Imputan a 7 empresas de medicina prepaga por presunta cartelización de las cuotas

La comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a siete empresas de medicina prepaga por presunta cartelización de las cuotas correspondientes a diciembre de 2023 y abril de 2024, cuando la administración nacional de Javier Milei desreguló al sector.

Es que, ni bien asumió la presidencia, el jefe de Estado libertario dispuso la liberación de los precios de los coseguros a prepagas y obras sociales, de manera que ya no lo hará la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

De esta manera, Milei dejó “sin efecto los aranceles vigentes, en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.

Vale recordar que, la resolución disponía que los precios de los coseguros debían ser “debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

Sin embargo, tras derogarla, el Presidente expresó que la definición tiene el “objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

En ese contexto,  la CNDC decidió imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga por presuntas conductas anticompetitivas. En efecto, las prestadoras de servicio son; Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS).

También, la comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó a Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical y por ese entonces presidente de la UAS.

Vale recordar que, en abril de año, la secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los precios de los planes a los vigentes en diciembre.

Además, la cartera de Comercio ordenó a las empresas de medicina prepaga que cesen con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

Cabe destacar que, de acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.

En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las prepagas imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

Aumentos desmedidos de las prepagas: todo lo que sucedió desde diciembre

Tras el DNU N°70/2023 del presidente de la Nación, Javier Milei, que desreguló los aumentos de las cuotas de las empresa de medicina prepaga, que alcanzaron subas de hasta un 76% entre enero y febrero, y tras ello se acumularon de manera compulsiva los fallos judiciales y las aprobaciones cautelares contra los sucesivos incrementos.

En este sentido, debido a la lluvia de presentaciones judiciales y ante el malestar de la clase media, en abril pasado, el Gobierno frenó la medida y aseguró que las empresas de medicina prepaga debían retrotraer los aumentos a diciembre de 2023 para actualizar los montos en base a la inflación.

En concreto, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, desde la administración libertaria argumentaron que la decisión fue tomada tras una “investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero”, encabezada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni señaló que “hay una presunción” de cartelización de las empresas de medicina prepagas, de manera que, al confirmarse que “puede tener algún impacto severo de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta una medida de tutela anticipada”.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió cómo debían actualizarse las cuotas en mayo, mientras que instó a las empresas de medicina prepaga, por medio de la Justicia, a presentar un plan de pago para devolver a los afiliados lo cobrado de más, por los aumentos desmedidos.

No obstante, en junio a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Milei, volvió a disponer la liberación de los precios de los coseguros a prepagas y obras sociales, de manera que ya no lo hará la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Así, la normativa dejó “sin efecto los aranceles vigentes, en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontrarán exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

A su vez, la resolución dispuso que los precios de los coseguros tendrán que informar “debida y fehacientemente a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

En ese sentido, el Ejecutivo nacional señaló que la definición tiene el “objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.