ONU Derechos Humanos lamenta la decisión de Venezuela de suspender sus operaciones
Tras el anuncio del gobierno que pidió al personal que abandone el país en un plazo de 72 horas, la Oficina del Alto Comisionado señala que está evaluando los siguientes pasos a seguir y continúa conversando con las autoridades y otros actores.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lamentó el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, de suspender las actividades del organismo y su petición de que el personal abandone el país en las siguientes 72 horas.
La portavoz Ravina Shamdasani dijo que están evaluando los siguientes pasos a seguir. “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, añadió.
El martes la Oficina publicó en X (antigua Twitter) que seguían “con profunda preocupación” la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel. “Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención de desaparición forzada”. Además, el organismo instó a que la liberaran de forma inmediata y a que se respetara su derecho a la defensa legal.
Antes del anuncio de las autoridades venezolanas este jueves, la Oficina señaló en X que tomaban nota de que se había confirmado el lugar de detención de Rocío San Miguel (y, por tanto, su paradero) y que se había puesto en libertad condicional a 4 familiares. “Deben respetarse las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa”, añadieron.
Detención de la activista Rocío San Miguel
El martes, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela* expresó su profunda preocupación por la situación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida por las autoridades venezolanas el viernes 9 de febrero.
La Misión señaló en un comunicado que las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, “cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar”.
“El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido”, dijo la Misión.
La presidenta de la Misión de Investigación, Marta Valiñas especificó que el gobierno de Venezuela debía proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, “sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen».
«Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal», añadió Valiñas.
Labor de la Oficina Técnica
Desde octubre de 2019, la Oficina Técnica del Alto Comisionado presta asistencia técnica y supervisa la situación de los derechos humanos en el país con el objetivo de evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos; aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales; reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas; concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales; y proteger y mejorar el espacio democrático.
*En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2024 con información actualizada sobre sus investigaciones, y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre de 2024.
