¿Qué le depara el destino a los jubilados en la Argentina?

Por Juan Severo | Foro Matanzero

Junio llega con otro golpe más a la dignidad de los jubilados argentinos. Mientras desde los despachos oficiales intentan maquillar la situación con porcentajes y bonos que no se actualizan, la realidad golpea con crudeza: la jubilación mínima será de 374.000 pesos, incluyendo un bono discrecional de 70.000 pesos que no se toca desde marzo. Todo esto, frente a una canasta básica para personas mayores que, estiman, ya supera los 1.300.000 pesos. ¿Cómo se explica tanta distancia entre lo que cuesta vivir y lo que se paga por una vida de trabajo?

Algunos intentan disimularlo con tecnicismos o comparaciones antojadizas. Pero la verdad es cruda: estamos ante una situación de emergencia moral. Porque si un país no cuida a quienes trabajaron toda su vida. ¿Qué futuro puede prometerle a los que hoy aún están activos?

Las cámaras federales, con sus recientes fallos, han empezado a poner sobre la mesa lo evidente: el Estado nacional les debe a los jubilados, y esa deuda no es sólo económica, es una deuda social, histórica y política. Porque incluso aplicando las fórmulas de movilidad del gobierno anterior (la Ley 27.609) o el decreto actual (274/24), el resultado es el mismo: los haberes quedaron aplastados por la inflación, con una pérdida estimada del 40% al 50% de su poder adquisitivo.

Es indignante que el bono de 70.000 pesos siga siendo el mismo desde marzo, que no se actualice con la inflación y que, encima, no se incluya en el cálculo del aguinaldo. Es decir, los jubilados cobran poco, mal y tarde. Y a veces ni siquiera eso: hay miles que no acceden al bono porque su haber supera por unos pocos pesos el tope impuesto. Así, mientras en algunos despachos se discute si aplicar el índice salarial, la inflación o la recaudación como variable de ajuste, en los hogares de los jubilados se discute qué se puede comer hoy con lo poco que entra.

Más de 100.000 sentencias firmes esperan ser pagadas. Más de 350.000 juicios en curso. Pero en lo que fue  del 2024, el Estado apenas pagó 5.000 sentencias. ¿Eso es justicia? ¿Eso es política previsional?

El presidente Javier Milei hace un poco mas de un año dijo que los jubilados son «víctimas» de la herencia que se recibió del Gobierno anterior porque «continúan atados a una fórmula» que «requiere ser modificada». Hoy los trata como estorbo presupuestario. Desde los más altos cargos del Gobierno se repite el mismo mantra: ajustar, recortar, achicar el Estado. Pero cuando ese ajuste se ensaña con quienes ya no tienen posibilidad de reinsertarse laboralmente, con quienes necesitan medicación y asistencia para sobrevivir, ya no hablamos de economía, sino de crueldad institucionalizada.

Los jubilados no pueden esperar más. No pueden hacer un juicio que tarda siete años en resolverse. No pueden vivir con un bono que tarda dos meses en cobrarse. No pueden seguir mendigando migajas mientras ven cómo se multiplican los privilegios de los poderosos.

¿Qué les depara el destino? El destino depende de nosotros. De si permitimos que este abandono continúe. De si, como sociedad, exigimos que se apliquen fórmulas dinámicas, justas, equitativas. De si entendemos que un país sin memoria y sin justicia para sus mayores está condenado a repetir los mismos errores con sus jóvenes.

Porque al final, todos —más tarde o más temprano— seremos jubilados. Y entonces, quizá, miremos atrás y nos preguntemos por qué no hicimos más cuando todavía podíamos.