La Justicia le dio la razón al pueblo kolla y el Gobierno de Jujuy deberá reconstruir la cancha de fútbol de Caspalá

Redacción Canal Abierto | La Unidad Fiscal Jujuy llegó a un acuerdo con el fiscal de Estado provincial para que el Gobierno jujeño repare los daños causados en una cancha de fútbol y en un predio privado, donde hay estructuras arqueológicas que datan del imperio Inca. De esa manera concluyeron los dos años de conflictos originados por la irrupción estatal en espacios de actividades culturales y ancestrales.

Tras la exposición sobre el derecho de una comunidad a preservar sus costumbres ancestrales realizada por la fiscal federal integrante de la Unidad Fiscal de Jujuy, Lucia Romina Orsetti, la jueza federal de Garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, homologó un acuerdo de reparación integral al que había arribado el Ministerio Público Fiscal con el fiscal de Estado provincial Miguel Ángel Rivas. De esa forma, puso fin a la disputa que existía entre los pobladores del pueblo de Caspalá y el Gobierno de la provincia por la irrupción estatal en noviembre de 2022 en un predio donde se asienta una cancha de fútbol, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a unos 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, y en una finca privada donde se rinde culto a los ancestros de pueblos originarios.

El conflicto se originó cuando el Estado provincial, en cabeza del entonces gobernador Gerardo Morales, ocupó sin previo aviso la cancha de fútbol para construir una escuela y, tras las protestas, que fueron reprimidas, irrumpió días después con maquinaria en un predio privado, que es un sitio de valor arqueológico, para trasladar allí el campo de juego.

Antes de homologar el acuerdo, que prevé volver a la situación preexistente al conflicto, la jueza cedió la palabra a vecinos y vecinas de la comunidad -presentados como querellantes en el proceso-, quienes expresaron su agradecimiento y marcaron la importancia de recuperar los espacios.

El acuerdo arribado es considerado inédito por las características del objeto del proceso, que implicó un conflicto social de gran magnitud y que obtuvo solución mediante el acuerdo de reparación integral previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.

En la audiencia participó la abogada querellante, Silvana Llañes, quien estuvo acompañada de un grupo de pobladores del pueblo de Caspalá. Esa localidad, ubicada en el departamento de Valle Grande, fue seleccionada entre los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo.

Pobladores de Calcalá junto a su abogada, durante la audiencia. Foto: gentileza de Mariana Mamani

La representante del MPF explicó el origen del conflicto, que data del 2 de noviembre de 2022, cuando el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y la Dirección de Vialidad, irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo de Caspalá, asentada en la finca “Los Pozuelos”.

Señaló que el Estado provincial había justificado su intervención en la construcción de la Escuela Secundaria N°57, pero no respondió por qué no optó por hacerlo en un terreno que la comunidad ya había designado y apartado para tal fin.

La fiscal Orsetti añadió que, lejos de ello, la administración eligió el predio deportivo, que data de la década del 90 y fue construido por los pobladores, quienes, a pico y pala, se unieron para acondicionar el único terreno plano del pueblo, que les permite participar del torneo de fútbol que reúne a más de diez pueblos del Valle Grande.

Explicó que, con el tiempo, la cancha le permitió a los caspaleños ser anfitriones en la agenda del torneo y que además se convirtió en el centro de las actividades culturales y ancestrales, entre ellas, las fiestas patronales y, en enero, la yerra de animales.

La fiscal citó a los pobladores para relatar que la cancha se transformó en el centro de refugio ante los movimientos sísmicos. “Cuando había sismos, todo el pueblo iba a la cancha y pasábamos toda la noche juntos”, sostuvieron al explicar lo que significaba el predio.

Precisó que la “canchita ancestral”, como se la denominó, quedó inutilizada por el movimiento de suelo realizado por las máquinas de la empresa adjudicataria de la obra, la instalación de vigas y el despliegue de ladrillos y demás materiales de construcción en todo el terreno.

En abril de 2023, las comunidades realizaron una gran marcha a la capital San Salvador, para reclamarle al gobernador Morales por el fin del hostigamiento.

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Represión

La fiscal recordó que, ante aquella situación, las y los caspaleños reaccionaron y organizaron diversas manifestaciones de reclamo contra el accionar del gobierno, tildado por los vecinos como “caprichoso” y que, en respuesta, hubo represión y detenciones.

Indicó que la protesta y mediatización del conflicto derivó en la suspensión de la obra pocos días después, el 14 de noviembre de 2022. “Desde ese día, y por las condiciones propiciadas por el Estado, la cancha permanece inutilizada e impiden a sus pobladores usarla no solo para las actividades deportivas, sino como centro de vida, en los términos de mayor cotidianeidad y habitualidad posible de una comunidad con su plaza cultural”, explicó la fiscal al referirse al daño causado.

Añadió que el 30 de noviembre de ese año el mismo Estado recrudeció el conflicto con una segunda irrupción, pero esa vez en la finca Santa Rosa, propiedad de Pablo Cruz, quien estaba internado en un hospital de la capital jujeña, mientras su pareja e hijos no pudieron evitar el avance de la retroexcavadora y máquinas orugas que llegaron por la mañana a su terreno, pues el gobierno había planeado trasladar allí la cancha de fútbol que había ocupado para la construcción de la escuela.

“Yo estaba internado por una pancreatitis y no podía salir, mientras el gobierno hacía lo que quería. Tenía todos los papeles de la propiedad que ellos mismo exigen, pero no les importó y fue mi pareja y mis hijos menores los que sufrieron el atropello caprichoso del gobierno”, recordó Cruz, el dueño de la finca, durante la audiencia con la jueza.

La intromisión –agregó la fiscalía- fue un calco de lo sucedido en la cancha, pues se actuó sin consulta ni aviso previo, y “mucho menos un estudio de impacto ambiental”, como lo exigen las propias normas administrativas y legales vigentes en la provincia.

En este caso, explicó la fiscal, el agravante no fue la destrucción de un mero paisaje, sino un daño irreparable sobre estructuras de lajas subterráneas prehispánicas, que fueron asociadas por expertos peritos a la expansión territorial del impero Inca, entre los años 1000 a 1400.

Recordó que la obra quedó suspendida por los nuevos reclamos de los pobladores, que salieron en defensa del terreno, donde la familia cuidaba el mantenimiento de sus condiciones, pues sus abuelos reconocían esa área como el “lugar de descanso de las almas ancestrales” del pueblo.

El proceso y el conflicto

Denuncias mediante, el conflicto inició un largo derrotero por el fuero provincial hasta que finalmente decantó en los tribunales federales, donde se acogió la competencia, dado que los fondos para la construcción de la escuela provenían del Estado nacional.

Una medida cautelar que paralizó las obras, lo que generó una serie de impugnaciones por parte del Estado provincial. Los planteos fueron tratados y rechazados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Reencausado el proceso, la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, encomendó el caso a la fiscal Orsetti, quien llevó adelante una extensa y minuciosa investigación, que incluyó tareas de campo en el pueblo de Caspalá y la intervención de reconocidos arqueólogo y geólogos, tanto de la provincia como del resto del país, cuyos informes reflejan las evidencias categóricas del grave daño causado.

La fiscal Orsetti apeló encaminó la solución del conflicto a través de una salida alternativa y dirigida a “restablecer la paz social”, la cual tuvo como objetivo la reparación integral de los pobladores afectados.

“Reivindicación”

En función de ello, el 13 de noviembre pasado la fiscal Orsetti arribó a un acuerdo con el fiscal de Estado de la provincia, Miguel Ángel Rivas, quien se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes, tanto de la cancha de fútbol como de la finca, en un plazo de 30 días hábiles.

La fiscal resaltó el acuerdo como una acción destinada a “revertir daños que conciernen al patrimonio cultural y arqueológico de la comunidad kolla de Caspalá”, por lo que, una vez cumplido, se “daría lugar a la extinción de la acción penal con respecto a los dos hechos descriptos. Su incumplimiento, en cambio, dejará subsistente para esta fiscalía federal la persecución de todas aquellas acciones penales que nacen de tales eventos”.

A su turno, la abogada querellante calificó el acuerdo como una “reivindicación de los derechos avasallados. Esto es un respiro del horror que se vivió y al que se llegó gracias a un gran esfuerzo de la justicia federal, en especial de la fiscalía por la enorme investigación realizada”.

En el mismo tono, y a raíz de un pedido de la jueza, cada uno de los pobladores afectados pudo expresar sus sentimientos por el acuerdo. “Lo único que queríamos era que se nos respete, no ser discriminados, pues fuimos tratados como si fuésemos una peste. Ahora, sin embargo, la justicia llegó y no solo para nosotros, sino especialmente para nuestros abuelos y ancestros”, expresó un representante de la comunidad.

Las y los miembros del pueblo destacaron que no se trató solo de una cancha, sino de lo que representa para ellos y ellas y para las futuras generaciones. “Teníamos miedo, pero ahora sentimos que hemos sido escuchados, lo que nos pone muy contentos”, agregó Justa Balcarce, quien concluyó con la expresión quechua “Jallalla”, que significa “alegría”.

“Nos azotaron con balas de goma y gases lacrimógenos; no tuvieron compasión de las mujeres, los niños y tampoco de nuestros abuelos que tuvieron que correr de un lado a otro entre llantos”, marcó una de las pobladoras, al recordar lo difícil que fue para la comunidad enfrentar las escenas de violencia institucional.

En la audiencia se realizó un reconocimiento hacia la familia Cruz, que por la ocupación estatal perdió sus animales y siembra, pero gracias a la solidaridad de los y las habitantes recompuso en pocos días la vida que llevaba, en la que el respeto a sus ancestros ocupa un lugar muy relevante.

La jueza se emocionó al momento de homologar el acuerdo. Evitó sumar aspectos técnicos y jurídicos tras escuchar a las y los pobladores, coincidió en todo con los argumentos de la fiscalía y dejó sentado el deseo de que la provincia de Jujuy agilice su compromiso a fin de que, en enero del 2025, los habitantes de Caspalá puedan volver a sus actividades culturales, como la demarcación de sus animales. “Destruirla le tomó 12 días, así que pueden restablecer todo en menos tiempo”, afirmó.

Fuente y fotos: fiscales.gob.ar
Foto principal: bambacoop

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