Juicio político, otro de los riesgos que acechan a Milei
El candidato a diputado de Unidad Popular Claudio Lozano reunió a firmantes de los 8 pedidos contra el Presidente. Un abanico de cargos que se expande desde casos de corrupción hasta traición a la patria.
Redacción Canal Abierto | En abril de 2024, un grupo de personalidades presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el primer pedido de Juico Político contra el Presidente de la Nación, Javier Milei. COn el transcurrir del tiempo y la sucesión de motivos que lo ameritaban, se le fueron sumando otros pedidos en el mismo sentido y ampliaciones de los mismos.
La primer presentación tuvo como motivo una campaña instrumentada por Milei para destruir el Estado. En ella se solicitaba al Congreso la investigación no sólo del Primer Mandatario, sino también de otros funcionarios por los posibles delitos de instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.
En las ampliaciones y sumatorias se le sumaron otros cargos como abandonar la postura de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, de discriminar a los movimientos por la libertad de la identidad sexual, y de amenazar contra la vida, libertad e integridad física y psíquica de toda persona que se pueda entender incluida en el ámbito personal de la expresión “zurdos hijo de puta” y por su participación en la criptoestafa $LIBRA.
En este contexto, el cancidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unidad Popular Claudio Lozano, convocó a algunos de los firmantes de estas presentaciones para debatir los argumentos y las posibilidades de prosperar que estos pedidos tienen. Del convite participaron Alicia Castro, María Eva Koustovitis, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Hugo «Cachorro» Godoy, Jonatan Baldivieso, Jorge Elbaum y Sebastián Premici.
El juicio político es el mecanismo constitucional para la destitución de las autoridades de los poderes del Estado, así como de integrantes de los poderes legislativo y judicial. La dinámica se desarrolla a partir de la acusación por parte de la Cámara de Diputados -ante la que se hizo la presentación- quien aprueba el inicio del proceso con el voto de dos tercios de sus integrantes.
La Constitución explicita que deberá ser lleva adelante por la Cámara de Senadores, quien llega al veredicto con la misma mayoría. Los efectos del mismo se limitan a la destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos. A partir de allí, en caso de quedar establecida la comisión de delitos, es la justicia la que aborda el proceso penal.
