La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a “Chocolate” Rigau, el puntero del escándalo de las tarjetas

Tras más de un año en una celda, la Justicia de La Plata le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del peronismo detenido en 2023 por extraer el dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.

En ese sentido, la orden la impartió el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, luego de que el Ministerio Público Fiscal no apelara ante la Suprema Corte bonaerense el fallo del pasado octubre del Tribunal de Casación, que le había otorgado al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

De esta manera, el Juez Atencio ordenó librar un oficio a esa unidad penitenciaria para que Chocolate Rigau manifieste si consiente la medida y otro a la Dirección de Monitoreo electrónico provincial para que complete “los relevamientos técnicos correspondientes”. Actualmente, el puntero se encuentra alojado en la Alcaidía Departamental “Roberto Pettinato”, ubicada en el barrio platense de Olmos.

Es preciso señalar que, en el fallo del pasado 9 de octubre, el Tribunal II de Casación Penal aprobó la prisión domiciliaria de Chocolate Rigau “por razones humanitarias”, luego que la defensa planteara que padecía una depresión emocional severa que le generaba un aumento de la presión arterial, como así también que no existían peligros procesales, a la espera del juicio oral.

Tanto la decisión que adoptó Casación como la orden que impartió este jueves el juez Atencio son analizadas por estas horas por los otros dos acusados que también se encuentran detenidos: el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense, Facundo Albini, ambos dirigentes cercanos al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Tanto Chocolate Rigau como los Albini están acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado durante años las arcas públicas bonaerenses, por más de $400 millones en los últimos años, ante lo cual la carátula es “defraudación e integrar una presunta asociación ilícita”.

En rigor, el beneficio de la prisión domiciliaria a Chocolate Rigau podría demorarse durante unos días, puesto que el Estado bonaerense carece de pulseras electrónicas suficientes para cubrir la demanda actual, al punto que en la actualidad cerca de 200 presos y detenidos permanecen alojados en celdas y alcaidías a la espera de esos instrumentos.

En tanto, la fiscal a cargo del caso, Betina Lacki, amplió temporalmente la imputación a Chocolate Rigau y sus supuestos jefes, Facundo y Claudio Albini, a quienes se les adjudica la defraudación a la administración pública con una maniobra de prestanombres perpetrada entre 2002 y 2023.

Los detalles del caso de Chocolate Rigau 

Vale recordar que, durante la investigación, se descubrió que Chocolate Rigau, un electricista y puntero vinculado al PJ, tenía un total de 48 tarjetas de débito con sus respectivas claves anotadas, cada una a nombre de una persona distinta, todas vinculadas a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Así, la sospecha que nutre a la causa que se investiga en la actualidad, es que había personas contratadas para cobrar salarios de $580.000, en algunos casos sin cumplir funciones, y entregaban las tarjetas a Chocolate Rigau para que extrajera el dinero que se utilizaba, presuntamente, para financiar actividades políticas.

Además de Chocolate Rigau, están presos también el concejal Facundo Albini y su padre Claudio Albini. En ese contexto, el juez consideró en diciembre de 2023 que había pruebas suficientes para concluir que los acusados integraron una asociación ilícita que habría defraudado durante años las arcas públicas bonaerenses.

Según los datos extraídos del teléfono celular de Chocolate Rigau, el puntero del PJ tenía diálogo con Facundo Albini y que, en otras tantas charlas con titulares de tarjetas bancarias, su padre Claudio es a quien le hacían la rendición de dinero que extraían de distintos bancos.

De acuerdo a la investigación contra los Albini, la maniobra en la Legislatura bonaerense habría comenzado en 2021 mediante la firma de contratos a personas que cedían sus sueldos que, a cambio de una obra social y aportes jubilatorios, terminaban en una caja negra.