La economía política del impuesto PAIS

La semana próxima continuará el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, ahora con una novedad que le agregará tensión a la puja de intereses.

Sucede que, en medio de la discusión parlamentaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado datos que le sumarán una enorme presión a la disputa política desatada en torno al Impuesto PAIS.

Un informe oficial del organismo recaudador, informa que ese tributo recaudó 469.199 millones de pesos durante enero de este año.

Eso significa que ya recauda más que, por ejemplo, el mismísimo Impuesto al Cheque (463.278 millones de pesos).

Pero además, y aquí el dato de estratégica relevancia política, el PAIS aumentó su recaudación interanual en 1252,6% (comparación entre enero de 2024 y el mismo mes de 2023).

No hay tributo que haya elevado más su recaudación interanual que el Impuesto PAIS. La recaudación del IVA aumentó 291%, la de Ganancias 117%, la del Impuesto al Cheque 197%.

De hecho, el crecimiento de lo producido por el Impuesto PAIS significa un salto que está más de cinco veces por encima de la evolución promedio de la recaudación general (de todos los impuestos), que aumentó 239,8%.

Tamaña subida se explica por el aumento de alícuotas aplicado por Javier Milei y Toto Caputo en diciembre pasado, llevándolas de 7,5% a 17,5%; junto con el salto significativo del factor multiplicador de ese impuesto, que es el valor del dólar oficial, cuya devaluación lo llevó de menos de 400 a más de 800 pesos.

En este contexto, cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que hoy se reparte así:

– El 42% se destina a la ANSeS y 28% al PAMI (total 70%).

– El 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

– El 19,5% se destina a Obras de Infraestructura Económica, mientras que el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.

Esa es la nueva distribución que impuso el Decreto 184/2020, dos meses después de aprobada la Ley 27.541 que originó el Impuesto PAIS.

Así, en la distribución de enero de 2024 ($469.199 millones) de acuerdo a la norma vigente, los destinos y montos son los siguientes:

– La ANSeS más el PAMI reciben 328.439 millones de pesos.

– Para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinan 42.228 millones de pesos.

– Van 91.494 millones de pesos a Obras de Infraestructura Económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.

Sin embargo, la propuesta que Milei y Caputo pretenden incorporar mediante el artículo 179 del proyecto de Ley Ómnibus, establece que el 100% de lo recaudado por PAIS se destine a la ANSeS y al PAMI, que antes sólo recibían el 70%.

De aprobarse la iniciativa oficial, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU, con fondos del Impuesto PAIS, caería a “cero pesos”, al igual que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.

En este contexto, la discusión que se avecina por el destino de la recaudación del Impuesto PAIS, tendrá a estos actores con sus correspondientes objetivos:

– El Gobierno Nacional: pretende conservar el manejo del 100% de los recursos para el gobierno central, concentrados ahora sólo en ANSeS y PAMI. Cuenta con el impulso del FMI para hacerlo. Tiene una discreta fuerza legislativa propia, pero suma aliados en la votación.

– Gobernadores de distintos signos políticos: pretenden que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS. Cuentan con una base de diputados y senadores nacionales con importante incidencia, que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.

– Movimientos Sociales: se plantarán frente a la amenaza real de que Milei y eventuales aliados desfinancien los programas de vivienda social en todo el país. Cuentan con algunos legisladores propios y una cantidad importante de aliados, además de su clásica capacidad de movilización popular.

El funcionamiento de las instituciones democráticas tiene siempre un sentido social y las decisiones públicas generan consecuencias que afectan intereses en disputa. Por eso, lo que se viene no es una simple discusión parlamentaria.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director Instituto Consenso Federal