Presupuesto 2025: el ajuste en educación y ciencia será aún mayor que el de este año
Amparándose en la delegación de facultades otorgadas en la Ley Bases, Milei busca eliminar los recursos mínimos que estipula la ley. Ayer aseguró que “compete al mercado o los gobiernos subnacionales” hacerse cargo de escuelas, hospitales y la investigación científica.
Redacción Canal Abierto | Anoche, durante la presentación del Presupuesto 2025, Milei dijo claramente que si fuera por él destinaría cero pesos a la educación, la ciencia y tecnología o la salud.
En otras palabras, no considera que estas funciones deban ser promovidas o financiadas por el Estado nacional. En cambio, sí reconoce como central el superávit fiscal, siempre con miras al pago de la deuda externa (como dejó bien en claro este domingo frente a un hemiciclo legislativo semivacío).
“Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales”, lanzó.
Hasta ahí, los dichos de un mandatario acostumbrado al show, la puesta en escena y la pirotecnia verbal. Sin embargo, esta madrugada se conoció el texto del proyecto oficialista y fueron varias las sorpresas.
Para unos, el aumento de varios impuestos (retenciones y el gravamen sobre los combustibles, por ejem). Con excepción, claro, de bienes personales, el tributo que afecta a los mega ricos. Según el análisis del ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, la presión impositiva “pasaría del 22,37 del PIB en 2024 a 22,92% en 2025”.
Para otros, aunque con menos difusión que lo primero, el polémico ajuste en educación y ciencia, que podría ser aún mayor que el sufrido en este 2024. Amparándose en las facultades delegados otorgadas con la Ley Bases, Milei busca eliminar los pisos mínimos presupuestarios para educación (6% del PBI) y ciencia (1% del PBI) que estipula nuestra legislación.
En concreto, es el artículo 27 del proyecto el que propone suspender las normas de financiamiento votadas por unanimidad por las fuerzas políticas en el Congreso.
