La Justicia Federal ordenó la detención de dos mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu

Redacción Canal Abierto | En el marco de una causa contra integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el juez federal de Bariloche, Hugo Greca, ordenó las detenciones de dos mujeres mapuche. Se trata de Luciana Jaramillo, que fue detenida ayer en su casa en Cushamen, Chubut, y de Romina Rosas, embarazada de siete meses, quien ayer se presentó de forma espontánea en sede de Gendarmería, pero que hasta el cierre de esta nota aún no había sido apresada.

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas, asociación que representa a la comunidad, informaron que la medida se dio de forma imprevista, tres días después de una audiencia que reunió a las partes -Cristian Larsen de Parque Nacionales como parte denunciante, al juez, al fiscal Rafael Luis Vehil y a la defensa- para tratar la homologación de un acuerdo, que de convalidarse debería anular el inicio del juicio previsto para el 26 de septiembre.

El único argumento para la detención es “garantizar que estén presentes en el juicio”, cuando “todas ellas estaban a disposición del tribunal y a derecho”, agregaron desde la Gremial. En diálogo con Canal Abierto uno de los letrados, Eduardo Soares agregó que “desde el día de la audiencia no pasó nada, salvo la actitud artera y cobarde tanto del fiscal como del juez. El juez no tuvo mala actitud en la audiencia, sin embargo, el fiscal, no sabemos por qué, por arte de magia, pidió la detención y el juez se la dio”.

Cabe recordar que las mujeres ya habían sido detenidas el 4 de octubre de 2022 junto a la machi (líder espiritual) Betiana Colhuan Nahuel y otras cuatro comuneras tras un violento desalojo en Villa Mascardi, territorio donde está la rawe, el sitio sagrado de la comunidad.

Ese hecho, sumado al traslado de cuatro de ellas al penal de máxima seguridad de Ezeiza provocó la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y la elección de Río Negro como sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en 2023. En ese momento, Romina Rosas también había sido detenida embarazada y tuvo que dar a luz presa.

En el comunicado difundido ayer, la Gremial se refirió al fondo de la cuestión: la persecución al pueblo mapuche. “El Tribunal ya tiene la sentencia firmada. Pero no les alcanza, deben mostrar más crueldad, más ensañamiento y sobre todo darles una señal a las comunidades, a quienes los apoyan y a la Gremial, de que ellos tienen todo el poder y lo ejercerán”.

Y añadieron: “Recordemos que estamos hablando del delito de usurpación, delito excarcelable aún para personas con antecedentes penales y que no hace presumir condenas de cumplimiento efectivo”.

En el marco de la misma causa, semanas atrás quedó detenido Gonzalo Coña. El hombre se había presentado por sus propios medios como señal de buena voluntad. Sin embargo, fiel a su estilo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que había sido apresado a partir de un gran operativo.

“Este peligroso pseudomapuche terrorista, mano derecha de Jones Huala, tenía un pedido de captura activa por usurpación de tierras en Villa Mascardi. Hace instantes, en un gran operativo, fue detenido por Gendarmería”, mintió. Soares recordó que Coña, que estuvo con Rafael Nahuel al momento de su asesinato, es un peón rural que ni siquiera pertenece a una comunidad mapuche o a alguna organización.

La “causa madre” y la “causa trucha”

Eduardo Soares explicó que los pedidos de detención a las mujeres y a Coña se dan en el marco de lo que ellos llaman “Causa Madre”, iniciada hace seis años, durante el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad. El hecho más grave de este proceso fue el desalojo que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel por parte de Prefectura Naval.

Las mujeres mapuche también tienen pendiente un juicio en el marco de lo que la Gremial denomina “la causa trucha”, impulsada por Aníbal Fernández en connivencia con Patricia Bullrich durante el Gobierno de Alberto Fernández. La quema de un contáiner de Gendarmería se usó como excusa para nuevamente arremeter contra la comunidad Winkul Mapu y avanzar con las detenciones de las mujeres, en 2022.