¿Qué sucedió durante 2023 en materia ambiental?

Argentina experimentó un desafiante escenario ambiental durante 2023. El año estuvo marcado por problemas de larga data y acontecimientos que afectaron el entorno, desde la deforestación recurrente hasta la crisis económica y política, lo que contribuyó a un panorama complejo.

A lo largo del año, la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se enfocó en cumplimentar el acceso a la información ciudadana y en proporcionar material que sirva de base como una herramienta a futuro, tal es el caso del Informe del Estado del Ambiente 2022 o la publicación del libro Uso Sostenible del Bosque, aportes desde la silvicultura argentina.

En tanto, la intensa actividad electoral del año generó una parálisis legislativa que afectó proyectos claves como la falta de avances en la protección de humedales y la gestión de envases.

Incendios y sequías

El 2023 arrancó mal en lo que respecta al ambiente, ya que tan solo en enero sucedieron diversos acontecimientos como la prorrogación de la emergencia ígnea hasta el 2024, gracias a la cantidad de focos activos en distintas provincias del país, los incendios incontenibles en la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

El sector agrícola anunció pérdidas millonarias en la última campaña productiva gracias a la sequía más extendida conocida hasta el momento: un 55% del país se vio afectado por este fenómeno. Las economías regionales cayeron junto a las exportaciones agroindustriales.

En el ámbito económico, la inflación descontrolada, la devaluación de la moneda y la escasez de reservas llevaron a recortes presupuestarios, impactando programas de conservación.

Extractivismo

En cuanto a conflictos ambientales, la «fiebre del litio» en Jujuy generó tensiones con comunidades indígenas. En Santa Cruz, las mega represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic enfrentan resistencias, mientras que la explotación petrolera plantea riesgos en San Matías.

El Mar Argentino enfrentó amenazas significativas, desde prospecciones sísmicas hasta la construcción de un puerto petrolero, poniendo en peligro la fauna marina y desencadenando un conflicto con la comunidad local que en primera instancia había logrado frenar la iniciativa con una medida judicial, pero que después quedó desacreditada gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Deforestación

Según un informe de la AGN, el 40% de la superficie continental argentina se encuentra bajo condiciones de desertificación y tan solo en la provincia de Chaco se evidenció un aumento significativo del 70% de deforestación de las tierras de bosques nativos. La falta de cumplimiento de la Ley de Bosques y la asignación insuficiente de recursos plantean desafíos significativos.

Tal como lo confirmó la ONG Greenpeace, la deforestación en el norte del país va en aumento tras realizar un relevamiento de imágenes satelitales que determinaron que en los primeros seis meses del año se desmontaron 51.600 hectáreas, 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas).

Desmontes en el norte del país:

• Chaco: 24.522 hectáreas
• Santiago del Estero: 19.040 hectáreas
• Formosa: 5.804 hectáreas
• Salta: 2.234 hectáreas

Según la legislación, el dinero asignado para la correcta aplicación de la Ley de Bosques debería ser equivalente al 0,3 % del presupuesto anual de la Nación, algo que nunca sucedió desde que la ley está vigente. De hecho, en el presupuesto proyectado para 2024 apenas alcanza el 7,37% de lo que debería ser.

Menos glisofato y más ganadería integrada

A pesar de los desafíos hubieron desarrollos positivos, como el Plan de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada y la Ley de Promoción de Producción Orgánica, que buscan abordar la expansión de la ganadería y promover la agroecología. Santa Fe lideró la verificación de la producción agropecuaria libre de deforestación. Asimismo, la provincia de Misiones sancionó la Ley de Promoción de Bioinsumos que prohíbe el uso de glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia.

El 2023 en Argentina revela una compleja intersección entre los esfuerzos ambientales, las crisis económicas y políticas, y los desafíos en la gestión de recursos naturales.

¿Y la participación ciudadana?

En reiteradas oportunidades las poblaciones locales manifestaron la ineficiencia de un sistema transparente que permita una participación ciudadana en las modificaciones de las normas relacionadas al ambiente.

En el caso de la minería en Río Negro, donde la Justicia local anuló un recurso de amparo presentado por las comunidades para evitar la exploración y extracción minera en El Bolsón sin poseer el relevamiento territorial y la consulta ciudadana que establece la Ley. Algo similar ocurrió en el sector de la costa de Río Negro, con la modificación a puertas cerradas y sin consulta popular de la Ley 3.308 que protegía al Golfo de San Matías de la prospección petrolífera.

Cambios para 2024 propuestos por DNU

El miércoles 20 de diciembre de 2023, el Presidente de la Nación, Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que cuenta con más de 300 puntos a derogar o modificar sobre las normativas argentinas. Hay puntualmente cinco que están relacionados al ambiente: la derogación a la Ley de Tierras, la privatización de empresas públicas de Energía, la desregulación de dos normas relacionadas a la Minería, la eliminación de la Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y Ley de Promoción Industrial, y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego.

Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina aseguraron que “el DNU es inconstitucional y genera efectos regresivos en materia socio ambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre los bienes comunes”. 

Si bien todas las modificaciones perjudican al ambiente, para la Asociación la derogación de la Ley de Tierras conlleva directamente a la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros, por lo que tiene un grado más de peligrosidad ya que en el proceso de extranjerización de los suelos fértiles. «El DNU escasea fundamentos específicos para una derogación total o parcial de algunas normativas que son de extrema relevancia ambiental y no se justifica desde ningún punto de vista en materia constitucional que se utilice el decreto para esta modificación», explicó Gonzalo Vergez, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas en comunicación con El Auditor.info.

El abogado puntualizó que “nuestro sistema democrático utiliza otra metodología para tratar este tipo de cuestiones en donde se necesita la intervención y la participación obligatoria del Congreso”.

Para la Asociación el DNU está intervenido por un enorme grupo de empresarios con los que se vienen enfrentado en los últimos años y que son quienes participan de los procesos extractivos de los distintos territorios argentinos. “Venimos de una situación de extrema gravedad que se ve potenciada ya no por el lobby que interviene y que trata de incidir, sino directamente por la redacción directa por parte de estos empresarios de la industria, la megaminería, el agronegocio y toda la cadena alimentaria”.

“Con esta intervención por parte de cada uno de los empresarios, nosotros entendemos que el DNU a toda vista es básicamente el planteo de un plan de negocios, solamente el inicio de todo lo que se va a venir”, finalizó Vergez.

Qué dicen los informes de la AGN

La Auditoría General de la Nación relevó distintos programas relacionados a los recursos públicos y a la preservación de las riquezas naturales.

En relación a la desertificación, la AGN señaló el escaso cumplimiento de las gestiones de cuidado del medioambiente y se identificaron graves falencias en la implementación del Programa de Acción Nacional desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020. También evaluó la eficacia de las políticas y medidas para la protección de Parques Nacionales y detectó que de 40 recomendaciones realizadas en 2016, solo se habían resuelto ocho.

La Auditoría también participó en un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008 para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Los informes indicaron problemas en el acceso a servicios de cloacas, contaminación por vertidos cloacales e industriales, y deficiencias en el trabajo de ACUMAR.

Por otro lado, evaluó la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar y advirtió una ausencia de monitoreo de lagos cercanos a glaciares, señalando un riesgo potencial catastrófico debido a los desbordes que podrían generar aluviones.

En cuanto a la gestión de la Secretaría de Minería, examinó el manejo de Pasivos Ambientales Mineros y se observaron fallas en la administración y en la estandarización de marcos normativos con falta de acciones de fortalecimiento y regulación sobre la gestión de residuos.

La AGN realizó varios informes sobre la aplicación de la Ley 26.331 para la Protección de Bosques Nativos y se destacaron debilidades en el ordenamiento territorial y la falta de coordinación con las provincias generando fallas en la coherencia ecorregional y en la definición de bosque nativo. La Secretaría de Energía también fue analizada por la Auditoría y se hallaron programas subejecutados, falta de coordinación y acciones insuficientes para garantizar el cumplimiento de compromisos.

A su vez, la AGN publicó un informe sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad de aplicación de la Ley de Manejo de Fuego. A pesar de que la normativa tiene 10 años de vigencia se detectaron deficiencias debido a su falta de reglamentación, escasa dotación de recursos humanos y la ausencia de un plan que articule políticas preventivas o de colaboración, ni tampoco alertas anticipadas para combatir incendios.

Fuente: https://elauditor.info