Motosierra vs. salud: 7 cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público
Un informe sobre respuestas al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis revela preocupantes aumentos de precios por encima de la inflación, restricciones en el acceso a la información, falta de planificación, concentración del mercado y recortes presupuestarios.

Redacción Canal Abierto | El área Salud del Instituto De Estado y Participación de ATE acaba de publicar un nuevo relevamiento de su Observatorio de Acceso a Medicamentos que señala que de acuerdo con los últimos datos disponibles, publicados en el Boletín 2023 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis (DVIHT), en nuestro país hay más de 140 mil personas con VIH, de las cuales sólo el 87% conoce su diagnóstico. De estas, casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud, donde alrededor de 68 mil personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado. Por tal motivo, es de vital importancia monitorear la gestión pública de estos medicamentos, como también de aquellos utilizados ante enfermedades oportunistas. A través de la presente publicación, el Observatorio de IDEP-Salud analiza las compras y el stock de los medicamentos administrados por la DVIHT para abastecer al subsistema público de salud. Además de los fármacos antirretrovirales, el informe coloca el foco sobre la situación de los destinados al tratamiento de tuberculosis, hepatitis B y C y enfermedades oportunistas.

Los precios
El estudio revela un altísimo aumento en los valores de los fármacos.
La mayor parte de estos antirretrovirales fueron adquiridos a un precio que aumentó por encima de la inflación. Por ejemplo, el precio pagado en 2024 por Raltegravir 100 granulado, comercializado por MSD, se incrementó 863% respecto a 2023, mientras que la inflación entre las fechas de perfeccionamiento de ambas compras fue de 499%. Darunavir 800 + Ritonavir 100, de Richmond, aumentó 842%, cuando la variación general de precios se ubicó en 483%. Finalmente, el precio de Zidovudina 10 jarabe, del mismo laboratorio, y al ser adquirido por medio de una compra directa, subió 372% cuando la inflación para el período fue de 302%.
A su vez, mientras que algunos de estos medicamentos atravesaron incrementos cercanos a la inflación, su precio se inscribe en una tendencia de aumento previa. Ejemplo de esto es Lamivudina 10 mg, en presentación jarabe, provisto por la farmacéutica nacional Elea. La unidad de este medicamento pasó de ser pagada $330,55 en 2022 a pagarse $12.860 en 2024. Esto representa una suba de casi 3800% en un lapso en el que la inflación acumulada fue de 1220%
Para cerrar este apartado, el informe señalaresta atender las variaciones en los antivirales utilizados en el tratamiento de la hepatitis C. El medicamento patentado Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir de Gador/Gilead pasó de ser pagado $31.762,5 en agosto de 2023 a abonarse $148.147,04 en julio 2024. Esto representa una suba del 366%, mientras que la variación general de precios para el período fue sólo de 263%.
Conclusiones
INFORMACIÓN: De manera inédita, este informe debió ser elaborado bajo severas restricciones en el acceso a la información pública. Desde el cambio de gestión, el MSAL viene incumpliendo sistemáticamente su obligación de dar respuesta efectiva a las solicitudes de información. No se respetan los plazos de respuesta, se incurren en múltiples omisiones y se provee información errónea. Esto no sólo perjudica la calidad de los datos analizados, sino que vulnera un derecho ciudadano fundamental y afecta la transparencia de la gestión pública.
PLANIFICACIÓN: La administración planificada del stock constituye una condición elemental para asegurar el acceso a medicamentos. Si bien en años anteriores se venían identificando mejoras considerables en la gestión del stock, a partir de 2024 se han advertido algunas situaciones de preocupación, fundamentalmente en relación al faltante de varios medicamentos para enfermedades oportunistas y antirretrovirales. Respecto a estos últimos, merece atención los casos de Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg y Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, los cuales se encuentran con sus stocks comprometidos y de cuya disponibilidad depende la salud de casi 60 mil personas con VIH. Esto se encuentra en coherencia con las reducciones presupuestarias observadas, las cuales llevan a que no se concreten las compras necesarias.
PRESUPUESTO: Despierta preocupación la caída sostenida del presupuesto de la DVIHT. Los recortes de partidas continúan afectando la disponibilidad de recursos de la dependencia. Si bien la reducción de los costos afrontados por el Estado puede ser indicativa de que el trabajo de oposición a patentes y la incidencia política por el uso de mecanismos de compra alternativos han permitido la obtención de mejores precios, deviene motivo de alerta su correlación con posibles faltantes de stock que comprometen el sostenimiento de los tratamientos y una ausencia total de políticas preventivas.
CONCENTRACIÓN: Resulta llamativo que una sola compañía farmacéutica, Richmond, concentre más del 60% de la inversión de la DVIHT en medicamentos y reactivos. Más aún cuando se trata de una tendencia creciente en los últimos años, la cual ha estado motorizada mayormente por contrataciones directas. La mayor parte de esta posición dominante se explica por la venta del antirretroviral Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg, cuya adquisición demandó el 43% del presupuesto ejecutado por la DVIHT en 2024.
COMPRAS: Constituye motivo de grave alarma que en 2024 no se haya realizado ninguna compra de medicamentos para enfermedades oportunistas. Consecuentemente, el stock de estos medicamentos se ha visto seriamente afectado; situación que el MSAL buscó disimular entregando información parcial acerca de las existencias a nivel central. Mientras tanto, una voluminosa licitación pública que fue abierta en septiembre de 2024 para la compra de trece de estos medicamentos aún aguarda adjudicación. Es importante remarcar que esto sucede en un contexto donde el gobierno nacional pretende traspasar a las provincias la responsabilidad sobre estos medicamentos.
EL INFORME COMPLETO