¿Por qué nadie habla de los costos de la energía?

Por Coyunturas | “Pagábamos muy poco”, en relación a los costos de los consumos energéticos, ha sido instalado como un vox populi. Para desarmar la madeja de discursos interesados y las traducciones de los voceros mediáticos consultamos a  Gustavo Lahoud, magister en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional) y especialista en Geopolítica de la Energía.

La omisión de la cuestión de los costos de la energía en el debate público deja afuera un problema central. ¿Se le puede explicar a las personas a las que les hicieron creer que “pagábamos poco” cuál es el meollo de esta cuestión?

-La trama de beneficios que las empresas energéticas obtienen está en relación directa con las características de funcionamiento oligopólico del mercado y con la carencia y/o debilidad de políticas regulatorias efectivas por parte del Estado nacional.

El subsector hidrocarburífero, que comprende las actividades del petróleo y el gas, funciona desde hace décadas sobre la base de un ocultamiento deliberado de las estructuras de costos y de formación de precios de sus distintos eslabones.

Por ejemplo, las empresas integradas, como YPF y Axión Energy, que exploran, extraen y luego refinan y distribuyen combustibles. Durante buena parte de 2023, los eslabones de estas empresas que extraen petróleo, comercializaron el barril de crudo a los eslabones de refinación en un rango de precios que osciló entre 56 y 58 dólares.

Por su parte, estas mismas empresas y otras, como Vista Oil and Gas -la firma capitaneada por Miguel Galuccio, ex CEO de YPF-, exportan crudo de la cuenca neuquina y del golfo San Jorge a precios que han oscilado entre 70 y 75 dólares por barril durante 2023. Más allá que nuestras exportaciones sufren un descuento por calidad en los mercados internacionales –donde la comercialización de petróleo ha tenido picos de 90 dólares durante el año– y, por ende, no reciben esos valores como pago por barril exportado, lo cierto es que hay una diferencia que oscila entre 15 y 20 dólares por barril, entre la comercialización interna y la exportación que no es debidamente explicada.

Pero, lo más complejo, es que nadie se pregunta si los precios de venta en el mercado interno -entre 56 y 58 dólares el barril- guardan alguna relación con la estructura de costos del sector. Este asunto es omitido deliberadamente.

Si se observa que YPF o Axion son empresas integradas en la producción de petróleo, es decir, producen, refinan y distribuyen, puede pensarse que están en condiciones de estructurar sus operaciones por eslabones de tal manera de hacer más eficientes las operaciones y de absorber posibles aumentos de costos en el propio funcionamiento de la cadena.

Pero, la base del problema sigue siendo que no conocemos los costos de exploración, extracción y desarrollo de campos petrolíferos, de manera tal que no hay información adecuada y suficiente para justificar que el precio del barril se cotice entre 56 y 58 dólares en el mercado interno. Más, cuando la información parcial existente indica que, según números de la empresa Vista Oil en sus propios balances, los costos de extracción y desarrollo oscilan en torno a los 11 dólares por barril. Luego, no sabemos cómo se calcula el resto de costos para llegar al precio por barril que incorpora lo que podríamos llamar ganancia normal del operador, de manera tal que su rentabilidad quede resguardada. Sin embargo, la opacidad en la formación de precios en este sector, sigue siendo una característica predominante del funcionamiento del sistema.

Por otro lado, veamos un ejemplo concreto en la problemática de los impuestos. El Estado nacional resigna, desde hace años, la actualización de los impuestos a los combustibles y el dióxido de carbono con el objeto de que el impacto del precio final en surtidores repercuta menos en los bolsillos de los consumidores. Esta actualización deber hacerse trimestralmente siguiendo el índice de evolución inflacionaria.

Sin embargo, la falta de actualización impactó directamente en las cuentas fiscales del Estado nacional, ya que estos son impuestos nacionales. Según un informe de la consultora especializada Economía y Energía, el Estado se perdió de recaudar US$ 480 millones en 2021, US$ 1.800  millones en 2022 y cerca de US$ 2.500 millones en todo 2023 por el  retraso en la actualización de estos impuestos. Hacia fines de 2023, y si se considera el trienio 2021-2023, el valor del retraso de estos impuestos acumuló 254%.(Fuente: https://econojournal.com.ar/2023/11/el-gobierno-vuelve-a-postergar-el-cobro-del-impuesto-a-los-combustibles-y-deja-de-recaudar-us-4-800-millones-en-tres-anos/)

La contracara de ello fue el brutal ajuste en los precios de los combustibles en 2023, que sumaron 260% acumulado, contra una inflación minorista que cerró el año en 211%.

Días antes de la asunción de Milei y en el primer mes de su gobierno, se realizaron tres ajustes en surtidores que implicaron un aumento de alrededor de 115%.

¿Qué se buscó con ello?, ¿Cómo se justificó? Los voceros empresariales, periodísticos y gubernamentales repiten la letanía de siempre: precios “retrasados”, “reprimidos” en relación a la evolución de los precios relativos y de la inflación. Ahora, si no conocemos adecuadamente la estructura de costos de las firmas, ¿sobre qué bases razonables pueden justificarse ajustes de estas dimensiones? Asimismo, cuando se habla de la estructura de precios relativos, ¿de qué hablamos? El retraso, ¿en relación a qué costos? La conclusión de todo ello es que en muy poco tiempo las empresas han acumulado rentabilidades escandalosas sobre las espaldas del conjunto de la comunidad, desde usuarios hasta comerciantes y pequeños y medianos industriales, que ven cómo los aumentos sucesivos de los combustibles impactan en sus propias estructuras de costos. ¿Qué mirada sistémica se preserva aquí? No existe. Simplemente, el nudo interés del oligopolio cuyas rentabilidades sectoriales son puestas permanentemente en un cono de sombras.

Es notable que estos datos, sumado al opaco funcionamiento del sector energético, no hayan sido visibilizados por el anterior gobierno cuando, en el contexto del tramo final de la campaña electoral de cara al ballotage, las chances de Massa se vieron perjudicadas por el faltante de combustibles que se agravó entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2023. Es importante recordar que, junto a este ocultamiento, se produjo una situación gravosa que nunca fue debidamente investigada y que tuvo en el centro de las miradas a YPF. Nos referimos a que un conjunto de cargamentos que estaban listos para ser despachados en la zona portuaria de Campana y que correspondían a importaciones de combustibles realizadas por YPF, no pudieron ser incorporadas a tiempo porque el Banco Central no había girado los dólares necesarios para el pago cash de esas importaciones, en un contexto de falta de dólares y de debilidad macroeconómica.

Además, meses antes se habían decidido paradas técnicas de refinerías no sólo en YPF, sino en otras empresas como Axion, lo cual agravó el panorama de deterioro por el débil funcionamiento regulatorio. Asimismo, el rol de YPF, donde el Estado nacional ostenta el control mayoritario de las acciones, quedó totalmente relegado y/o postergado, de manera tal que el Estado omitió utilizar como agente regulador y estabilizador de mercado a la empresa testigo, que ostenta el 45% de la producción de petróleo y el 30% de la producción de gas natural y controla el 56% de la comercialización de combustibles líquidos en Argentina.

La cuestión de la homologación de los precios internos a los precios internacionales es otra actitud curiosa del nuevo gobierno que nos hace pegar un tiro en el pie como país.

-Es otro costado relevante que tiene que ver con la cuestión de los costos que se omite en el debate público. El caso, por ejemplo, de la situación del gas natural. La mirada del gobierno libertariano hace eje en nacionalizar los llamados precios de exportación de los bienes energéticos, de tal manera de integrarnos a la dinámica desregulada del mercado internacional. Este paradigma obstruye la posibilidad de un desarrollo autónomo y diversificado del mercado interno y de la actividad productiva, ya que es un esquema pensado para la maximización de renta vía exportación creciente.

Respecto de la “nacionalización” del llamado export parity o precio de exportación en el mercado interno, es importante tener en cuenta que, respecto del gas natural, los precios en los mercados de referencia que nuestro país toma para la exportación -ligados al índice Henry Hub de los Estados Unidos- se ubican en un promedio de 2.7 dólares por millón de BTU hacia noviembre de 2023. Ello debe contrastarse con el precio interno promedio que se ha informado en las audiencias públicas sobre el gas natural desarrolladas el pasado 8 de enero de 2024. Allí, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, informó que ese precio en dólares llega a los 4,11 por millón de BTU, lo que implica que, a las empresas productoras se les reconoce un diferencial de precios que es más de 70% mayor al mercado de referencia estadounidense. Esto constituye una verdadera exacción sobre el pueblo argentino que no puede pasarse por alto. ¿Por qué no aplican, en el caso del gas natural, la “regla de oro del export parity”?

Estos ejemplos permiten observar cómo el accionar del Estado, sea por omisión o por complicidad, termina por consagrar el interés corporativo por sobre el conjunto de la comunidad. Por ende, el Estado deja de recaudar montos millonarios en impuestos no actualizados, al tiempo que deja hacer al empresariado –un empresariado que no compite y se dedica a obtener ganancias de mercados cautivos- en su carrera demencial por maximización de captura de renta a costa de los consumidores.

Todo ello se estructura a partir de la omisión sobre los costos en el debate público, lo cual hace que el funcionamiento del sistema sea opaco, difuso y proclive a la consolidación del interés de la casta corporativa empresarial. Por ende, cuando se repite como una letanía que pagamos poco por la energía, que no puede ser que paguemos migajas cuando por otros servicios o bienes pagamos mucho más en términos relativos, hay que comenzar a exponer situaciones como las que comentamos.

Finalmente, la segmentación en el funcionamiento del sistema energético, vigente desde las normas desreguladoras y privatizadoras de los ‘90, ha consolidado una puja creciente de empresas y grupos económicos de la energía por maximizar rentas en diversos contextos macroeconómicos e institucionales. La piedra de toque de ese funcionamiento descansa sobre el ocultamiento del debate central que se omite de manera permanente: “son los costos, estúpido”, como dijimos en ocasión de una nota hace un par de años en revista Ignorantes[1].

¿Cuál es el problema de fondo respecto de la cuestión energética? ¿Se viene un nuevo tarifazo como en tiempos de Macri?

-El problema de fondo en la cuestión energética es la ausencia de una mirada sistémica que se haga cargo de la urgente prioridad de planificar la política pública en función del conjunto de la comunidad.

En tal sentido, partimos de un paradigma diferente. Desde nuestra óptica, la energía es un bien de interés público, estratégico, crítico para el eficiente funcionamiento del conjunto de la economía. Ello porque los precios de la energía impactan en un conjunto de insumos y costos fundamentales para el adecuado funcionamiento de la actividad productiva nacional. Es muy sencillo: energía cara y escasa y, más aún, destinada crecientemente a la exportación a partir de la nueva ofensiva desreguladora y liberalizadora encarada por la administración Milei, supone encarecimiento del esquema productivo de buena parte del entramado industrial, comercial y de servicios de la economía argentina.

Pero, la ausencia de esa mirada sistémica e integrada que se reclama desde hace décadas, es la que ha permitido que se consoliden los intereses sectoriales de una actividad en donde la existencia de grupos económicos oligopólicos es la norma de estructuración del mercado.

Respecto de la posibilidad que se instrumenten nuevos tarifazos en los servicios de luz y gas, podríamos decir que es inminente que, entre febrero y abril se produzcan diversos ajustes en las tarifas en función de la evolución de las audiencias públicas y de las decisiones que el Poder Ejecutivo Nacional avale finalmente.

Debe recordarse que, durante la administración Macri, los primeros ajustes de tarifas decididos en 2016 se toparon rápidamente con la resistencia y la inviabilidad social. Sin embargo, ello no fue obstáculo para la convalidación de un esquema de ajustes dolarizados que está en la base de la irracionalidad de la política energética nacional.

Por su parte, se incorporan criterios que suponen la posibilidad de encarar cambios significativos en materia tarifaria. Ello supone establecer nuevas condiciones de acceso a los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, como así también aspectos ligados a posibles cambios en los esquemas de segmentación de tarifas. Asimismo, faculta a la Secretaría de Energía a quitar subsidios eléctricos y en materia de gas natural. Todo ello implica la posibilidad de establecer esquemas de consumos básicos para ambos servicios que seguramente estarán en línea con los criterios dominantes de maximización de la renta empresarial, en detrimento del nivel de vida de las mayorías.

¿No te parece que debería volver a discutirse alguna forma de estatización de los servicios energéticos, dado que estamos permanentemente corriendo detrás de la rentabilidad de grupos finalmente beneficiados por mercados cautivos? 

-Estimamos que es fundamental poner en discusión un nuevo paradigma de planificación y regulación pública de la energía en Argentina. En tal sentido, podría encararse una política en dos fases temporales. En primer lugar, el Estado, a través de YPF y Enarsa, debe recuperar el rol director y regulador del conjunto del sistema energético. En tal sentido, es importante maximizar la eficiencia en materia de costos, esta vez transparentarlos, y encarar un camino de mayor transparencia en el funcionamiento global del sector. En ese camino, el Estado puede asumir un rol estratégico en garantizar un camino de inversiones programadas y debidamente ejecutadas en todo el sector gasífero y eléctrico, al tiempo que las empresas operadoras privadas pueden ejercer el rol de operadores de las redes de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica. En este camino, el Estado debe garantizar el adecuado funcionamiento en materia de calidad de servicio y atención al usuario, al tiempo que se transparenta la discusión sobre costos operativos, inversiones imprescindibles y tasas de ganancias normales.

En un segundo tiempo de reformas más profundas, debe encararse un debate estratégico. La reconstrucción del conjunto del sistema energético bajo el paradigma de nuevas empresas públicas con participación de usuarios, trabajadores y Estado en roles claramente delimitados. Se trata, en concreto, de pavimentar el camino para la salida definitiva del modelo desregulador-privatizador que rige los destinos del anárquico sistema energético desde hace más de tres décadas. En ese sendero, debe incorporarse al debate público la idea de la energía como bien comunitario y estratégico, apostando a la consolidación de un paradigma basado en la idea de patrimonio común, contrapuesto a la mirada individual, rentista, productivista y exportadora.

* Está a cargo el seminario sobre Recursos Naturales Estratégicos en América Latina, Geopolítica y Desarrollo, en la Universidad del Salvador y en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Fundación Más Derechos por Más Dignidad. Autor del libro Contra el tarifazo (Red Editorial, 2018). Asesor legislativo en política exterior y energía entre 2008 y 2015.