La ONU intentó lavarse la cara y llamó a pensar en el futuro, pero ¿de quién es realmente ese futuro?

Por Natalia Carrau y Mariano Vázquez | El 22 y 23 de septiembre, Nueva York fue sede de la Cumbre del Futuro convocada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), un intento de revitalizar un multilateralismo en CTI. En palabras de su secretario General, Antonio Guterres, se trata de “rescatar al multilateralismo del abismo”.

Según la página oficial de la ONU, esta cumbre buscó sentar las bases para “un Pacto para el Futuro negociado a nivel intergubernamental y orientado a la acción […] y transformación de la gobernanza mundial. En este contexto, tres conceptos claves emergen: captura, financiación y gobierno global”. El gobierno global es una realidad y cerca de cumplir 80 años, la ONU fue una de las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial con el supuesto objetivo de garantizar la paz, la igualdad de derechos y el progreso. Sin embargo, a juzgar por las cifras de pobreza, los nuevos superricos, el agravamiento de la crisis climática y las guerras que se multiplican, ninguno de estos objetivos fue alcanzado. Los organismos multilaterales muestran síntomas sistémicos de crisis, pero la ONU es la única con legitimidad y vocación de encarnar un verdadero gobierno global.

Le llaman multilateralismo o gobernanza global y la ONU ha establecido un marco normativo basado en los derechos humanos para regular la convivencia pacífica entre países y cuando esto no es posible ha fijado reglas para la guerra. También es sede de negociaciones oficiales para frenar el cambio climático y promover la transición energética, ha construido marcos globales para la cooperación al desarrollo y reglas para el orden económico internacional. En su Asamblea General están representados todos los Estados del mundo, la llamada “comunidad internacional” a la que se le demanda detener la impunidad con la que el Estado de Israel perpetúa el genocidio contra el pueblo palestino.

Y si bien el objetivo de garantizar la paz fue reflejo del contexto mundial del que emerge, la multiplicación de conflictos bélicos de mayor o menor intensidad en el siglo XXI y la impunidad e ilegalidad con la que algunos pocos países manejan el uso de la fuerza (y la barbarie) demuestran, una y otra vez, que la ONU ha fracasado estruendosamente.

El de la paz no es el único objetivo al que parece nos hemos resignado a no alcanzar. El derecho al desarrollo, la garantía de responsabilidades comunes, pero con énfasis en los países centrales, principales responsables de la crisis climática, migratoria y política, que sufre con excesiva carga el Sur global o la justicia económica para países que cargan con el peso desmedido e ilegítimo de deudas con instituciones financieras internacionales, son otros ejemplos muy claros.

Si bien existe un consenso sobre los desafíos actuales, las opiniones colisionan respecto a las causas y soluciones. Sin acuerdos básicos no habrá respuestas. No todos los países reconocen que las reglas del orden económico internacional perpetúan una profunda injusticia económica en que las naciones del Sur global siguen subsidiando -a través de nuevas y renovadas formas de colonialismo, despojo y apropiación- el desarrollo y bienestar del Norte global. El no reconocimiento de esta realidad protege el privilegio de países centrales que son quienes a su vez controlan directa e indirectamente las decisiones del gobierno global.

El informe World Inequality Report 2022, muestra que el 1% de la población mundial, controla el 38% de la riqueza global, mientras que el 50% de la población más pobre sólo posee el 2% del total. El economista francés Gabriel Zucman señala que esa tendencia a la desigualdad se acrecentará sin pausa y citó el siguiente ejemplo: “Unos 3.000 multimillonarios pagan en impuesto solo un 0,3% de sus fortunas”. En esta línea cabe recordar la propuesta del ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, en el último encuentro del G20 en Brasil (Grupo de las 20 naciones y regiones más desarrolladas del planeta) pidiendo un impuesto global del 2% a los superricos, que según los cálculos permitiría recaudar anualmente un mínimo de 250 mil millones de dólares. Otro ejemplo: Es sencillo enterarse si una inundación afecta a un país central, pero como señala el historiador africanista y docente de la UBA, Omer Freixa “África sufre el cambio climático. Las peores inundaciones en décadas azotan regiones centrales y occidentales. 55 millones de personas deben comer YA o mueren. Poco más que toda Colombia. Para quienes se escandalizan por ingresos «masivos» a Europa, entiendan qué hay atrás”.

Consejo de Inseguridad Permanente

Al diagnóstico sobre la crisis múltiple -económica, social, ambiental y de humanidad- hay que sumarle la constante negativa de los países centrales a democratizar la ONU. Mientras, países del Sur global insisten en un Consejo de Seguridad abierto a más países, con más asientos permanentes y derecho a voto. Sin embargo, todo intento de reforma choca con la resistencia de Estados Unidos, que ni siquiera se digna a tener esta conversación. Solo cinco países (EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia y China) tienen asiento permanente y poder de veto en un Consejo de Seguridad compuesto por 15 miembros, en una organización que cuenta con 193 Estados. Esto implica que las cuestiones transcendentales no las toma la Asamblea General. Un ejemplo de este poder discrecional es la oposición sistemática de Washington a cualquier alto el fuego en Gaza garantizando así la continuidad de la limpieza étnica, crímenes de guerra y de lesa humanidad que su aliado el Estado de Israel comete en los territorios palestinos.

Al respecto, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ante la Asamblea General de la ONU sostuvo: “La exclusión de América Latina y África de puestos permanentes en el Consejo de Seguridad es un eco inaceptable de las prácticas de dominación del pasado colonial […] Estamos llegando al final del primer cuarto del siglo XXI con las Naciones Unidas cada vez más vaciadas y paralizadas”. Su par, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo resumió de manera contundente: “En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, de la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico, o político o de ideas que irradie sino por el poder de destruir la vida de la humanidad”.

También, Sudáfrica expresó la urgente necesidad de reforma del Consejo de Seguridad. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, repudió que decisiones mundiales tan trascendentes queden “en manos de unos pocos elegidos mientras la mayoría de las naciones sufren con las consecuencias es injusto, inequitativo e insostenible”.

Justamente África, y en especial la zona del Sahel, está protagonizando acciones descolonizadoras muy potentes, pertinentemente tergiversadas u ocultadas por los grandes medios. Desde estos países también avanzan exigencias y propuestas para una nueva arquitectura internacional. Tras la invasión de la OTAN a Libia en 2011 esta región pasó de ser uno de los países del mundo menos afectados a estar entre los primeros diez en la lista, según el informe del Global Terrorism Index (GTI). EEUU y Francia llevan hace años dinamitando la seguridad, que a pesar de sus copiosos recursos energéticos de la región padece los niveles de acceso a servicios más bajos del mundo, el 51% de la población del Sahel no tiene acceso a la electricidad.

Esta situación explica los cambios bruscos de gobierno, especialmente en Malí, Burkina Faso y Níger, que en Occidente califican secamente como golpes de Estado, ya que han avanzado en formatos de alianza regional para recuperar la soberanía política, territorial y económica expulsando a empresas transnacionales monopólicas y a fuerzas militares extranjeras. Freixa destaca: “Inimaginable en 2020 y hoy cumple un año. Nacía la Alianza de Estados del Sahel. Una apuesta revolucionaria y panafricanista de juntas militares en el corazón de África. Ruptura regional y antiFrancia. Hay más: Mali, Burkina Faso y Níger crearán un pasaporte biométrico común”.

Senegal es otro país a mirar con atención por la elección democrática que le dio la victoria histórica a un expreso político: Bassirou Diomeye Faye, a quien muchas comparan por sus posiciones políticas con el líder panafricanista y anticolonista Patrice Lumumba. Una nueva era que la Cumbre del Futuro no está mirando porque la deuda histórica de la humanidad con África debe ser saldada.

El zorro en el gallinero

Esta puja de intereses -los de unos pocos versus los de todo el resto- se puede observar en las grietas de la casa del gobierno global que son cada vez más grandes, más profundas y por las que se vienen colando otros actores incluso más poderosos, que silenciosamente capturan procesos enteros de toma de decisiones en la ONU.

Una de las mayores divisiones radica en el papel del sector privado porque cualquier cambio y cualquier estrategia de enfrentamiento a la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, o el endeudamiento requiere de financiación. Quién financia y a quién sigue siendo una disputa.

Algunos sugieren que la filantropía, impulsada por grandes empresas o superricos que dicen estar dispuestos a dedicar una parte de sus ganancias y fortunas (no así a pagar impuestos en los países donde tienen presencia) para contribuir a la humanidad, movilicen estos fondos. Sin embargo, estos fondos no están realmente disponibles ni los Estados pueden gestionarlos de manera soberana para implementar políticas.

En 2015, la ONU lanzó la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 17 objetivos construidos con relativa participación de la llamada “sociedad civil”, que incorporan la participación activa del sector privado.

Esta narrativa de que se necesita de la participación de las empresas ha ganado terreno en la ONU con el enfoque conocido de “múltiples partes interesadas”. Este enfoque plantea que los actores del sector privado deben estar sentados en la mesa de negociación y toma de decisiones. Una institucionalización del lobby. Y tal como sucede con el lobby: solo llegan los más fuertes. En las “múltiples partes interesadas” no hablan los movimientos sociales, no habla lo público, solo habla el poder corporativo que ejerce el capital transnacional. No espacio para sopesar los riesgos que pueden existir con empresas al mando de discusiones que buscan, entre otras cosas, regularlas. Un mal chiste.

El capital transnacional presente a través de fundaciones benéficas y think tanks se ha metido en los mecanismos institucionales financiando conferencias, y políticas a cambio de abrir líneas de negocios, como ocurre de manera muy clara en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en la Conferencia sobre la Biodiversidad, en el Tratado de Plásticos o en la oficina para la Agricultura y la Alimentación conocida como la FAO.

La ONU reconoció en el pasado el peligro que representa la participación empresarial en la toma de decisiones y por eso el Convenio Marco de Control del Tabaco, que excluye a la industria tabacalera de la toma de decisiones. Pero, ¿qué puede salir mal si dejamos al zorro cuidando el gallinero?

La altura de la reforma

La dimensión de los desafíos exige respuestas globales e internacionalistas para disputar el poder real. Pero la pregunta es: ¿con más o con menos multilateralismo? ¿cuál multilateralismo? La ONU es vista por muchos como el foro donde estas discusiones deben ocurrir. Los países del Sur global ya lograron articular intereses comunes en el pasado, como la experiencia del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que impulsó la necesidad de un orden económico internacional diferente y abierto a escuchar los reclamos de los países en desarrollo (financiamiento, no injerencia, autodeterminación).Esto demuestra  que hay discusiones que no fueron saldadas pero que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen vigentes. Basados en las consecuencias del colonialismo, el despojo y la injerencia, estos países entendieron que el multilateralismo tiene que llegar también a las decisiones en materia económica y que las reglas de la economía mundial debían ser democratizadas. Si antes esto era una realidad y una necesidad, hoy es una urgencia. Hoy, cuando el avance de la extrema derecha amenaza con arrojar el multilateralismo al abismo, se requieren respuestas contundentes.

No hay atajos, no hay parches.

Por Natalia Carrau (@NatuCarrau) y Mariano Vázquez (@marianovazkez)

Fuente: https://canalabierto.com.ar