Petri despliega un operativo militar y Bullrich amplía el Plan Güemes

El Gobierno nacional puso en marcha un doble despliegue que articula acciones del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, y del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en busca de avanzar en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las redes de crimen organizado que operan en la región fronteriza con Bolivia, Paraguay y Brasil.

Por un lado, el titular de Defensa, Luis Petri, lanzó la denominada “Operación Julio Argentino Roca”, que ya involucra a más de 10.000 efectivos en zonas rurales estratégicas. Por otro, la ministra Patricia Bullrich amplió el Plan Güemes con nuevas zonas críticas bajo investigación y una coordinación binacional para monitorear vuelos ilegales.

La operación comandada por Petri fue formalizada mediante el Decreto 1112/2024, en línea con la Ley de Defensa Nacional, y establece una presencia permanente de hasta 1.300 efectivos en terreno. El despliegue se realiza fuera de los pasos fronterizos oficiales y se enfoca en áreas alejadas de los centros urbanos, con el propósito de recabar información estratégica para la defensa nacional.

Según informaron desde la cartera de Petri, la dotación militar incluye drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicación avanzados y un avión de observación Diamond. El personal fue entrenado bajo las Reglas de Empeñamiento y recibió nuevo equipamiento de protección individual, con la premisa de adaptarse a los distintos escenarios geográficos del norte y noreste argentino.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó un acto en el Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional en el que anunció una ampliación del Plan Güemes, el esquema que diseñó su cartera para abordar el narcotráfico en la frontera salteña.

Entre las principales medidas, Bullrich confirmó que Orán y Aguas Blancas serán declaradas zonas especiales de investigación, en el marco de la Ley Antimafia, lo que permitirá a la Justicia disponer de mayores herramientas para desarticular estructuras criminales.

“Sabemos quiénes son y dónde están. Vamos a ir por cada banda y vamos a recuperar cada metro que el narcotráfico haya tomado”, aseguró Bullrich y adelantó que las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza serán incorporadas al operativo territorial.

En ese contexto, Aguas Blancas será escenario de una intervención física con la construcción de un alambrado de 200 metros de extensión y 2,5 de altura. La decisión fue formalizada por el gobierno de Salta y respaldada por la Nación como una forma de evitar el ingreso clandestino por zonas sin vigilancia.

El interventor municipal, Adrián Zigarán, explicó que el alambrado complementará el muro existente que, según detalló, era “saltado con frecuencia por quienes ingresaban mercadería o droga de manera ilegal”.

La iniciativa generó una reacción inmediata del Gobierno de Bolivia, que expresó su “preocupación” por lo que consideró una “medida unilateral” que podría afectar la convivencia bilateral. Zigarán respondió que el país vecino “está mal informado” y pidió mayor presencia boliviana en los pasos legales.

En este contexto, Bullrich anunció un acuerdo técnico con Bolivia para establecer un sistema de vigilancia conjunta del espacio aéreo. Este permitirá que los vuelos que ingresen desde territorio boliviano sean reportados en tiempo real a las autoridades argentinas, facilitando la interceptación de posibles vuelos ilegales.

“Vamos a recuperar el control de nuestras fronteras con decisión política, tecnología y cooperación internacional”, sostuvo la Ministra. También mencionó que se reactivaron radares, drones y centros de comando que estaban fuera de servicio, para integrarlos a una red coordinada entre fuerzas armadas, seguridad, justicia y gobiernos provinciales.

El nuevo paradigma en seguridad fronteriza de Bullrich y Petri

El operativo lanzado por Petri, junto a la fase ampliada del Plan Güemes impulsada por Bullrich, se presentan como los pilares del esquema federal de control fronterizo para 2025. Con apoyo tecnológico, despliegue militar y marcos legales específicos.

Desde Casa Rosada aseguran que el Ejecutivo busca prevenir delitos transnacionales y devolver la seguridad a comunidades afectadas por el avance de redes ilegales. “La frontera no puede ser una zona liberada. Vamos zona por zona, sin ceder un centímetro a los criminales”, sentenció Bullrich.