Lesa humanidad: Ocho condenas y 27 absoluciones en el juicio “La Huerta” de Tandil

Redacción Canal Abierto | El viernes se dio lectura a la sentencia en el llamado Juicio de La Huerta sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad ocurridos en lugares emblemáticos del circuito represivo de la llamada Subzona 12.

Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil: Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, quienes recibieron perpetuas. La misma pena correspondió para Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga recibió la pena de 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez fue condenado 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares a 6 años de prisión y José Luis Álvarez a 5 años. Hubo 27 absoluciones.

Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Fiscal libertario

Uno de los absueltos, Héctor Mangudo, fue fiscal de mesa del mileísmo en Tandil.

El exoficial de la Policía Bonaerense imputado por delitos de lesa humanidad, fue uno de los fiscales de La Libertad Avanza en la Escuela Secundaria N° 1 de Tandil, sentado en la mesa 82 durante las elecciones legislativas.

El viernes, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata lo absolvió junto a otros 26 exrepresores que actuaron en 14 centros clandestinos de la zona centro bonaerense.

Cuarenta y ocho horas después del fallo, Mangudo se presentó como fiscal de los libertarios en una escuela, generando indignación entre los votantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

La lucha

El Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno habló tras la lectura del veredicto: “Quiero destacar el compromiso de los sobrevivientes con los diferentes testimonios que aportan a la construcción de la verdad. La sentencia, obviamente, tiene algunos puntos que las querellas van a apelar porque consideramos que están probados muchos hechos. Es un proceso que tiene mucho de angustiante, pero mucho de reparador”.

“Desde el año 2004 con las políticas públicas en materia de derechos humanos, a partir de la anulación de las leyes de impunidad, transitamos un camino donde logramos ser un país ejemplo en el mundo sobe como tramitar nuestro pasado traumático reciente. Hay un consenso del Nunca Más en la sociedad”, expresó Moreno.

El fallo también determinó que los casos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, puntualizando sobre los hechos que ocurrieron en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976 cuando secuestraron sindicalistas.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dio lectura al veredicto en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos de la Provincia y la región.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fue querellante en este proceso judicial que comenzó el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo del Centro de la Provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Méndez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil;  la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.

Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Hubo cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, que evidencian la participación empresarial.

Se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas, pero algunas no estuvieron en condiciones de declarar por su avanzada edad, y otras fallecieron sin poder dar testimonio.

En total fueron 104 audiencias donde se escucharon los testimonios de 213 personas.

El tribunal, integrado por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer, dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en el juicio intervinieron el fiscal Santiago Eyherabide y la y el auxiliar fiscal María Eugenia Montero y Julio Darmandrail.

La Retaguardia transmitió en vivo

Los ocho condenados

Los cuatro condenados a prisión perpetua fueron el excoronel del Ejército Alejandro Guillermo Duret; el exoficial de Logística del Área 121, Osvaldo Héctor Repetto; el exjefe de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Héctor Martínez Salgado; y el exjefe de Operaciones de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos. Todos ellos recibieron la pena máxima por numerosos casos de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por haber mediado violencia y amenazas, en perjuicio de perseguidos políticos, además de tormentos y un caso de homicidio.

En tanto, el exjefe de Inteligencia del Área 123, Martín Carlos Luzuriaga, recibió la pena de 10 años y 6 meses de prisión, por los mismos delitos. Para el exjefe de Plana Mayor del Área 124, Roberto Jorge Casares, la condena fue a 6 años de prisión por considerarlo autor de una violación agravada, por el uso de la fuerza e intimidación.

El exteniente primero de Sanidad, Luis Ernesto Benítez, fue condenado a 6 años y 9 meses de prisión por ser coautor de tormentos agravados contra perseguidos políticos, mientras que José Luis Álvarez recibió la pena de 5 años de prisión por el mismo delito.

Para el Tribunal los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad, a excepción de 14 casos, sobre los que declaró la extinción de la acción por prescripción, tal como lo había solicitado la defensa.

De las 27 personas absueltas, sobre cuatro de ellas se había retirado la acusación. Durante el transcurso del juicio fallecieron siete imputados y sobre cuatro se dispuso la incapacidad.

Derecho a la verdad

Al momento de exponer su alegato, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que el tribunal se expida sobre la materialidad de los hechos imputados a Héctor Eduardo Bernadou, quien falleció durante el proceso judicial.

La extinción de la acción penal dictada entonces había dejado a numerosas víctimas sin posibilidad de escuchar una sentencia, dado que resultaba el único imputado en esos casos.

La petición del MPF fue tomada tomado por los jueces, quienes resolvieron declarar que los hechos que afectaron a 21 personas “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal por aplicación del derecho a la verdad”.

El debate

El juicio, iniciado el 25 de febrero de 2022, tuvo inicialmente por objeto el análisis de los hechos que damnificaron a 191 víctimas, pero al término del proceso el objeto se circunscribió a 138, luego de los fallecimientos e incapacidades sobrevinientes de algunos imputados. Además de exmiembros de fuerzas armadas, entre los acusados también había exintegrantes de fuerzas de seguridad y un civil.

La causa conocida como “La Huerta y acumuladas”, por el nombre del centro clandestino de detención que funcionó en cercanías a la ruta 226, en Tandil, y que reunió objetos procesales de 15 investigaciones distintas, se desarrolló durante 104 audiencias, donde se oyeron cerca de 200 testimonios, muchos de los cuales permitieron reconstruir -junto al resto del material probatorio- los 138 casos, muchos de los cuales llegaron por primera vez a un debate oral para ser juzgados.

Con información de fiscales.gob y gba.gob.ar  

Fuente: https://canalabierto.com.ar