Paros, movilización y cacerolazo ante la suspensión de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
Al igual que con Discapacidad, el Gobierno promulgó y al mismo tiempo postergó la implementación de las leyes respaldadas por el Congreso tras los vetos. Otra vez, el argumento es que no hay plata.
Redacción Canal Abierto | A una semana de las elecciones y en el marco de una semana caliente de protestas, Javier Milei finalmente promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, al filo del vencimiento de los plazos legales. Ambas habían sido ratificadas por el Congreso de la Nación el 2 de octubre.
Sin embargo -y al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad– en el mismo movimiento el Gobierno suspendió su aplicación, alegando que las normas incumplen con la ley 24.156 que dispone que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. En definitiva, que no hay plata.
Tanto en el decreto 759 que promulga la Ley de Financiamiento Universitario, como el 760, sobre Emergencia Pediátrica, el Ejecutivo cuestiona “que haciendo caso omiso a la disposición citada, y a pesar de los gastos que conlleva la medida propuesta, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN evitó indicar fehacientemente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” que la aplicación de las leyes suponen para el Estado Nacional.
En relación a la ley que es bandera de lucha de los trabajadores y familias de pacientes del Hospital Garrahan, el Ejecutivo señala que ésta tendría un costo fiscal de algo más de 196 mil millones de pesos. Y cuestiona que se disponga como fuente de financiamiento la reasignación de fondos del Ministerio de Salud, ya que este ya presenta un déficit. Si se implementa la ley –sostiene el decreto- “deberían desfinanciarse programas sanitarios vigentes y erosionar recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”. Como si esto ya no estuviera ocurriendo, pero por las medidas de ajuste implentadas por el Gobierno.
Un argumento idéntico se esgrime al suspender la ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial, que según el decreto, tendría un costo fiscal de un billón sesenta y nueve mil millones de pesos.
La respuesta del Garrahan y las universidades
Tras conocerse los decretos, los sectores afectados por la suspensión de la aplicación de las leyes, que ya venían de una agenda nutrida de acciones de lucha -recordemos que el sábado se realizó una caravana conjunta a la Quinta de Olivos- ratificaron las medidas y anunciaron nuevas.
Los trabajadores del Hospital Garrahan llevaban adelante un paro de 24 horas cuando se conoció la medida, y ante la novedad ratificaron la manifestación a Plaza de Mayo prevista para esta tarde, “junto a la AGD-UBA, el colectivo de discapacidad y otras organizaciones, por la inmediata aplicación de las tres leyes”.
En diálogo con Canal Abierto, el titular de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, denunció que los decretos son “un nuevo atropello a reclamos populares muy sentidos”.
“No sorprende y nos preparábamos para una estrategia oficial de dilatar al máximo posible la aplicación de la ley, cuya legitimidad esta fuera de toda discusión. Fue votada cuatro veces, dos en Diputados, dos en Senadores, y es producto de una lucha inmensa del Garrahan”.
El secretario general de la junta interna además advirtió que, a pesar del bono que consiguieron para reforzar los salarios, la crisis se agrava en el Hospital. “Continúan las renuncias, continúan los pedidos de reducción horaria -no para vivir mejor sino para ir a completar ingresos con otros empleos afuera-, continúa la reducción de áreas sensibles, y el deterioro de la infraestructura”, explicó.
Por su parte, ATE Nacional anuncio que evalúa la posibilidad de realizar un nuevo Paro Nacional ante la suspensión al financiamiento del Garrahan.
“No podemos naturalizar que gobiernen al margen de la ley y contra la Constitución nacional. Es intolerable semejante degradación democrática. Desde hace tiempo se cumplen las causales para el Juicio Político”, indicó Rodolfo Aguiar, titular del sindicato estatal.
En paralelo, la Asociación de Profesionales del Hospital, que también se plegó al paro de 24 horas, convocó a todos los sectores a un cacerolazo, a las 20.30 de hoy. Y anunció que denunciará penalmente a los integrantes del Ejecutivo y que le pedirá al Congreso que avance con el Juicio Político a Milei, Lugones (Salud), Luis Caputo y Guillermo Francos. También insistió con el reclamo a la CGT para que convoque a un paro.
“No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’: una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, expresaron en un comunicado.
Por su parte, los trabajadores universitarios nucleados tanto en CONADU como CONADU Histórica llevan adelante una jornada de 48 horas de paro, en el marco de toda una semana de acciones de visibilización que había comenzado el 14.
