Piden la detención e indagatoria de diez militares por torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas

Redacción Canal Abierto | El fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Rapoport, solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria de diez militares por aplicación de tormentos contra tres soldados conscriptos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Es en el marco del procedimiento en el que se investiga a las autoridades castrenses con asiento en las Malvinas por ordenar y cometer delitos calificados como crímenes de lesa humanidad contra los jóvenes convocados al Servicio Militar Obligatorio y arrastrados a combatir en las islas.

Se trata de la causa que lleva el expediente 1777 de 2007, caratulado “Pedro Valentín Pierre y otros sobre delitos de acción pública”, paralizada en espera de una resolución de la Corte Suprema.

“Son nuevas denuncias que se incorporan a la causa madre y que obviamente pasan a integrar ese expediente que es gigantesco. Estamos hablando de una megacausa en la que hay más de 200 denuncias y cerca de 130 militares imputados por esos delitos. Estamos esperando poder avanzar”, explica en diálogo con Canal Abierto Jerónimo Guerrero Iraola, abogado representante de una de las querellas, la del Centro de Excombatientes de La Plata (Cecim La Plata) a quienes acompaña la Comisión Provincia por la Memoria (CPM).

En 2017, junto a una delegación del CECIM y la CPM, viajó Norita de Cortiñas a las islas para acompañar la lucha de los ex combatientes porque se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura cometió en territorio insular. La Madre de Plaza de Mayo también se sumó a la lucha por la identidad de los soldados sepultados como NN y denunció con su presencia en Malvinas la amenaza que implica la fortaleza militar británica en Monte Agradable.

La causa se inició en 2006, y las primeras actuaciones del juzgado federal de Río Grande son de enero del año posterior. Sin embargo, desde mayo del 2021 no tiene avances, luego del pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó por mayoría que otros hechos similares a los denunciados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos.

Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes ante la Corte Suprema, y la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto optó por aguardar la decisión de la Corte Suprema para continuar con el desarrollo de la investigación. “A nivel de primera instancia, estamos esperando que la jueza nos permita avanzar con la indagatoria y el procesamiento de esta gente”, explica Guerrero Iraola.

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El CECIM La Plata ha presentado diez recursos extraordinarios ante la Corte. El presente requerimiento de Rapoport se incorpora a la causa madre y el fiscal realiza un pedido concreto de llamado a indagatoria y de detención; sobre la base de eso la jueza tiene que resolver. “Yo creo que va a suspender los pedidos hasta tanto resuelva la Corte; lo que nosotros le estamos diciendo a la jueza es que deje de dilatar, porque ya estamos en condiciones de continuar el proceso”, concluye el abogado querellante.

Los argumentos del fiscal

“Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, sostiene Rapoport en su requerimiento y remarca que “la falta deliberada de alimentos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”, para argumentar sobre la imprescriptibiilidad de estos delitos cuestionada con un recurso a Casación por parte de una de las defensas.

La cantidad de casos, la recurrencia de los métodos de castigo, demuestra un modus operandi. Según el fiscal este accionar “demuestra que cada uno de los hechos delictivos que integran esta presentación no sólo contó con ejecutores directos, sino también con personas que ordenaron la comisión de esos crímenes y generaron las condiciones para su ocurrencia”.

En las presentaciones de la fiscalía consta que las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron durante la guerra diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos, como los “estaqueamientos”, “enterramientos” con la tierra al cuello y la inmersión en aguas heladas.

Nuevos hechos

La nueva presentación del fiscal Rapoport es a partir de las denuncias de dos hechos ocurridos en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, en la Isla Soledad, en la zona de Puerto Argentino, en perjuicio de tres soldados.

El primer hecho, de fines de mayo de 1982, ocurrió cuando uno de los soldados debía realizar un cambio de guardia con su compañero, quien se quedó dormido debido a la falta de alimentación y de sueño por los constantes bombardeos nocturnos. Con esta excusa dos cabos los castigaron: fueron atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados, y mantenidos en esa posición durante toda una noche.

Luego de caer prisioneros de los ingleses entre el 10 y el 12 de junio, fueron devueltos al continente en el buque Canberra. Arribaron a Puerto Madryn y de allí fueron enviados a Campo de Mayo, donde les hicieron firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido en las islas.

El otro hecho fue denunciado por un ex conscripto del Chaco que narró los constantes malos tratos y discriminación recibidos por su condición de indígena. A fines de mayo del 82, fue castigado sin razón aparente y fue estaqueado: lo ataron de pies y manos sobre una roca, con la ropa puesta pero con la chaqueta desabrochada. En el testimonio aportado, el ex combatiente calculó que fueron alrededor de cinco horas, en las que nevó y lloviznó. Cuando lo desataron, regresó a su carpa con dificultades para moverse por el frío.

Igual que sus compañeros de desgracia, al regresar a la guarnición de Campo de Mayo le hicieron firmar papeles para comprometerlo a “no hablar” sobre lo acontecido en las islas.

¿Cómo sigue la “Causa Malvinas”?

“Entendemos que la Corte Suprema tiene que de una vez por todas fallar en línea con lo que ha hecho el Procurador General de la Nación que ha sostenido que en este caso hay un deber de investigar por parte de la Justicia argentina. Estamos hablando de torturas en Malvinas, estamos hablando de gravísimas violaciones a los derechos humanos y hay una obligación del Estado que no puede ser omitida”, concluye el abogado del CECIM La Plata.

En su declaración, Guerrero Iraola se refiere al dictamen del 18 de noviembre de 2022 en el que el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en el que estableció ante la Corte Suprema que correspondía hacer lugar al recurso extraordinario formulado por el fiscal general Javier de Luca ante la Cámara Federal de Casación y dejar sin efecto la sentencia del máximo tribunal penal, en tanto resulta arbitraria “por haberse abocado a la consideración de una sentencia no definitiva y reemplazado el criterio de los jueces a cargo de la instrucción en materia propia mediante un examen parcial de las cuestiones pertinentes y sin expedirse sobre todos los planteos que resultaban conducentes para la solución del caso, que además constituyen cuestiones de insoslayable carácter federal”.

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En diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible un reclamo presentado en relación a esta causa por el CECIM. Luego de examinar los pormenores del caso y toda la información aportada por la agrupación de excombatientes y sus abogados, se espera que en 2025 se pronuncie.