En ese sentido, Hernández argumentó que “según el RENABAP, en la provincia de Buenos Aires, el 74 por ciento de las personas responsables de casas en asentamientos y barrios populares son mujeres, mientras que el 90 por ciento son monomarentales, es decir mujeres solas con sus hijas”. “Las cifras hablan por sí solas. La situación en el Distrito es realmente grave en materia habitacional”, consideró.

Beneficiarias, requisitos y financiamiento

El documento enumera taxativamente a las beneficiarias. “Podrán acceder al programa las mujeres que tienen a cargo: hijos menores de edad (con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos), o hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada”.

Además, el texto establece dos requisitos. Por un lado, “tener residencia efectiva en el Distrito durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda”. Por otro lado, “tener ingresos que no superen los 4 salarios mínimos”. A su vez, dispone que “las mujeres víctimas de violencia de género serán considerados colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas o planes de viviendas a construir por parte del Municipio”.

En el artículo cuarto, la iniciativa plantea que “el Municipio, con alguna de sus propiedades, será el garante del contrato de alquiler que tenga como locataria a la mujer a cargo de una familia monomarental”. Respecto del financiamiento del programa, las cláusulas cinco y siete exigen, respectivamente, crear una tasa especial “a las viviendas y terrenos ociosos a fin de promover el alquiler de viviendas” y “a las grandes empresas ubicadas en La Matanza”.

Cobertura del alquiler

Asimismo, el proyecto dispone cubrir “el 60 por ciento del precio del alquiler” siempre y cuando se cumpla con la categoría de beneficiarias. En caso de que “la beneficiaria, o alguno de los familiares que convivan con ella, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico o del 65 por ciento de carácter físico”, la cobertura ascendería al 75 por ciento. En tanto, “cuando se trate de familia numerosa, o lo determine la Secretaría de Políticas de Género y Diversidades, ante una situación de violencia de género”, se deberá cubrir el 100 por ciento del valor del alquiler.

“El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y somos millones en el país que no podemos acceder”, manifestó Hernández. “A partir de la derogación de la ley 27.551, el mercado inmobiliario comenzó a poner el precio que quiere”, relató. “El DNU 70/2023, la Ley Bases y la derogación de la ley de Alquileres fueron el combo perfecto para perjudicar a millones”, lanzó.

Crisis habitacional

Cabe destacar que, entre los considerandos de la iniciativa, los concejales también resaltaron que “una encuesta realizada a inquilinos del AMBA menciona que más del 60 por ciento de las personas se endeudan para pagar el alquiler”. “La situación de precariedad se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres, siendo las más afectadas por la desigualdad económica y los ingresos salariales”, suscribe el texto.

“Este proyecto surge a partir de una gran problemática que afecta a millones en el país, que son los alquileres, pero en particular al colectivo de mujeres a cargo de familias monomarentales que sufren precarización laboral y que, incluso, muchas han sido víctimas de violencia de género y están solas con sus infancias”, añadió Hernández y sumó que la propuesta se trabajó con la agrupación Maternidades Feministas.