Golpiza en el Instituto Belgrano: “A varios chicos los trasladaron a un penal de jóvenes de Marcos Paz”

Redacción Canal Abierto | El 13 de septiembre, los 19 chicos de entre 18 y 24 años que cumplen medidas restrictivas desde que son menores de edad en el Instituto Manuel Belgrano, dependiente del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fueron “lastimados por las personas que están a cargo de su cuidado”, en el marco de graves “hechos de violencia”.

El episodio fue dado a conocer a través de un comunicado por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y luego confirmado por Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación en declaraciones a Tiempo Argentino. “Efectivamente hubo represión, hay chicos golpeados, chicos con contusiones de leves a graves”, había expresado.

A partir del testimonio de distintas personas se pudo saber que en el hecho habrían participado unos 50 agentes, así como un exdirector operativo de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, Carlos Corrales.

Ese fin de semana también circularon videos que daban cuenta de la virulencia con la que se habían producido los hechos: una heladera y un televisor destrozados, ropa y zapatillas desparramadas por todos los pasillos de la zona de celdas, y hasta manchas y un charco de sangre en una escalera. Una foto, además, mostraba a uno de los jóvenes con heridas en la cabeza y en la pierna siendo atendido por personal de salud.

En diálogo con Canal Abierto, la titular de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias (APIABA), María Elena Naddeo contó que aún están a la espera de poder hablar con los chicos. En ese sentido, recordó que y bien ocurrieron los hechos se apersonaron en el Instituto para intentar tomar conocimiento de lo ocurrido, sin embargo, “no pudimos entrevistar a los chicos”. “Pensamos que estaban muy golpeados, que por eso no pudimos hacerlo”, expresó.

El organismo que está siguiendo el caso es el Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires que integra la Defensoría del Pueblo local, y que tiene un consejo consultivo integrado por la APDH, APIABA y otros organismos como el CELS y el CEPOC.

“Ellos sí pudieron hablar con los jóvenes”, informó la especialista. “Nos dijeron que los chicos aducían una serie de reclamos que no habían sido contestados, pero también que hubo incidentes bastante serios con el personal adulto. Son chicos grandes, de 18 a 24 años de edad, algunos de ellos están hace muchos años en situación de encierro y la verdad que esto demuestra que chicos de 18, 19, 20 años, es imposible que no tengan un proyecto alternativo”, sostuvo.

“Por ejemplo –agregó- hay algunos chicos que habían logrado organizar una radio,  otros que estaban estudiando en la universidad y salían una o dos veces por semana acompañados por operadores”. “Es decir que es posible transitar una condena por una conducta grave con medidas alternativas a la privación total de libertad, y eso tiene que ver con el debate que estamos transitando acerca del régimen penal juvenil”, subrayó.

A partir del diálogo con los distintos entes que intervienen desde la APDH también pudieron tomar conocimiento de que varios de los chicos habían sido trasladados a un penal de jóvenes ubicado en Marcos Paz. Una medida poco común, asegura, porque en general se trata de retener a los chicos en CABA, para no desvincularlos de sus familias.

 “Todas las instituciones de encierro reproducen violencia”

Para la exlegisladora porteña lo ocurrido el 13 de septiembre es una muestra de que “todas las instituciones de encierro reproducen violencia entre los propios jóvenes y hacia los adultos”. Y “si la estrategia que encuentran los adultos es poner más rígidas las medidas disciplinarias -reduciendo llamadas telefónicas, la salida al patio, o suspendiendo los deportes- entonces quedan en una situación de asfixia interna que genera una explosión”.

En esa línea, Naddeo manifestó su preocupación por la situación que atraviesan todos los institutos en CABA, a pesar que tienen buena infraestructura y recursos. En estas instituciones, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, “no hay hacinamiento”. “Podrían estar muy cómodos si hubiera una organización, y entendemos que hay cierta desorganización. Hubo varios cambios de autoridades en un breve período y eso es también lo que generó mensajes poco claros para los jóvenes”, apuntó.

Sobre la situación general de los dispositivos, recordó que tiempo atrás “ya hubo otras quejas”. “Por ejemplo, en el Instituto Agote, y también en el Manuel Belgrano tiempo atrás. O sea, situaciones que generan mucho malestar interno y que como no son resueltas por la conducción del organismo de Infancia, terminan complicándose y generando un estallido”, describió.

A la espera de que haya novedades en la investigación en sede judicial, desde los organismos y la Defensoría del Pueblo la pauta es “trabajar en los proyectos de vida de cada  chico internado”. También, continúan a la espera de poder reunirse con las autoridades de los organismos de infancia. Estos son Nicolás Echarri, director general de responsabilidad penal juvenil, y Germán Onco, a cargo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. “Y que nos permitan hablar con los pibes”, insistió Naddeo.