Según la resolución, la venta de AySA se concretaría en dos etapas. La primera contempla la transferencia de, al menos, el 51 por ciento de las acciones a un operador estratégico del sector, lo que marcaría el traspaso de su control operativo. La venta estará a cargo del Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Posteriormente, en la segunda etapa de la operación, se ofrecerá el resto del paquete accionario en bolsas y mercados del país, sin la contemplación de las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696. En esta línea, tampoco se aplicará en ese momento el Programa de Propiedad Participada.

En la normativa, se argumenta que la venta de AySA es importante porque la actual administración de Javier Milei detectó que la empresa operó de forma deficitaria desde su creación, por lo que dependió de forma constante del Estado nacional. Según el Gobierno, entre 2006 y 2023, el Tesoro Nacional transfirió a la compañía unos 13.400 millones de dólares.

El Ejecutivo, además, afirmó que, a pesar de la asistencia estatal, hubo un deterioro progresivo en la eficiencia y productividad de la empresa, con un aumento sostenido de costos operativos. Asimismo, mencionó la necesidad de inversiones en infraestructura, que no podría afrontar el Estado, sin comprometer la reducción del déficit fiscal, una de las banderas del Gobierno.

Seguirán los aumentos

Por otra parte, el decreto señala que el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, será el responsable de garantizar que el proceso de privatización no afecte la continuidad del servicio público de provisión de agua. Además, tratará de adecuar los compromisos de la firma a su capacidad real de ejecución e inversión.

De esta manera, se fijó un plazo de cinco años que servirá como período de transición desde la eventual adjudicación al nuevo concesionario. En este lapso de tiempo, se aplicará de forma progresiva el nuevo régimen regulatorio para evitar desajustes en la ecuación económica y financiera del contrato, por lo que se espera que continúen los aumentos tarifarios en el servicio.