La iniciativa se había sancionado definitivamente el pasado 22 de agosto, en medio de los reclamos por la recomposición salarial y la crisis presupuestaria que atraviesa el Garrahan, uno de los principales centros de atención pediátrica del país. Ese día, el Senado otorgó la media sanción que faltaba por amplia mayoría con 62 votos afirmativos y ocho en contra.

Fundamentos

En el decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que para revertir el estado crítico del sistema de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales, la declaración de emergencia no resulta la vía adecuada porque “se deben llevar a cabo políticas públicas fiscalmente responsables y sostenibles en el tiempo”.

Asimismo, el Gobierno insistió en que la responsabilidad asumida, luego de “décadas de inflación desmedida y descuido de las cuentas públicas”, exige mantener el equilibrio fiscal y administrar con rigor “los escasos recursos”. El veto presidencial se suma al aplicado este miércoles a la ley de Financiamiento Universitario, también aprobada por una contundente mayoría de las cámaras del Congreso.

Situación de emergencia

El proyecto buscaba garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos especializados e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitieran acceder a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social.

Además, la ley apuntaba a fortalecer la continuidad y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria. Para ello, proponía condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que garantizara la cobertura en especialidades críticas.