que en el caso de gays y lesbianas tenían la posibilidad de diluirse en el seno social, algo que no ocurrió con las personas trans por su situación de no empleabilidad”. Si bien cuando se logró la apertura democrática en los años 80, comenzó a hacerse público lo que había sucedido durante la dictadura, no se sabía nada sobre la comunidad LGBTIQ. Durante la investigación, explicó Rapisardi, “podemos afirmar que el terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico, en el cual, los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban asignados, respectivamente, a los ámbitos doméstico y público, en una cultura netamente patriarcal-occidental. En ese sentido, toda transgresión a la cis/heteronormatividad resultaba objeto de criminalización y disciplinamiento, calificable como “amoral” y contraria a los cánones de la sociedad “occidental y cristiana” que imbuía el ideario de los perpetradores del terrorismo de Estado. De ese modo, el colectivo de las personas sexo-genéricamente disidentes eran catalogables dentro del concepto de “subversivo” elaborado en el marco del plan sistemático de represión ilegal y, por tanto, objeto de persecución”.

El colectivo travesti trans sigue luchando por una Ley de Reparación Histórica que garantice una pensión reparatoria, salud integral para una vejez digna, cupo laboral, acceso a la vivienda, cumplimiento efectivo de la educación sexual integral (ESI) y la apertura de los archivos policiales.

La transmisión de los juicios, así como los que ya se hicieron, se puede seguir por el canal de YouTube La Retaguardia y Pulso Noticias.

Foto: Agencia Presentes

Fuente: https://canalabierto.com.ar