Los «Trapitos»: Entre la Impunidad y la Falta de Regulación
Por Juan Severo
Últimamente, hemos visto en distintos medios de comunicación situaciones de agresión protagonizadas por algunos cuida coches, comúnmente conocidos como «trapitos». Estos hechos se repiten con frecuencia cuando un conductor se niega a pagar la tarifa que imponen arbitrariamente, muchas veces bajo amenazas o con actitudes violentas. Este problema, lejos de ser un caso aislado, expone una clara inacción de las autoridades municipales, que parecen mirar para otro lado mientras estas prácticas proliferan en diferentes ciudades del país.
Es válido señalar que no todos los «trapitos» operan de esta manera. Muchos trabajadores realizan su tarea con respeto, sin exigir una tarifa fija y aceptando la contribución voluntaria de los automovilistas. Sin embargo, la falta de control y la ausencia de una regulación clara generan un escenario donde la extorsión y la impunidad predominan en ciertas zonas. ¿Por qué las municipalidades permiten esta situación? ¿Quiénes se benefician de este descontrol?
Mientras tanto, los intendentes parecen estar más preocupados en instalar cámaras de foto multas o en implementar sistemas de estacionamiento medido con tiketeras, antes que abordar de manera efectiva este problema. Esta realidad nos lleva a preguntarnos si no sería posible encontrar una solución que, además de ordenar la actividad, brinde oportunidades laborales a quienes realmente lo necesiten.
En el Partido de La Matanza, existió una ordenanza del año 1984 que establecía un sistema de tarjetas de estacionamiento con un costo regulado. Lo recaudado se distribuía en tres partes: una porción para las arcas municipales, otra para el Centro de Medicina Física y Rehabilitación –único en brindar atención gratuita a personas con discapacidad motora en la zona–, y la tercera para el vendedor de la tarjeta. Este modelo, aunque con sus limitaciones, representaba una forma más equitativa y transparente de gestionar la actividad.
Dado el contexto de crisis laboral que atraviesa el país, una alternativa viable podría ser la creación de un registro oficial de cuida coches, donde los aspirantes, especialmente aquellos mayores de 50 años, siempre digo que a los 50 sos viejo para trabajar y joven para jubilarte, a esta edad encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, reciban una capacitación adecuada. Este sistema permitiría regularizar la actividad, establecer tarifas justas y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los propios trabajadores.
La clave está en transformar una problemática en una oportunidad. Una gestión eficiente y comprometida podría implementar una regulación moderna basada en el modelo de la vieja ordenanza matancera, adaptándola a las necesidades actuales. De esta manera, se pondría fin a la extorsión, se garantizaría transparencia en el cobro y se brindaría una fuente de empleo digna a quienes lo necesiten.
En definitiva, la solución no es ignorar el problema ni criminalizar a quienes trabajan honradamente, sino generar políticas públicas que beneficien a toda la comunidad.
