¿Qué dice el acuerdo con Estados Unidos sobre el Paraná?

Redacción Canal Abierto | La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial dieron a conocer el contenido del acuerdo que la Administración General de Puertos hizo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

El tratado fue hecho público en marzo por el embajador norteamericano en Buenos Aires Marc Stanley, quien presentó la medida como una forma de “compartir experiencias y conocimientos en la operación eficiente, rentable y sostenible de puertos y vías navegables”.

Si bien a partir de entonces, y de comunicaciones de la AGP, el acuerdo fue dado a conocer, sus objetivos y alcances quedaron en declaraciones generales como las hechas por Stanley, pero el contenido fino del memorandum no se hizo público.

Fue por ello que las organizaciones realizaron un pedido de acceso a la información pública para obtener el texto firmado. A partir de un análisis del mismo, destacaron que “es imposible entender este marco como una colaboración de partes iguales. El rol histórico y actual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos debe entenderse como una cesión de injerencia territorial, política social y cultural sobre el territorio y las instituciones locales”.

Y advirtieron que detrás de la colaboración en principio técnica, el acuerdo introduce implicancias que evalúan como “profundamente políticas”. En tal sentido destacan que el ejército norteamericano podrá tener control sobre políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos;  cuestiones de políticas públicas hídricas; gestión de cuencas hidrográficas; preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat; sedimentación y dragado; expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones y capacidad para “diseñar ecosistemas” y compromisos de investigación y desarrollo.

Otro aspecto que señalan como preocupante es que el acuerdo no haya sido elaborado con un mayor grado de participación. En tal sentido, sostienen que “en primer paso, un acuerdo de tan enorme implicancia debería ser ratificado en el Congreso Nacional. En segunda instancia, las provincias involucradas, quienes son las titulares de los bienes naturales, deben también ser consultadas y hechas partícipe de la decisión”. Y afirman que “esta falta de consenso va en contra de los principios fundamentales del federalismo y la democracia ambiental”.

Otro punto que revelan las organizaciones es que si bien el tratado se firma y da a conocer bajo el gobirerno de Javier Milei, el mismo fue iniciado por la AGP durante el mandato de Alberto Fernández y cuenta con la firma del entonces interventor José Carlos Beni. “Esto significa que el acuerdo fue realizado a espaldas de la población y de la institucionalidad política y democrática. Sólo dándose a conocer al público cuando la actual gestión ratificó este rumbo”, expresa el texto de Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial .

La situación del Paraná fue un tema candente a poco de iniciar el gobierno del Frente de Todos, cuando en noviembre de 2020 se firmó el decreto 494/20 en el que se licitaba la concesión privada del río “para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”.

Las organizaciones firmantes plantean que “desde una perspectiva jurídica e institucional, es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique este Memorándum o cualquier acuerdo posterior que afecte a programas, proyectos o investigaciones en estas áreas. Además, es crucial señalar que la realización de proyectos concretos o actividades en las cuencas debe ser respaldada por convenios vinculantes y sujetos a la legislación vigente en cada provincia”.

Y alertan que el nuevo tratado vuelve a poner en cuestión la problemática en torno a “la divulgación de información y la falta de transparencia en el proceso. Restricciones sobre la divulgación de informes y programas podrían limitar el acceso a información crucial para la toma de decisiones informadas por parte del público y las autoridades pertinentes”.

En otro párrafo, se establece que “es imposible desligar esta avanzada de las declaraciones de altos rangos de Estados Unidos en torno a garantizar a cualquier costo su propio acceso a los mal llamados `recursos naturales´”.

Y que “la injerencia de actores externos en nuestro territorio sólo fomenta un mayor extractivismo y una mayor primarización de la economía. Esto profundiza y pretende fijar el rol de los países del Sur Global como proveedores de naturaleza”.

“A medida que se pierde capacidad de decidir sobre los propios territorios, el avance del extractivismo descontrolado exacerba las grandes afectaciones que atraviesa el sistema de humedales que compone la cuenca del Paraná”, observa luego.

“Es necesario instar a una revisión inmediata de este Memorándum de Entendimiento y a la necesaria conformación de un Comité de Cuenca que integre a los diferentes sectores sociales, culturales y ambientales que deben tener fundamental voz en la gobernanza y en la participación política de las decisiones alrededor de la cuenca del Río Paraná y cualquier proyecto que la modifique. La protección y conexión con nuestros ríos y ecosistemas es fundamental para el bienestar de nuestro país y su población”, concluye el texto.

Fuente: https://canalabierto.com.ar