¿Inmunidad o ineficiencia? Reflexiones sobre la inseguridad y la falta de acción concreta

Por Juan Severo

En la última nota planté el interrogante: ¿Y ahora quién podrá defendernos? La inseguridad sigue siendo el tema central en la vida de los argentinos, y hoy quiero profundizar en la ineficiencia de quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos. Cada elección es un desfile de promesas. Los candidatos a presidentes, gobernadores e intendentes aseguran tener la solución mágica para combatir el delito, pero la realidad nos golpea una y otra vez.

Los medios de comunicación nos muestran todos los días imágenes impactantes de un sistema desbordado. Los delincuentes parecen actuar con una impunidad que deja al ciudadano común a la deriva. Mientras tanto, las dirigencias políticas, en lugar de coordinar soluciones, se enfrentan en peleas mediáticas que no resuelven nada. Un ejemplo reciente es el cruce entre los ministros de seguridad de Jorge Macri y Axel Kicillof, que tras una reunión terminaron con chicanas y acusaciones mutuas.

El problema está claro: no se trata de ideologías, se trata de proteger a la gente. La ministra de Seguridad de la Nación debería estar trabajando en conjunto con los ministros provinciales, y estos, a su vez, con los secretarios municipales. Es absurdo que la seguridad pública, que debería ser un tema prioritario y transversal, se transforme en un campo de batalla política.

¿Qué pasó con las reformas de fondo?

Esto me lleva a recordar la reforma policial impulsada por Carlos Arslanián en los años 90. Durante la gobernación de Eduardo Duhalde, Arslanián implementó un ambicioso plan para descentralizar la Policía Bonaerense y combatir la corrupción interna. Fue una reforma innovadora que buscaba desamar las redes de corrupción y hacer que la fuerza policial tuviera una estructura más transparente y funcional.

Entre las medidas más importantes estuvieron:

• La creación de 18 Jefaturas Departamentales para descentralizar el mando.
• La eliminación de las jerarquías de jefe y subjefe policial, reemplazándolas por una dirección civil.
• La implementación de foros vecinales de seguridad para promover la participación comunitaria en las políticas de seguridad pública.
• La creación de la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional, destinada a investigar y sancionar las conductas indebidas dentro de la fuerza.

Lamentablemente, estas reformas no prosperaron debido a enfrentamientos políticos e ideológicos, particularmente con sectores que impulsaban la “mano dura”. La salida de Arslanián marcó el fin de un proyecto que, aunque imperfecto, tenía el potencial de transformar la seguridad en la provincia.

La bronca de los ciudadanos no es gratuita. Se sienten desamparados porque no hay patrulleros suficientes, no hay efectivos policiales en las calles y no hay un sistema que funcione de manera coordinada. Los intendentes, en muchos casos, parecen más preocupados por instalar cámaras de fotos multas para recaudar que por colocar cámaras para prevenir delitos.

Entonces, ¿Qué hacer? Quizás una idea sea replantear el uso de las motos policiales, un recurso rápido y eficaz para llegar al lugar de un hecho en segundos. Las cámaras deben usarse en un esquema de cuadrículas de vigilancia que permita identificar movimientos sospechosos y coordinar la intervención inmediata. Este tipo de medidas no resuelve todos los problemas, pero podrían mejorar la percepción de seguridad y brindar una respuesta más efectiva en los barrios.

Lo que queda claro es que la seguridad no puede seguir siendo un bastión político. Necesitamos una política de Estado que trascienda Gobiernos y Partidos, con objetivos claros y medidas concretas.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Y ahora quién podrá defendernos? La respuesta no está en las promesas de campaña ni en las peleas mediáticas, sino en un cambio profundo y real.

Desde este lugar, seguiremos intentando encontrar el agujero al mate, hasta la próxima