Hidroeléctricas: reconcesión en tensión con las provincias

Redacción Canal Abierto | A través del Decreto 718/2024 , publicado el lunes 12 de agosto en el Boletín Oficial, el gobierno nacional prorrogó por un año las concesiones de las hidroeléctricas patagónicas El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila.

Las empresas concesionarias AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila) continuarán operando los complejos hidroeléctricos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén y otorgados en concesión con vencimiento el 11 de agosto de 2023, plazo que tanto el gobierno de Fernández-Massa como el actual vienen extendiendo con sucesivas resoluciones.

La novedad, si es que la hubiera en cuanto a la política de despojo iniciada por Menem en los 90, es que el decreto establece que en un tiempo máximo de seis meses el gobierno convocará a una licitación internacional para readjudicar la titularidad de las represas.

El artículo 6 del decreto establece que dentro de los 180 días corridos la Secretaría de Energía “llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A..

Estas empresas estatales fueron curiosamente creadas por el gobierno libertariano por decreto en junio, como un primer paso hacia la futura privatización. Las accionistas de estas sociedades anónimas son Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

El decreto 718 establece que estas estatales, ENARSA y NASA, deben transferir las acciones que tengan en propiedad de cada una de las mencionadas sociedades a la Secretaría de Energía.

Hechas por el Estado, explotadas por privados

Estas centrales, construidas y gestionadas por el Estado nacional a partir de los años ‘60, fueron privatizadas por Carlos Menem a lo largo de la década del 90 con concesiones a 30 años –en la mayoría de los casos– que se vencieron mayoritariamente en agosto del 2023. Los emprendimientos fueron adjudicados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor S.A.). Otras 15 centrales de un total de 19, gestionadas por esta empresa o por Agua y Energía Eléctrica S.E. (AYEE S.E.), tuvieron el mismo destino y terminaron en manos de sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

Detrás de las siglas y nombres de fantasía de los actuales consignatarios están grandes grupos como ENEL –empresa privada controlada por el estado italiano que es su accionista mayoritario y que en nuestro país controla la distribuidora Edesur–, AES (Applied Energy Services) con sede en Virginia, Estados Unidos, y otros con base local como Pampa Energía, controlada por el grupo del empresario Marcelo Mindlin y Central Puerto, con accionistas como Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes), la familia Escasany (Banco de Galicia), Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts).

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Las provincias en conflicto

Las provincias de Neuquén y Río Negro, desde la reforma constitucional de 1994 son dueñas del recurso hídrico que alimenta a las represas. Las regalías hidroeléctricas están fijadas por ley en un 12% de la energía generada, pero ese monto se redujo significativamente por el avance de la intervención del Estado nacional sobre el Mercado Eléctrico Mayorista.

Los últimos años, frente al inminente escenario del fin de las concesiones hidroeléctricas y su posible estatización, a lo que el gobierno de Unión por la Patria -siguiendo su línea de conducta- no se atrevió, o reprivatización, en ambas provincias se impulsaron proyectos legislativos para establecer el cobro de un canon sobre el uso del agua para las represas y exigiendo participación local en la administración de las centrales.

Neuquén aprobó recientemente la Ley 3442 que habilita a la provincia a cobrar un canon por el uso del agua para la generación eléctrica, y su vecina aprobó una legislación similar.

Un día después de conocido el decreto 718, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck se reunieron con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Acordamos que Río Negro y Neuquén participarán activamente en el diseño del concurso nacional e internacional que definirá las condiciones del futuro de las represas en el río Limay”, escribió el gobernador rionegrino en su cuenta de X.

“Conformaremos un equipo técnico con representantes de las tres partes para iniciar los análisis y discusiones en los próximos 10 días”, amplió Weretilneck, quien sostuvo que “Río Negro no cederá ni un paso en la defensa de nuestros recursos y derechos”.

¿Y la soberanía energética?

“Nosotros veníamos planteándole al gobierno anterior que había condiciones óptimas para reestatizar las hidroeléctricas, por diversos factores, incluso por incumplimiento de contratos. Lo mismo decimos con Edenor y Edesur. También sostenemos que Alberto Fernández no tocó un ápice de ésto”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Guillermo Díaz, dirigente de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) y de la UOM Villa Constitución.

“La energía es un bien social y no una mercancía”, explica el gremialista, es un principio de esta federación que reúne gremios de Luz y Fuerza de todo el país. “El gobierno anterior le dejó la bandeja servida al gobierno de Milei para que haga lo que está haciendo. Después, lo podrán maquillar con discursos progresistas pero la matriz neoliberal no fue dejada de lado por el gobierno de Fernández”, afirma Díaz.