Juicio en ausencia: “Una ley para seguir encubriendo el ataque a la AMIA”

Redacción Canal Abierto | Este mediodía fracasó la sesión especial en la que Diputados se disponía a votar el controvertido proyecto de Ficha Limpia y el Juicio en Ausencia, además de una reforma para restablecer el voto por correo para residentes en el extranjero. El PRO no logró el quórum porque sólo había 116 diputados, con ausentes de casi todos los bloques, incluyendo algunos del oficialismo.

Las negociaciones por la norma que podría impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner arrastraron al naufragio a la sesión en la que se iban a discutir otras leyes, que ahora deberán esperar un nuevo llamado pero que de ninguna forma perdieron su oportunidad.

Juicio en Ausencia busca habilitar procesos para casos en los que los imputados no puedan ser extraditados. La medida está directamente vinculada con el esclarecimiento del atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 víctimas fatales ya que, de aprobarse, podrían ser juzgados funcionarios de otros países y miembros de organizaciones extranjeras.

Sin embargo, se trata de un proyecto rechazado por sobrevivientes y familiares. La Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) cargó contra “el gobierno nacional y sus aliados” por recuperar “una vieja iniciativa promovida por la DAIA y la AMIA, presentada hace 10 años contra nuestra propuesta de constituir una Comisión Investigadora del crimen”.

“Ya entonces denunciamos el proyecto como una simulación que no se proponía esclarecer el atentado a la AMIA”, dicen, y aseguran: “Hoy en día, la situación es aún peor. La ley está fuera de tiempo y lugar”.

Además, el comunicado de la organización recordó que hace seis meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en el encubrimiento del ataque durante 30 años. “La responsabilidad de los tres poderes quedó acreditada y está fuera de discusión”, señalan.

“Dijo la CIDH que el Estado argentino puso todo su ordenamiento legal y a sus funcionarios para impedir el conocimiento de la verdad. No hay más lugar para pensar que es necesario  modificar algún artículo del Código Penal para esclarecer el atentado”, agrega el texto.

En julio el Gobierno envió al Congreso el texto de ley que busca implementar el Juicio en Ausencia para graves delitos. Durante la presentación en Casa Rosada estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

La normativa modificará el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal. En la actualidad, la regulación no permite tomar una decisión definitiva si el imputado no se encuentra presente en el proceso.

“La intención de encontrar un atajo jurídico para superar la condena internacional y atribuir este crimen de lesa humanidad a la sospecha de una responsabilidad extranjera, es vulgar”, denunció en las últimas horas APEMIA.

“El Poder Judicial y los fiscales –agregaron- hacen como si investigaran el caso, pero la realidad es que lo tienen paralizado. No es porque les falte un artículo del Código o por alguna interpretación constitucional. Desde el principio, su objeto fue acusar y condenar a Irán, a Líbano, a Siria o a Hezbollah aún sin pruebas. Necesitan el respaldo de esta Ley para consumar la canallada y poder presentarla como un avance al servicio de la guerra, no de esclarecer el atentado. Si se plantearan la hipótesis de la responsabilidad del Estado nacional, que es a quien condena la Corte Interamericana, la prueba acumulada los llevaría de cabeza a investigar las responsabilidades de las agencias de Inteligencia nacionales y la complicidad de sus socias internacionales”. 

“El Congreso y el Poder Ejecutivo disimulan su propio fracaso haciendo responsable al Poder Judicial, pero se niegan a promover una investigación de la participación nacional en el ataque a través de una Comisión Investigadora”, denuncian, y advierten que “el proyecto de Milei y los diputados oculta esta realidad y refuerza el encubrimiento criminal por el que Argentina ya fue condenada”.

“El propio Gobierno lo presenta como parte de su alineamiento internacional. Su destino es opuesto al conocimiento de la verdad y al juicio y castigo a los responsables. Conocer la verdad exige formar una comisión investigadora independiente y poner a su disposición los archivos aún secretos del Estado”, sintetizan.

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