Otro miércoles de lucha: la indiferencia del Congreso ante los jubilados
Por Juan Severo
Otro miércoles más, los jubilados y jubiladas se congregaron frente al Congreso Nacional, como lo han hecho ininterrumpidamente durante más de 30 años. Sin embargo, los legisladores que ocupan esas bancas parecen no enterarse, o peor aún, prefieren ignorarlos. Semana tras semana, los adultos mayores hacen oír sus reclamos, exigiendo el derecho a una vejez digna, después de haber aportado décadas de su esfuerzo a la construcción de este país.
En esta jornada, los jubilados ya sabían cuál sería el “aumento” anunciado por el Gobierno. Quienes perciben la jubilación mínima, hoy de $279.121,71, pasarán a cobrar $285.820,63. Es decir, recibirán un aumento de apenas $6.699. Si se divide por los 30 días del mes, esto significa $223,30 diarios. ¿Cuánto se puede comprar con ese dinero en un país donde la inflación devora los ingresos de los sectores más vulnerables?
Para ser justos, el Gobierno también ha anunciado la continuidad del bono de $70.000, lo que llevará el haber mínimo a $355.820,63. Sin embargo, esta suma es apenas un paliativo y no una solución estructural. Los bonos no forman parte del haber jubilatorio, lo que significa que en cualquier momento pueden ser eliminados. Además, no impactan en la movilidad jubilatoria ni en los futuros cálculos de ajuste. En otras palabras, el Gobierno sigue sin reconocer que la jubilación mínima debería garantizar un piso digno, sin necesidad de parches discrecionales.
El ajuste sobre los jubilados es evidente y brutal. No se trata solo del insuficiente aumento de haberes, sino también del desmantelamiento del sistema previsional. La eliminación de las moratorias previsionales y la intención de reformar el sistema para reducir derechos han encendido las alarmas. Mientras tanto, el Congreso sigue sin tratar proyectos de ley que apunten a una solución real.
Detrás de las cifras, hay historias de vida. Personas que trabajaron toda su vida y que hoy no pueden afrontar los gastos de medicamentos, alimentos y servicios esenciales. Mientras tanto, los funcionarios discuten sobre estrategias políticas y los legisladores evitan dar la cara. ¿Cuánto tiempo más seguirá esta indiferencia? ¿Hasta cuándo los jubilados tendrán que salir a la calle para que se les reconozca lo que por derecho les corresponde?
La lucha de los jubilados no es solo suya. Es una lucha de toda la sociedad. Porque lo que hoy ocurre con ellos es el destino que nos espera a todos si no se defienden los derechos previsionales. No es caridad, es justicia. Y la justicia no puede seguir esperando.
