La Doctrina Bullrich: ¿Vemos el futuro repetir el pasado?
El Gobierno busca erosionar el derecho constitucional a la protesta con mensajes en pantallas y altoparlantes de estaciones de trenes, requisas a colectivos, uso del reconocimiento facial y la amenaza de represalias contra manifestantes. “El que corta no cobra”, ¿patoterismo, humo o estado de sitio de facto?
Redacción Canal Abierto | Argentina cumple 40 años desde la recuperación de su democracia y, quizás como en ningún otro momento de esta historia, este presente pone en evidencia sus imperfecciones y debilidades.
En estas cuatro décadas logramos sostener una serie de consensos y derechos elementales, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, la facultad y prerrogativa para protestar y expresarnos libremente. De hecho, cuando se intentó limitarla o cercenarla, como fue aquella declaración del estado de sitio durante el gobierno de De la Rúa, cientos de miles salieron a las calles para recuperarla.
Hoy asoma el peligro de perder hasta ese derecho a manos de un Gobierno cuyo único programa económico es el ajuste desproporcionado sobre trabajadores y sectores más humildes, acompañado de una campaña extorsiva para desactivar cualquier tipo de oposición al mismo.
De eso se trata la consigna “el que corta no cobra” que desde hace días repite el Presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que hoy resuena por los altoparlantes de las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires. El mismo mensaje que lanzan pantallas en espacios públicos o en la aplicación Mi Argentina, donde millones de compatriotas gestionan trámites y turnos vinculados a su salud o seguridad social.
Y si las estrategias de amedrentamiento mencionadas no fueran suficientes, amanecimos con testimonios de requisas a colectivos por parte de efectivos de las fuerzas federales. Una imágen que recuerda los años más tristes y ocuros de nuestra historia reciente.
Aún resta confirmar si esta tarde se concreta la amenaza de utilizar el reconocimiento facial para identificar a los marchantes, lo que según varios especialistas supondría la violación de varias leyes.
Hasta aquí, sólo algunos de los tantos signos y mensajes autoritarios del Gobierno de cara a la primera jornada de lucha de los movimientos sociales en rechazo al ajuste. A estos habría que sumar las amenazas explícitas, como el tuit en el que el diputado libertario José Luis Espert pedía “cárcel y bala” para la también diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda).
Ahora bien, ¿cómo interpretar este intento oficialista por “ganar la calle”? Sin lugar a dudas, hay un sector de la población agotado por la alta conflictividad social que lo acepta o incluso celebra. En la vereda de frente, no son pocos los que le bajan el precio al apriete gubernamental y recuerdan los vagos resultados del protocolo también lanzado por Bullrich en 2016. Otros, en cambio, recuerdan la implicancia de la funcionaria con los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y alertan que esta nueva avanzada como el primer paso para un estado de sitio y pérdida de derechos elementales.
