Plenario Nacional de la Coalición por una Comunicación Plural, Federal y Democrática

Hace dos décadas, se inició un colectivo multisectorial y federal con el objetivo de democratizar el acceso a la información y superar las restricciones impuestas por la dictadura militar en los medios de comunicación. Se propuso entonces una agenda destinada a equilibrar las voces en radio y televisión, limitar la concentración mediática, fomentar la participación de nuevos actores y promover la producción nacional tanto informativa como cultural.

La Coalición por una Radiodifusión Democrática (como se la denominó originalmente) desarrolló una plataforma de 21 puntos que fue debatida en foros a nivel nacional, culminando en la sanción de una ley en 2009. Esta ley contó con el apoyo de la mayoría de la población, de legisladores de diversos partidos y del Poder Ejecutivo Nacional, liderado en ese entonces por Cristina Fernández de Kirchner. La normativa, respetuosa de los estándares internacionales de libertad de expresión, fue reconocida globalmente y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema en 2013.

La ley estableció una Comisión Bicameral, una Defensoría del Público para representar a las audiencias, y un Consejo Federal multisectorial. Sin embargo, su implementación fue obstaculizada por políticas ineficaces y por una justicia alineada con intereses económicos y mediáticos poderosos. Estas trabas judiciales impidieron la adecuación de los medios con posiciones dominantes hasta que, en 2015, el gobierno entrante comenzó a desmantelar la ley mediante decretos. Los órganos de control fueron entregados al gobierno, lo que llevó a una mayor concentración del mercado, debilitando el federalismo y la concepción de la comunicación como un derecho humano—a una situación que persistió incluso durante el mandato entre 2019 y 2023.

Afectación de derechos ciudadanos

La gestión actual ha intensificado la situación, utilizando decretos y facultades extraordinarias que han afectado los derechos ciudadanos. El incremento de la pobreza y la recesión económica han sido acompañados por ataques a la prensa, que incluyen amenazas, procesos judiciales, insultos a periodistas y cierres de medios. Esto ha marcado un ataque sin precedentes a los derechos de los trabajadores de la comunicación.

Las políticas del gobierno contra los trabajadores se reflejan también en la pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de empleos y los ataques a las organizaciones sindicales. El gobierno de LLA ha actuado en contra de las normas democráticas al desmantelar, mediante decretos, los medios públicos y las instituciones de fomento sectorial. Además, ha intervenido en los órganos reguladores de la comunicación y la Defensoría del Público, socavando la autoridad del Congreso Nacional.

Intervención y ajustes

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Radio y Televisión Argentina (RTA) y los medios públicos han sido sometidos a un ajuste extremo y a la pérdida de sus funciones legales. En el caso de la agencia Télam, se ha clausurado el servicio informativo, mientras que la programación regional de Radio Nacional ha sido reemplazada por contenidos centralizados desde la capital.

Este panorama ha generado un «apagón informativo», con el silencio cómplice de medios que anteriormente defendían un sistema público sin injerencia gubernamental. Los fondos destinados por ley para promover el cine nacional, el teatro argentino, la música independiente, los medios comunitarios e indígenas, y la conectividad en zonas vulnerables han sido detenidos.

Discrecionalidad de la pauta publicitaria

El uso discrecional de la pauta publicitaria afecta la sostenibilidad de medios pymes, comunitarios, universitarios y cooperativos, creando un estado de emergencia informativa y cultural que compromete la calidad de la democracia. Hace 20 años, la lucha era contra la oscuridad dejada por la dictadura; hoy, el desafío proviene del mundo virtualizado de las redes, las plataformas y la inteligencia artificial, que impactan en el trabajo, las profesiones y los contenidos.

Un nuevo sujeto social, político y cultural exige nuevas agendas inclusivas, mecanismos de representación y un nuevo modelo comunicacional. Por eso, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) plantea, a 20 años de su creación, los siguientes puntos:

1. Cese inmediato de las intervenciones en los medios públicos, ENACOM y la Defensoría del Público, para reemplazarlas por las autoridades legalmente establecidas.
2. Restablecimiento pleno de los fondos de fomento sectorial creados por ley, con financiamiento específico para medios comunitarios e indígenas, el cine, la música independiente, la cultura y el acceso digital.
3. Respeto al federalismo informativo, cumpliendo con las cuotas de producción local y nacional, restableciendo a Télam como agencia informativa federal y devolviendo los contenidos locales a Radio Nacional.
4. Sanción de una ley de publicidad oficial que ponga fin a la discrecionalidad en el uso de fondos, apoyando un sistema informativo plural e independiente.
5. Actualización y modernización de las leyes 26.522 y 27.078 para adaptar la regulación al entorno digital, garantizando equidad fiscal y promoviendo producciones nacionales frente a las plataformas globales.
6. Implementación de un programa de salvataje para las MiPymes periodísticas gráficas afectadas por la desregulación del precio del papel.
7. Pleno funcionamiento del Fondo de Servicio Universal y defensa de ARSAT para ampliar la red de fibra óptica con un enfoque federal, promoviendo la soberanía científica y tecnológica.
8. Desarrollo de una política nacional de Alfabetización Mediática e Informacional, fortaleciendo el uso crítico de las nuevas tecnologías y ampliando las facultades de la Defensoría del Público para representar a las audiencias y usuarios digitales como sujetos de derecho. (InfoGEI)Ac

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