¿Qué hay detrás del Presupuesto 2025?

Redacción Canal Abierto | El Gobierno espera aprobar  lo antes posible la Ley de Presupuesto que la semana pasada presentó Javier Milei en el Congreso y que como dato llamativo pero no novedoso establece una Regla Fiscal, según la cual si o si debe garantizarse el déficit cero. Los designados para negociar con la oposición son José Luis Espert en Diputados y, en Senadores, Ezequiel Atauche, más conocido por el video viral en el que aparece borracho discutiendo con policías de tránsito.

Si bien es pronto para prever qué camino puede tomar el proyecto, para el economista Claudio Lozano la discusión de fondo es que, en esta ocasión, la tradición parlamentaria que sugiere que siempre es mejor tener una “ley de leyes” a no tenerla, para así evitar darle mayor discrecionalidad al Ejecutivo, no tiene validez. “¿Por qué? Porque este Presupuesto establece la Regla Fiscal, que en la práctica le otorga total discrecionalidad al Presidente”, señala.

En diálogo con Canal Abierto, el dirigente de Unidad Popular y extitular del Banco de la Nación detalla que esa cláusula encierra una trampa: si bien estipula que las partidas que se pueden recortar en pos del déficit cero son solo las de carácter discrecional, en el mismo proyecto suspende la vigencia de leyes que fijan las partidas automáticas o de pisos mínimos.

Un estudio del Centro de Economía Política –CEPA- que coordinan la diputada (Unión por la Patria) Julia Strada y Hernán Letcher pasa revista  de los artículos del proyecto que dejan sin efecto los mínimos legales de financiamiento de partidas, a los que se refiere Lozano.

Estos son:

-El artículo 68 que deroga el carácter móvil de las asignaciones familiares (asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral). Así, el monto de la asignación y quién la percibe quedaría a discreción del Poder Ejecutivo.

-El artículo 27 que suspende para 2025 un conjunto de normativas legales que establecen pisos mínimos de partidas para educación, ciencia y técnica, educación técnica y – llamativamente- reequipamiento para las Fuerzas Armadas. Así, el Poder Ejecutivo podrá reducir dichas partidas a discreción.

– El artículo 21, sobre las Obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El Gobierno solo asegura el pago automático por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. En los restantes casos, no se precisa el momento ni la forma de pago, explica el CEPA.

Otro de los que se refirió a la estrategia del Gobierno en el Congreso es Guillermo Michel, ex director general de Aduana. Para él, la Regla Fiscal tiene un objetivo político: que la oposición no la convalide, para así calificar a los diputados y senadores como “degenerados fiscales” y, finalmente, tratar de mantener la prórroga presupuestaria para en un año electoral administrar de manera discrecional las partidas, explicó en diálogo con La Política Online.

Así las cosas, la táctica del Ejecutivo parece estar destinada, ante todo, a blindar la arbitrariedad. Quedará ver qué cartas juegan la oposición, y los gobernadores, a los que se les pidió ajustar sus gastos en U$D 60.000 millones, que luego se corrigió a U$D 20.000 millones..

No hay dos sin tres

Otro punto preocupante del proyecto tiene que ver con la eliminación de la normativa que obliga a cumplir con la Ley de Administración Financiera a la hora de canjear bonos de deuda. La normativa establece ciertos parámetros para garantizar que la negociación sea favorable para el país. Así, indica que se pueden llevar adelante reestructuraciones de deuda siempre y cuando: se reduzca el capital adeudado, se reduzca la tasa de interés y/o se reduzcan los plazos.

No es la primera vez que se intenta avanzar con una medida de estas características. “Tal como fuera establecido en la versión original de la Ley Bases (y luego retirado), este proyecto busca otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo para la reestructuración de deudas”, se lee en el informe del CEPA, en un capítulo titulado “Se viene la segunda”.

Pero como no hay dos sin tres, ayer el Gobierno insistió con una medida similar, pero acotada a los bonos en dólares bajo ley local (en el Presupuesto también entran los bajo ley extranjera). Lo hizo por decreto y a escondidas, metiendo la disposición en medio de un DNU que versa sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES.

Para Hernán Letcher, coordinador del CEPA, esto tiene que ver directamente con otro punto flojo del presupuesto: la disponibilidad o no de dólares para pagar los vencimientos de la deuda. “Se supone que Argentina tiene o tenía los dólares para pagar el vencimiento de enero (…)  Entonces la pregunta es, ¿tenías los dólares o nunca los tuviste?”.

Y es que como explican desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Lozano, “la principal contradicción” del Presupuesto 2025 -además de las previsiones de inflación y crecimiento- está dada por el frente externo, donde el Gobierno proyecta tener un saldo comercial positivo de USD 20.748 millones. Pero –advierten- esto no considera el impacto del actual esquema de liquidación de exportaciones denominado “blend”.

Ese mecanismo permite una fuga del 20% de divisas hacia los mercados financieros del dólar, en una magnitud equivalente al saldo comercial proyectado. Esto, precisan desde el IPyPP, “compromete la capacidad financiera del Gobierno para hacer frente al pago de los servicios de deuda con dólares genuinos en un escenario de reservas netas negativas”.

Y es que para el saldo comercial previsto, con este esquema, “el BCRA prácticamente no recibiría ni un sólo dólar de la actividad comercial”. Para el Instituto “la cuestión se agrava” porque hay una subestimación de las importaciones para el nivel de actividad proyectado.

Sobre el decreto para canjear bonos sin control también se expresó Cristina Fernández de Kirchner, en un posteo en el que también habló de los incendios en Córdoba y que motivo un cruce en redes con Luis “Toto” Caputo.

“¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”, planteó CFK y desató la ira del ministro de Milei.

Yo veo al futuro repetir el pasado

Luego de la presentación de Javier Milei, además de la comidilla en torno al desplome de las audiencias, las redes también se hicieron eco de lo parecido del planteo del Gobierno libertario con el que llevó Fernando de la Rúa al Congreso en julio de 2001, a través de la Ley de Déficit Cero.

La norma –anunciada entonces por el ministro de Economía Domingo Cavallo y por Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo- establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Si ese fuera el caso, todos los gastos debían reducirse de manera proporcional, incluyendo partidas como las jubilaciones y los salarios.

Gracias a esta ley se les recortaron en un 13% los salarios de los empleados públicos (incluidos docentes y trabajadores de la salud), y las jubilaciones y pensiones.

Pero además, en el año 2002, la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que se popularizó como “fallo Tobar”.

Para el CEPA, si en su aplicación la “regla fiscal” afecta efectivamente las remuneraciones salariales del sector público u otro tipo de prestaciones de carácter alimentario, como las asignaciones familiares, “podría darse un caso similar al resuelto por la Corte Suprema en 2002”.

Claudio Lozano coincide en que la Regla Fiscal tiene “la misma lógica” que aquella ley de 2001, “con el agravante de que el déficit cero, en contextos de derrumbe de la actividad económica, no tiene ninguna viabilidad”. “Porque cuando la actividad económica se derrumba la recaudación se derrumba, que es lo que ha venido ocurriendo desde que asumió Milei”, apunta el economista. “Con lo cual, tal como fue en 2001, el déficit cero se convierte en una estrategia del ajuste perpetuo”.

A eso se suma el agravante de la sequía de dólares. Como vimos antes, “en la práctica, no hay saldo comercial”. “Eso implica que además de ajuste perpetuo, el Presupuesto de Milei obliga a la Argentina a un mecanismo de endeudamiento perpetuo”, explica Lozano. Entonces, “la búsqueda del gobierno de acá a la caída de los vencimientos es la búsqueda de endeudarse, con lo cual es la lógica de siempre”.

“Y además es una señal de inconsistencia política”, añade. “El Presidente dice que viene a garantizar la deuda pero su política no garantiza los dólares para poder pagarla”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar