La ONU le pidió explicaciones a Milei por presunto hostigamiento a jueces y represión a la protesta social

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un duro comunicado en el que advirtió que el Gobierno de Javier Milei podría llevar adelante un “ataque directo a la independencia judicial” y un proceso de “deterioro sistemático de la democracia” en Argentina. La presentación, que lleva la firma de nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, cuestiona una serie de acciones impulsadas desde el Ejecutivo nacional contra jueces federales, manifestantes y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

El documento, difundido este 12 de julio, apunta de manera directa contra el presidente Milei por presuntas amenazas y represalias contra magistrados que fallaron en contra de los intereses del oficialismo. “Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, reza el texto difundido por el organismo internacional.

La denuncia se originó a partir del caso de la jueza, Karina Andrade, quien fue blanco de amenazas, campañas de desprestigio y ataques personales tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas durante una protesta el pasado 12 de marzo. Según explicó la magistrada, las detenciones fueron llevadas a cabo “sin las garantías legales necesarias”, sin notificación al tribunal y con omisiones respecto al lugar, hora y motivo del arresto. Por esa decisión, las carteras de Seguridad y Justicia anunciaron que promoverán su destitución.

El comunicado de la ONU también destaca el rol del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien publicó un mensaje en redes sociales en el que vinculó a Andrade con “la justicia de la puerta giratoria” y la responsabilizó por la inseguridad. “Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, escribió, en línea con los ataques que el Gobierno y sus aliados desplegaron contra la jueza. La ONU alertó que esta campaña incluyó amenazas de muerte y violencia sexual, lo que podría configurar una violación grave de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Los relatores también pusieron el foco sobre el caso del juez, Roberto Gallardo, quien fue perseguido por limitar la intervención de fuerzas federales en operativos de seguridad durante protestas sociales. En ambos casos, advirtieron que la utilización del aparato estatal para estigmatizar a magistrados compromete la división de poderes y envía un mensaje de intimidación al conjunto del Poder Judicial federal.

Además, el organismo alertó sobre el uso del derecho penal como herramienta para criminalizar la protesta y la aplicación de normas antiterroristas a manifestantes, algo que los expertos consideran incompatible con el sistema democrático. “Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, explicaron los expertos.

El pronunciamiento internacional exige al Gobierno que aclare públicamente sus planes para garantizar el respeto a los derechos civiles, proteger la independencia judicial y asegurar el ejercicio de la libertad de expresión. Hasta el momento, la administración de Javier Milei no respondió al reclamo y pidió una prórroga para presentar su descargo ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

La intervención de Naciones Unidas se da en un contexto de creciente tensión institucional en el país, con múltiples denuncias por represión, persecución ideológica y restricciones a derechos fundamentales. En ese marco, la ONU dejó en claro que el Gobierno argentino deberá dar explicaciones no solo por casos puntuales, sino por un patrón general de actuación que podría comprometer sus obligaciones internacionales.

Los casos a los que se refirió la ONU

El pronunciamiento de la ONU no se limita a la situación del Poder Judicial, ya que en su análisis de la coyuntura nacional, el organismo alertó sobre un progresivo deterioro de las libertades públicas desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. En particular, los relatores citaron como factores agravantes la implementación del protocolo antipiquetes, el DNU 70/2023, la “Ley Bases” y otras reformas que, según el organismo, habilitaron una represión sistemática de la protesta social.

Entre enero y junio de 2024, el informe de Naciones Unidas relevó al menos 80 detenciones arbitrarias, 665 personas heridas, algunas con pérdida de visión por disparos de balas de goma, y 47 ataques a trabajadores de prensa. El caso más grave se registró el 12 de junio pasado, cuando durante una manifestación pacífica más de 200 personas resultaron heridas y se denunciaron arrestos al voleo, bastonazos, gases lacrimógenos y operativos sin identificación por parte de las fuerzas federales.

La ONU también llamó la atención sobre el uso de tecnología para la vigilancia de protestas, como inteligencia artificial y agentes infiltrados, una práctica que actualmente investiga el Congreso nacional. En paralelo, se destacó como preocupante la represión ejercida contra personas mayores que marchan cada miércoles en el centro porteño. El informe detalla golpes, quemaduras con gas pimienta y detenciones de adultos mayores de hasta 80 años.

A modo de caso emblemático, el texto resalta el caso del fotógrafo, Pablo Grillo, que resultó gravemente herido en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de Gendarmería durante una cobertura periodística. Para el organismo internacional, la situación pone de manifiesto una política sistemática de represión estatal que no distingue entre manifestantes, periodistas ni grupos especialmente vulnerables.