En Córdoba, la criminalización a la protesta también avanza

Redacción Canal Abierto | La sede de la seccional Córdoba de ATE y el domicilio particular de su Secretario General, Federico Giuliani, fueron allanadas a partir de una causa iniciada por el fiscal provincial Emilio De Aragón. En la misma. El dirigente fue imputado por instigación al delito en el marco de las movilizaciones contra la presencia del presidente Javier Milei en la capital provincial el sábado pasado.

La fiscalía ordenó la detención del dirigente estatal y, para evitarla, debió pagar una fianza de 10 millones de pesos. Además le fue secuestrado su teléfono celular.

La conducción nacional de la CTA Autónoma, de cuya seccional Córdoba Giuliani también es Secretario General, repudió el accionar de la Justicia y señaló que la medida “agudiza la persecución política y judicial sobre el compañero”.

El texto lleva las firmas del Secretario General Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario de Derechos Humanos Adolfo Barja y la directora de Derechos Humanos María José Cano y plantea que “la crisis social y económica imperante sin dudas trazan un camino de lucha que  necesariamente se intensifica, con lo cual seguiremos rechazando y denunciando toda práctica persecutoria y criminalizadora de la protesta social, que intente amedrentar y disciplinar a quienes se paran frente a tantas injusticias”.

En el mismo sentido se manifestó la conducción provincial de ATE al afirmar que “se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical”.

Por su parte el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “este accionar forma parte de la persecución que el Gobierno Nacional ha desatado contra los estatales desde el 10 de diciembre. Nosotros estuvimos presentes en Córdoba el 25 de Mayo y denunciamos la violenta represión que sufrimos. Hacemos responsables a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador Martín Llaryora por todos estos ataques”.

La defensa de Giuliani es llevada adelante por el abogado Claudio Orosz, quien también patrocina al dirigente en otra causa iniciada por obstrucción del tránsito por participar en abril de 2023 de una movilización contra el hambre.

En diálogo con Canal Abierto, el letrado explicó que “el delito que se le imputa a Giuliani es el de haber instigado a la comisión de un delito. Y surge de una reforma que se hizo en el Código Penal durante la dictadura de Ongania para evitar la conflictividad social, que es como le llaman a ellos concretamente al derecho constitucional que tienen los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, y mucho más las organizaciones sindicales, que están protegidas a su vez por dos tratados que hemos firmado en la OIT, que son obligatorios para la República Argentina”.

Orosz detalló que se trata de “dos sentencias, la primera de un juez de control, el doctor Luis Nassiz, que ahora actualmente ya es camarista, donde hizo lugar a nuestra petición en una imputación similar. Allí quedó claro que en realidad se estaba penalizando o judicializando la protesta social y que esto está prohibido por los tratados internacionales que la Argentina ha firmado.”

Y agregó que “también hay una diferente jurisprudencia en la Cámara de Acusación, en una causa en la que se detuvo a todo un cuerpo de delegados por protestas en contra de la reforma de la ley de jubilaciones. En esa jurisprudencia en el máximo tribunal del cual dependen los fiscales y jueces de control o garantías de Córdoba quedó claramente establecido que no se puede judicializar la protesta social”.

El abogado alertó que “en este caso está clarísimo que lo que se está haciendo es disciplinar a Giuliani . Y, a través de Giuliani, a ATE y, a través de ATE, a cualquier organización, ya sea sindical u  organizaciones sociales que están ejerciendo  su derecho constitucional de manifestarse. Y según una opinión obligatoria para la Argentina desde el año 2019 sobre la protesta social y derechos humanos firmados por toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pueden ser delitos”.

“Agreguen ustedes a eso la Observación General Nº 37 de la Organización de Naciones Unidas, también obligatoria para la Argentina, que no se pueden judicializar las manifestaciones sociales. Y por último, el mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 23 de enero de 2024, reiterando que eso es jurisprudencia internacional. Por lo tanto, estamos ante un levantamiento de la Justicia de Córdoba, o por lo menos de un fiscal, en contra de normativas internacionales, e incluso jurisprudencia propia de la provincia de Córdoba, que dicen todo lo contrario a lo que hoy están imputando”, advirtió Orosz.

Respecto del porvenir de la causa, el abogado planteó que  “seguramente, en el momento de la indagatoria, vamos a negar los hechos”. También adelantó que el gremio tiene sus propios registros de la jornada, en los que asegura que “queda clarísima la provocación del personal policial tirando a la altura de los ojos”.

Y concluyó: “Tenemos 14 heridos, uno de ellos justamente con contusiones en los ojos, tipo genocida carabinero chileno. Las imágenes quedan claras, los disparos que se hacen con balas de goma se hacen a la altura de los rostros. Tenemos los certificados médicos que demuestran las lesiones que se sufrieron y cómo esto fue una provocación policial. Ante esto, obviamente hubo reacciones. Pero esto se produjo pura y exclusivamente por la acción de la policía”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar