La Coalición Cívica busca replicar la ley de extinción de dominio en la provincia

Los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, Romina Braga y Luciano Bugallo, presentaron un proyecto de ley para crear un Régimen de Extinción de Dominio en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que el Estado provincial pueda recuperar bienes obtenidos a través de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, incluso antes de que exista una condena penal.

La propuesta establece que los bienes muebles, inmuebles y derechos adquiridos por funcionarios públicos, cuyo origen no pueda justificarse de forma lícita, deberán incorporarse al patrimonio estatal. En esa línea, el régimen también alcanzará aquellos elementos utilizados como instrumentos para cometer delitos, así como los registrados a nombre de testaferros, terceros interpuestos o sociedades ficticias.

De acuerdo con el texto legislativo, la extinción de dominio se tramitará mediante un proceso civil, independiente del fuero penal, con garantías de debido proceso, derecho a la defensa y control judicial. Además, la carga de la prueba recaerá sobre los demandados, quienes deberán demostrar que los bienes en cuestión no fueron obtenidos de forma ilícita.

En este sentido, los legisladores “lilitos” advirtieron que las demoras en los procesos judiciales facilitaron que los bienes obtenidos de manera ilícita desaparezcan o sean transferidos a testaferros, por lo que consideraron que la sanción de esta norma busca cerrar esa vía de escape y garantizar la recuperación de lo robado.

En forma complementaria, el texto habilita a la Fiscalía de Estado y al Ministerio Público Fiscal a iniciar el proceso de extinción de dominio, y asigna la competencia a los juzgados contencioso-administrativos o civiles, según lo establezca la reglamentación. En esa sintonía, la iniciativa opositora también prevé la creación de un Fondo Provincial de Bienes Recuperados, bajo la administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sobre este punto, el legislador Bugallo sostuvo que la extinción de dominio no representa una “revancha”, sino una herramienta concreta para combatir la impunidad. En ese sentido, detalló que los recursos decomisados se destinarán exclusivamente a equipamiento hospitalario, infraestructura educativa, seguridad pública y asistencia a víctimas.

“Lo que nos falta es lo que nos robaron. Y lo que nos robaron debemos recuperarlo. Porque la corrupción mata, porque sin justicia no hay República y porque llegó el momento de que los corruptos devuelvan hasta el último peso”, subrayó el diputado.

Por último, el proyecto estipula que, una vez sancionada la ley, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días para su reglamentación y contempla la posibilidad de que la Provincia suscriba convenios con el Estado nacional para coordinar acciones conjuntas, aunque conservará plena autonomía para aplicar la norma en el ámbito de su competencia.

Extinción de dominio con foco en el enriquecimiento ilícito

En paralelo, la propuesta legislativa de la Coalición Cívica bonaerense también pone el foco en el enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos y en el uso de bienes para delinquir en territorio bonaerense. En ese sentido, el proyecto establece que la extinción de dominio podrá aplicarse a cualquier funcionario o empleado público procesado por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, los autores del proyecto esperan que esta herramienta sirva para marcar un límite claro y advertir a quienes delinquen desde el Estado. “Esta ley es una advertencia a quienes hoy creen que pueden seguir robando sin consecuencias. Una parte de la clase política resiste la posibilidad de perder sus privilegios. Por eso decidimos avanzar desde la Provincia, como ya lo hicieron Salta y Jujuy, con una ley propia”, sentenciaron.

Además, los diputados provinciales recordaron el antecedente del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2019, dictado por el expresidente Mauricio Macri durante su gestión, que si bien representó un avance importante en la materia, no tiene jerarquía de ley ni contó con una voluntad política sostenida para recuperar lo robado.

Cabe destacar que esta disposición nacional habilita la posibilidad de iniciar acciones en el fuero civil para acelerar la recuperación de bienes provenientes de delitos federales. En ese marco, el decreto ordenó la creación de la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), con el fin de administrar los bienes de origen ilícito decomisados por el Estado en casos de criminalidad organizada.

El proyecto completo de la Coalición Cívica