Más de 70 efectivos para desalojar a una comunidad mapuche que ya había liberado el predio

Redacción Canal Abierto | “Montaron un operativo desmedido, exuberante, con más de 70 efectivos, con el grupo especial COER, con la montada, con un grupo motorizado, drones. Inclusive pusieron una antena en el lugar. Innecesariamente, porque la fiscal nos comunicó que la defensa de la comunidad había informado que la lof se había retirado voluntariamente en el marco de expresar la necesidad del resguardo del espacio ceremonial de la machi”, cuenta Newen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) -un organismo estatal autárquico-, quien estuvo presente esta mañana en el frustrado desalojo de la lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, a unos 20 kilómetros al este de El Bolsón, Río Negro.

Sobre las comunidades mapuches lof Che Buenuleo, ubicada en la Pampa de Buenuleo al pie del Cerro Ventana y cercana a la ciudad de Bariloche, y lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero, pesaban órdenes judiciales de desalojo que se ejecutaron en las últimas horas.

En ambas circunstancias, las comunidades se encontraban en litigio con supuestos propietarios de las tierras que ocupan ancestralmente, tal el caso de los Buenuleo, o habían recuperado en los últimos años, como la lof de Cuesta del Ternero.

La pampa de Huenuleo

“La defensa de la lof Buenuleo había informado que el predio se encontraba desocupado. Ayer, fueron efectivos policiales al predio en litigio y pudieron constatar que una casa allí ubicada estaba deshabitada y que el espacio no estaba siendo ocupado por la comunidad”, explica en diálogo con Canal Abierto Loncomán, quien además es consejero de la zona andina del CODECI.

El conflicto en este caso se origina en 2019, cuando Emilio Friedrich inicia un juicio por la presunta usurpación de 92 hectáreas por parte de varios miembros de la comunidad. La lof figura en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas -eliminado por el gobierno nacional en octubre de 2024- donde se incluía a las comunidades relevadas por el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que le reconoce la posesión ancestral de esas tierras en las que sus familiares directos han habitado desde 1880.

En 1909, la Ley Pastoril le entrega a Antonio Buenuleo –tatarabuelo de Ramiro, el actual longko– un lote de 625 hectáreas, el lote pastoril 127, en la, entonces, colonia Pastoril Bariloche. Desde principios del siglo pasado, el lugar figura en los mapas como Pampa de Huenuleo.

La resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del 21 de septiembre de 2020, con la firma de su entonces presidenta Magdalena Odarda, reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche”. 

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A pesar de ello, la justicia provincial, a fines de mayo de 2024, declaró responsables de usurpación del lote reclamado por Friedrich a cinco integrantes de la comunidad y ordenó el desalojo que, tras ser ratificado en febrero por el Tribunal de Impugnación Provincial, se ejecutó esta mañana. El presunto propietario damnificado no tiene una escritura de esas tierras, presentó un boleto de compraventa de una supuesta operación entre Antonio Buenuleo, abuelo de Ramiro, y Claudio Thieck, a quien en 2009 el denunciante habría comprado las tierras.

El día de ayer, la comunidad estuvo presente en la diligencia judicial como veedora y plantearon la necesidad de resguardar un espacio que utiliza para uso ceremonial. “El desalojo forzoso que se ordenaba quedó en abstracto porque no había nadie dentro del predio en cuestión”, comenta el referente mapuche.

Cautelar

Este miércoles 5 de febrero, ante la inminencia de los desalojos, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Bariloche, y otras organizaciones, patrocinadas por la abogada Andrea Reile, defensora de la lof Quemquemtrew, presentaron una medida cautelar de no innovar en el desalojo a la comunidad y en atención a preservar el “rewe y toda la zona de uso ceremonial. Dicha zona se encuentra comprendida desde el sitio donde fue asesinado Elías Garay Yem, hasta la vertiente de agua y desde allí hasta donde comienza el filo (debe tenerse presente que se está hablando de 5 hectáreas)”, sostiene el escrito judicial.

La presentación intenta impedir la destrucción de un área sagrada para la comunidad y en la que la machi (autoridad religiosa y médica) realiza su trabajo.

“Entendemos que el derecho al culto está consagrado en la legislación vigente, y como pueblos originarios pedimos el respeto de ese espacio sagrado. Ingresamos al predio y pudimos ver que el rewe no había sido avasallado. Pero nos preocupa la decisión de la fiscalía de utilizar esa fuerza desmedida, con oficiales armados con armas largas y actitudes claramente innecesarias”, explica Newen. “Los daños que se pueden ocasionar al pueblo mapuche son irreparables porque no es un elemento que se pueda trasladar de un lugar a otro cuando hay una situación de desalojo. Es como que vaya la policía a una iglesia católica, desaloje al cura y diga que a partir de hoy los feligreses ya no pueden entrar”.

La lof y las autoridades comunitarias están esperando la respuesta a la medida cautelar que exige el resguardo del rewe y el espacio circundante. “Estas medidas afectan el derecho indígena, el derecho al culto, plasmado en el convenio 169 de la OIT y en la propia Constitución que nos reconoce como preexistentes”, concluye Loncomán.

“Una vez más estamos ante un escenario sociopolítico donde el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, hace caso omiso de toda la legislación nacional e internacional en derecho indígena. De este modo, favorece los intereses privados, en desmedro de los bienes comunes, como el agua y la tierra”, sostiene el comunicado de las comunidades y los organismos de derechos humanos que declararon el estado de alerta y movilización.

Fuente: https://canalabierto.com.ar