El escenario en torno a las becas es, para la comunidad científica, especialmente preocupante. Tal como lo detalló en un comunicado días atrás la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), las becas otorgadas por el CONICET “sirven de remuneración por el trabajo que realizan los profesionales en el marco de un proyecto científico al cual se dedican de forma exclusiva”.

El 17 de julio de 2023 se había abierto la postulación a estas 1600 becas, pero los graduados que se presentaron, apunta el comunicado, “aún no conocen el resultado, desconociendo su futuro laboral. Sus proyectos de investigación deberían comenzar en abril de este año”.

Luego de ser recibidos este miércoles por el presidente del CONICET, Daniel Salamone, y por el directorio del organismo, este último anunció, este jueves, que antes del 28 de febrero se publicarán los resultados de las convocatorias de becas doctorales, aunque, «en primera instancia están garantizadas 600 becas», en lugar de las 1.300 anunciadas el año pasado, “y 300 becas de finalización de doctorado”. Las becas tendrán fecha de inicio, según se comunicó, el 1 de agosto de 2024.

Además, expresa el comunicado, “se asignan 85 becas adicionales para atender ingresantes a la Carrera del Investigador, que actualmente no pueden materializarse por las restricciones presupuestarias vigentes”. Para ambos casos, “el Directorio del CONICET decide pasar a cuarto intermedio, mientras el Sr. Presidente continúa las tratativas tanto para ampliar el cupo de becas, como para obtener el presupuesto para atender las promociones”.

Un panorama crítico, a corto y largo plazo

Las perspectivas negativas van mucho más allá de las becas. Una de las claves en torno a este escenario, afirman los investigadores, tiene que ver con el aspecto del presupuesto.

“Lo que está ocurriendo es que la maquinaria del CONICET, tan elogiada en el exterior, con mecanismos de evaluación garantistas, transparentes y auditables, sigue funcionando. Pero el problema es que ese sistema, que ordena a los candidatos por orden de mérito y pertinencia, no cuenta con el financiamiento correspondiente. De esta forma, no se cumplen los ingresos efectivos, las becas o las altas en el personal de apoyo”, subraya Rolando Gonzalez-José, investigador del CONICET, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Gonzalez-José señala, además, que se vuelve también crítico el retroceso del poder adquisitivo de los investigadores, que se habían recuperado parcialmente con cuatro jerarquizaciones en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.

“En los últimos dos meses, los salarios retrocedieron enormemente, lo que involucra a los investigadores, al personal de apoyo, a los administrativos y becarios”, remarca el investigador, quien es, además, coordinador del Programa de Referencia y Biobanco Genómica de la Población Argentina.

El investigador también puso un signo de atención en la cuestión de los despidos en el personal administrativo. “Para quienes hemos estado a cargo de instituciones complejas, como fue mi caso en el CENPAT-CONICET, sabemos que es imposible garantizar las condiciones para hacer ciencia de calidad si no hay en torno a los laboratorios un aparato administrativo contable, con experiencia en vinculación tecnológica, de patentes, en Derecho. Es personal es altamente calificado, que ingresa a través de mecanismos transparentes”, pondera.

Por su parte, Santiago Liaudat, investigador del de la UNLP y UTN e integrante de la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, alertó, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM sobre el hecho de que, por primera vez desde la vuelta de la democracia, “el área de Ciencia y Tecnología no tiene jerarquía de secretaría, sino de subsecretaría”.

“Para un sector que es altamente dependiente del erario público, con el Estado que apuntala, con sus inversiones y esfuerzos, los procesos de innovación productiva, esta decisión es crítica. El congelamiento de presupuestos a valores de 2023 es una invitación a que el personal altamente calificado de Argentina emigre, si se tiene en cuenta que hay una enorme demanda de estos recursos en países de Europa, o como Estados Unidos, Japón y China, entre muchos otros”, denuncia el investigador.

Liaudat explica también que la formación de estos recursos “ha costado millones al país, en términos de formación. Y, además, se pierden o desarticulan áreas del conocimiento que costaría muchísimo volver a desarrollar, porque se pierde el timing o la capacidad de desarrollar determinado conocimiento en distintas áreas”:

Una ley que está, pero que no se cumple

Ambos investigadores señalan, a su vez, que Argentina ya cuenta con la Ley 27614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada y promulgada en 2021. La misma establece que “el incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, al momento de elaborar el presupuesto nacional, la inversión en la función ciencia y técnica crecerá anualmente” hasta llegar al 1 por ciento del PBI en 2032.

“Esta ley fue aprobada de forma unánime. De hecho, todas las leyes impulsadas desde el área de la ciencia y la tecnología han tenido un alto grado de aprobación, con el apoyo prácticamente de todos los sectores y colores políticos”, repasa Liaudat.

“En relación a la ley, un órgano clave para la ejecución de la misma es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), una mesa donde se reúnen las secretarias y organismos de ciencia de las 23 provincias del país más CABA, es decir, una entidad con fuerte sello federal. Pero, al no funcionar el COFECYT, no ha habido asamblea y, por lo tanto, no hemos tenido novedades de esta ley. Y es un panorama grave, si se tiene en cuenta que el presupuesto para el área es el mismo de 2023, con un escenario altamente inflacionario”, sintetiza Gonzalez-José.

La cuestión de la inversión, a los ojos de los investigadores, se vuelve esencial. “Sin ciencia y tecnología no hay futuro para Argentina. Cuando uno ve las principales políticas económicas en todo el mundo, ve que Estados Unidos, China, Europa, India, Rusia, Japón o Israel, por nombrar algunos ejemplos, tienen una gran inversión en ciencia y técnica del porcentaje de su PBI. Y lo hacen ya sea para estimular la competitividad económica de sus empresas y de sus economías, para mantener o acrecentar la posición geopolítica y para fortalecer su soberanía”, concluye Liaudat.