Hasta febrero, la importación de alimentos en Argentina era insignificante. En enero, representó apenas el 2,3 por ciento del total. Solo 110 millones de dólares se importaron, sumando los alimentos procesados y los no elaborados.

De modo que la apertura de importaciones que impulsa el Gobierno parece estar más enfocada en presionar a las industrias de consumo masivo, o bien a que estas colaboren con el proceso de desinflación. Así, el Gobierno autorizaría alrededor de 3.000 productos entre alimentos y artículos de higiene personal.

Esto se da en el contexto en que el industrial tiene que comprar insumos para la producción de alimentos o de otros bienes. Pero, hoy, tiene que esperar el pago de esas importaciones en 120 días y, además, se le cobra el Impuesto País, entre otros. Eso se libera para las empresas que vayan a importar, se les elimina el Impuesto País, se suspende la percepción del IVA adicional del Impuesto a las Ganancias y se liquidan las importaciones en 30 días. Por esto, va a haber una afectación a las divisas.

Por otra parte, esto favorece la acción que están planteando algunas empresas multinacionales y marcas argentinas con plantas en el exterior, que comenzaron a analizar la posibilidad de aprovechar las nuevas condiciones del comercio interior para traer mercadería terminada para comercializar en el país y poner en stand by más máquinas ante la pérdida de competitividad que generará el nuevo esquema.

Los empresarios dicen “En cualquier momento traemos todo envasado de afuera y listo, si total no va a pagar Impuesto PAÍS”. Mientras, los insumos están gravados con todos los impuestos y los dólares aparecen recién en 120 días. Esta es la opinión de un empresario que pertenece a la Unión Industrial Argentina (UIA).

Esto favorece a las grandes cadenas de supermercados, que vienen importando productos, que ponen con su nombre o con la marca con la que importan, y que inundan las góndolas de los supermercados.

Qué impacto puede tener esto en el resto de la comercialización, si el 65 por ciento de los productos que compramos los argentinos es a través de los comercios de proximidad, como supermercados barriales o almacenes. Estos productos importados, al comercio de barrio, no van a llegar nunca.

Esto, además, va a afectar a las PyMEs, porque muchos de esos casi 3.000 productos son producidos por PyMEs. Ya hay manifestaciones de grupos empresariales que representan a las PyMEs y que pusieron una alerta por la medida.

Caputo, contra las promociones

El Gobierno decía que el problema de la inflación era el déficit fiscal. Ahora, el ministro (de Economía) Luis Caputo hace lectura de las ofertas que publican las cadenas de supermercados y sugiere modificar eso por ofertas concretas. Pero esas promociones duran dos o tres días, una semana como mucho. Si son reemplazadas por ofertas, tendrán la misma duración.

Si el objetivo de Caputo es que eso se refleje en la inflación de un mes, resulta increíble que pueda sostenerse. Además, es irrelevante porque es solo una parte de lo que publican las grandes cadenas de supermercados, cuando el INDEC analiza 90.000 comercios por mes. Esto da muestra de que el Gobierno nacional no tiene respuesta para resolver los problemas que él mismo generó con la devaluación de 118 por ciento de enero y todas las medidas desregulatorias de la economía que implementó.

El Gobierno nacional les pide a los supermercados que bajen las promociones a precios reales. Hace esto después de que eliminó la Ley de Góndolas, el Observatorio de Precios y todas las regulaciones de precios. Y pretende hablar con un sector minoritario de la comercialización para que apliquen medidas que ni siquiera tienen intervención en la estructura de costos.

*Director de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (DEUCO).