La medida se oficializó en la resolución 216/2024 donde la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Javier Rodriguez Chirillo planteó la necesidad de “dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafa”. Según suscribe el texto, el objetivo es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales”.

Para Kicillof, «no es ajuste, es crueldad»

Al respecto, el máximo representante del Ejecutivo provincial señaló que se está en presencia de la “definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente”. Asimismo, esclareció que “no es ‘libertad’ (como sostiene el Gobierno), sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más”, en referencia a la delicada situación que atraviesan los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Recién hablamos con una familia que paga 400.000 pesos de alquiler y desregularon el precio de las garrafas… Es poner un poco de cordura y solidaridad donde solo hay beneficios y lucro”, resaltó Kicillof. “No es ajuste, es crueldad”, lanzó. “Ni siquiera es gasto público, es no gobernar para las mayorías, algo que probadamente no les importa”, cerró.

Eliminación de precios máximos

Lo cierto es que en el artículo dos, Chirillo dispuso modificar lo establecido en la resolución 49/2015 que redactó la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Allí, solicitó reemplazar las leyendas “precio máximo de referencia” o “precios máximos de referencia” por “precio de referencia” o “precios de referencia”.

Entre los considerandos, el titular del área alegó que la desregulación de los precios “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”. Ahora, se espera el impacto en la vida cotidiana de más del 40 por ciento de la población argentina que usa garrafa.