En números: ¿Cómo se ejecutó el plan de Milei para intentar desarmar a las organizaciones populares?

Redacción Canal Abierto | El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma presentó ayer un informe en el que disecciona con datos el plan represivo que ejecuta el Gobierno de Milei con el claro objetivo de desarmar la resistencia a las medidas de shock económico e institucional que comenzó a implementar y bien asumió.

En línea con los intereses y objetivos de las fracciones sociales que integran el bloque de poder -sostiene el estudio- el Gobierno llevó adelante dos medidas centrales, que se retroalimentan entre sí. “Por un lado, un shock regresivo en el plano distributivo (económico y social); por el otro, un shock regresivo en lo institucional que implica una reforma constitucional de facto”.

Más allá de la radicalidad de los cambios, las medidas aplicadas no son novedosas, añadió el equipo de investigación que coordina Jimena Frankel. “Las principales políticas del nuevo gobierno fueron una profundización llevada al extremo del programa de gobierno que intentó impulsar el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019”. “Sin ir más lejos” -recordaron- “las principales medidas implementadas durante el primer año de la gestión de Javier Milei habían sido diseñadas por los principales estudios corporativos, que brindan asesoramiento jurídico y contable a las empresas más grandes del país, para ser aplicadas luego de una eventual victoria de Patricia Bullrich en 2023”.

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En ese contexto, la estrategia represiva que se desplegó tuvo como objetivos sostener el proceso enajenador a la vez que intentar desarmar a los sectores populares y a sus organizaciones en el plano político, moral y material.

Para eso, “a sólo pocos días de la asunción presidencial, casi al mismo tiempo que el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaba las primeras medidas de recorte y ajuste la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, daba a conocer el llamado “Protocolo Antipiquete”. Este hecho constituyó el inicio de una nueva etapa en materia de instrumentos que buscan legalizar y reforzar la represión a la protesta social, penalizar a referentes y atacar a las organizaciones populares”.

Al respecto, los datos sistematizados en la investigación a partir de una rigurosa metodología de monitoreo de hechos represivos son contundentes:

• Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024, se registraron al menos 41 represiones a la protesta social ejercidas en todo el país.
• Estos hechos ocurrieron 4 en 10 provincias, con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires.
• El accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la agresión física a al menos 1146 manifestantes en represiones a la protesta.
• Además se registró la detención de 139 personas en represiones o allanamientos y el inicio de causas a 171 militantes o manifestantes.
• Otra modalidad represiva fueron los allanamientos a organizaciones populares acompañados por causas penales contra militantes o referentes. En total, se contabilizaron 77 allanamientos violentos ejercidos por las fuerzas de seguridad.
• Otra modalidad de violencia contra las organizaciones populares fueron las agresiones a locales o militantes ejercidos por sujetos paraestatales, registradas en al menos 6 eventos.

El informe presentado ayer consta de tres partes. En la primera se hace una caracterización del programa del gobierno de Javier Milei a un año del inicio de gestión. En la segunda, sobre la estrategia represiva, los datos duros registrados por el Monitor se complementan con testimonios de dirigentes y militantes del campo popular, y además de la cantidad de hechos, se hace un seguimiento de las fuerzas de seguridad involucradas, las armas utilizadas y el número de personas heridas en protestas.

Por último, en el tercer apartado se comparte un análisis de distintas normativas que avanzan en la criminalización de las protestas y las organizaciones del campo popular, realizado por la Red Federal por la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

¿Por qué defender el derecho a la protesta?

El informe elaborado por la CTA concluye que a pesar de enfrentarse a lo que define como “una estrategia de desarme”, el movimiento popular “permaneció en las calles”. Esto, señalan, se reflejó en las distintas convocatorias callejeras que tuvieron entre las más masivas las movilizaciones contra la ley Bases y en defensa de la universidad pública.

En ese marco, desde el Monitor también hicieron un breve repaso para dar cuenta del rol esencial de la organización y la protesta social “para entender tanto la historia de conquista de derechos como los cambios en los ciclos económicos”.

“Por ejemplo, el ciclo de luchas que comenzó en 1993 con el Santiagueñazo explica, en parte, la crisis de 20012 y la conformación de una fuerza social que forzó un cambio de orden social y económico en 2003. Más recientemente, las movilizaciones de 2016-2018 fueron decisivas para la deslegitimación del programa del gobierno de Mauricio Macri”.

“La lucha por los derechos colectivos es un acto de resistencia ante un modelo que busca reducir a la población a meros agentes del mercado”, analizaron desde la CTA. “La historia argentina está marcada por momentos de movilización que han cambiado su rumbo. Por ello, los movimientos sociales, sindicatos, organismos de Derechos Humanos, movimientos feministas, pueblos originarios, continúan siendo pilares fundamentales de la resistencia, a pesar de la represión”, sostienen.

Fuente: https://canalabierto.com.ar