“Aunque el Presidente publicó el tweet desde una cuenta privada, esto no tiene nada que ver. El escribió como Presidente para fomentar una operatoria privada, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico del país al que gobierna y, por lo tanto, no estaba hablando de cine, de teatro, de fútbol. Estaba hablando de un tema que tiene que ver con el destino de todos”, comenzó Lonigro.

El especialista desarrolló: «Lo hizo desde una cuenta privada, pero como Presidente. Por lo tanto, ¿qué consecuencias o implicancias penales tiene? Ese tweet podría llevar al Presidente a haber cometido un delito. ¿Cuáles? Uno, negociaciones incompatibles con la función pública. Hay un delito previsto en el Código Penal que establece una pena de prisión, creo que es un máximo de dos años, para aquel funcionario que se interesa en un instrumento, en una operatoria privada, con el objetivo de beneficiarse personalmente o de beneficiar a otros, a terceros”.

“Esa operatoria privada (en este caso) era una criptomoneda que pertenecía a una plataforma de un particular y, por lo tanto, aunque el objetivo fuera el desarrollo económico del país, no dejaba de ser un negocio para un privado, y por lo tanto, más allá de que hubiera habido ganadores o perdedores –eso es indiferente- el Presidente tiene una responsabilidad, justamente porque el Código Penal le impide interesarse de una operatoria privada de ese tipo, en este caso de la criptomoneda”, argumentó el letrado.

Además, analizó: “Puede haber cometido también el delito de fraude, que es provocar deliberadamente el alza de la cotización de una mercadería o de un activo en este caso, un genérico, con el objetivo de beneficiarse. Estamos ante un Presidente que podría haber cometido uno o más delitos con ese tuit que inocentemente, entre comillas, escribió, según lo dice él”.

“Lo que hay que investigar es si el Presidente tuvo la intención de beneficiarse o de beneficiar a alguien, porque esto es clave a la hora de definir si acá hubo estos delitos. Porque para que se configuren estos delitos tiene que haber dolo, y de esto se trata, de investigar si efectivamente lo hubo. A partir de esto, nacen las otras consecuencias políticas”, continuó.

Los caminos del Congreso

“Acá no importa si hubo ganadores, perdedores entre los timberos que compraron esos activos, porque eso se parece más un casino que a una bolsa o un banco central. Inclusive no creo que los que hayan perdido tengan muchos problemas para haber perdido la plata, porque, así como hoy la pierden, mañana la ganan. Dudo que los reclamos de ellos prosperen. Así que el problema no pasa por ahí. El problema pasa porque el Presidente hizo algo que penalmente estaría prohibido. Y ahí hay que juzgar el dolo”, planteó.

Según el abogado constitucionalista, el Congreso tiene dos caminos para acusar al Presidente Milei: delito en el ejercicio de sus funciones o por mal desempeño.

“El Congreso de la Nación es el que tendrá a su disposición el instrumento de juicio político, es el único que tiene a su disposición para poder destituir al Presidente: por mal desempeño, o por delito en el ejercicio de sus funciones. Hay que esperar que se pronuncie la Justicia para después proceder a la destitución en el caso de haber dolo”, marcó.

En esa línea, concluyó: “Si lo acusa de mal desempeño, la concepción acerca de lo que es mal desempeño es un criterio subjetivo que el Congreso tiene a su disposición, más allá de que acá haya habido dolo o no. Tranquilamente el Congreso de la Nación puede decir, lo vamos a destituir porque para nosotros lo que hizo fue mal desempeño, independientemente de que haya delito. Es un criterio que tiene el Congreso de la Nación y por supuesto no es un camino fácil. Nunca en la vida se le hizo un juicio político a un Presidente”.