Milei 2 – Pueblo Argentino 0: Una Opinión sobre el Veto al Financiamiento Universitario y el Rol de Nuestros Representantes

Por Juan Severo

En un contexto de creciente malestar social, el gobierno nacional ha logrado sostener su veto al financiamiento universitario gracias a la colaboración de sectores opositores, como los votos del PRO y dos gobernadores aliados del peronismo. Este resultado no fue una sorpresa, ya que, para alcanzar el tercio necesario para blindar el veto, fueron clave los votos de cuatro diputados radicales y de los legisladores peronistas que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), además del apoyo de Claudio Vidal (gobernador de Santa Cruz) y los diputados del bloque Pichettista, Argentinos a no olvidar.  Así, nuevamente, el presidente Javier Milei suma una victoria en contra de los intereses populares, tal como sucedió con el reciente veto que afectó a los jubilados y jubiladas.

Este último episodio nos lleva a una reflexión amarga: ¿cómo es posible que quienes supuestamente representan al pueblo sigan votando en contra de sus intereses? Milei logra reafirmar su veto, y para ello recurre a tácticas lamentables, como el anuncio de aumentos salariales que nunca se concretan. El ejemplo más evidente es la promesa de la garantía salarial para los docentes, un aumento que fue anunciado no una, sino dos veces, con retroactividad a abril, pero que nunca llegó a materializarse.

La situación de las universidades no es menos preocupante. Los argentinos, testigos desde la primera fila de las peleas entre el gobierno y las universidades, observamos cómo el gobierno nacional acusa a los rectores de no rendir cuentas por los fondos que se destinan al funcionamiento de las instituciones. Mientras tanto, los rectores responden que el 95% del presupuesto universitario se va en salarios, por lo que, en teoría, el gasto ya estaría justificado. Sin embargo, el debate no debería terminar ahí. Ese 5% restante de los fondos sigue siendo un interrogante, y en un país donde se lucha día a día por sobrevivir, todos los argentinos tenemos derecho a saber cómo se gasta «nuestra plata».

No es ningún secreto que la educación pública en Argentina no es «gratuita» en el sentido estricto, porque es financiada con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y es aquí donde surge una exigencia fundamental: transparencia. ¿Cuánto dinero se destina a las cámaras de Diputados y Senadores? ¿Qué se hace con esos fondos? ¿Qué se hace con esos fondos? Es necesario que los responsables de estas instituciones y otras dependencias del Estado rindan cuentas claras sobre cómo utilizan el dinero público. Y esto no solo afecta a quienes tienen ingresos altos; todos, desde quienes reciben un plan social hasta los jubilados que apenas sobreviven con ingresos por debajo de la línea de indigencia, están cargando con el peso de la nación a través de los impuestos.

En este contexto, surge otra cuestión importante: la impunidad con la que nuestros representantes manejan sus responsabilidades. En cualquier trabajo privado, faltar sin justificación o llegar tarde tiene consecuencias claras, como la quita de salario o incluso el despido. Sin embargo, en la reciente votación en Diputados, donde se aprobó la continuidad del veto, votaron a favor del pueblo 160 diputados y en contra 84. Pero hay algo que no cierra: en la Cámara de Diputados hay 257 legisladores, pero solo estuvieron presentes 244. Es decir, faltaron 13 diputados a su responsabilidad de representar al pueblo argentino. ¿Qué consecuencias tendrán estas ausencias? ¿Se les descontará una parte de sus sueldos? La falta de sanciones para quienes no cumplen con sus deberes es un reflejo de la desconexión entre la clase política y la realidad cotidiana de los ciudadanos.

En definitiva, el pueblo argentino está siendo testigo de cómo, una vez más, las promesas vacías y las tácticas políticas sucias prevalecen sobre las necesidades reales del país. Milei 2 – Pueblo Argentino 0. Pero esta no es una derrota definitiva. La única manera de salir de este ciclo es dejar de delegar nuestras decisiones en otros y empezar a hacernos cargo del futuro, nuestro el de hijos y nietos. No podemos permitir que nos sigan mintiendo y que la clase dirigente siga enriqueciéndose mientras el pueblo se empobrece.

Es hora de impulsar una democracia participativa donde nosotros, los ciudadanos, tenemos que organizarnos desde los barrios y empezar a decir en lo cotidiano cómo se utilizan nuestros impuestos. No podemos seguir esperando cambios cada dos años con las elecciones; debemos exigir rendición de cuentas y transparencia en cada decisión que afecte a nuestra vida diaria. Solo así podremos empezar a cambiar este país, donde todos debemos estar comprometidos con la construcción de una Argentina más justa y equitativa.