¿Qué tiene que ver un campesino de Santiago del Estero con el exalcalde de Miami?

Por Elisa Corzo | Días atrás una ONG estadounidense denunció al Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo López Alzogaray, por “graves violaciones a los derechos humanos”. El Instituto Interamericano para la Democracia lo acusó de despojar al campesino Manuel Ardiles de sus tierras y obligarlo a abandonar su propiedad, haciendo uso de su posición de poder como máxima autoridad judicial de la provincia.

Lo llamativo es que la institución patrocinante, con sede en Miami y que es presidida por el exalcalde esa ciudad, tiene una línea ideológica más bien distante a la reivindicación de los derechos territoriales. Las curiosidades también se encuentran a nivel local: el abogado de la causa es un dirigente del PRO que defendió a Rodrigo Posse, expresidente de ese espacio político en la provincia, quien estuvo dos días detenido en 2022 acusado de integrar una asociación ilícita para sacarle tierras a los campesinos.

El despojo a Manuel Ardiles

La causa que ahora escaló internacionalmente tuvo su cénit en 2022, cuando la justicia de Santiago del Estero le dio la razón a López Alzogaray, quien reclamaba su derecho de propiedad con una cédula real de 1803 y desalojó a Manuel Asensio Ardiles de 23 de las 30 hectáreas en las que vivía, cultivaba y criaba animales en el paraje de Chaguar Punco, en el departamento de Robles. El campesino había presentado la documentación que acreditaba que su “campito” se encontraba inscripto a nombre de su padre desde el año 1977, pero esta fue desestimada.

En enero de 2023, una delegación del Instituto Interamericano para la Democracia encabezada por Armando Valladares, presidente del think tank y ex embajador de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por el abogado ecuatoriano Marcel Feraud, estuvo en Argentina y se entrevistó con el campesino y su abogado, Juan Parra, así como con  autoridades judiciales y ejecutivas de la provincia, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También le encargó un análisis del expediente al Estudio argentino Odriozola y Curutchet.

Con el resultado de esa pesquisa, se elaboró el informe que fue presentado el pasado viernes 13 de septiembre en Miami y que concluyó que el proceso había presentado  “irregularidades” y “violaciones de Derechos Humanos” por parte de “las autoridades judiciales de Santiago del Estero que han intervenido en el caso analizado”, y del “Presidente del Tribunal de Justicia de dicha Provincia, Dr. Federico López Alsogaray”.

En la presentación, los integrantes del IIEd informaron que ese fin de semana, por el del 14 de septiembre, estarían nuevamente Buenos Aires para entrevistarse con las autoridades argentinas, entregarles el informe y exigir una investigación exhaustiva.

De conservadores y golpistas

Ahora bien, ¿qué es el Instituto Interamericano para la Democracia? Según la página web institucional, es “un think thank privado sin fines de lucro” con 13 años de trayectoria, cuyo objetivo es “la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas”.

Aunque se presenta como “un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas”, que se sostiene solo con “donaciones de entidades corporativas”, en los currículos de sus integrantes -la mayoría latinos exiliados- figura que se han desempeñado en los más altos cargos de gobierno, tanto en Estados Unidos como en países de América Latina, en general, en gestiones de derecha, de signo conservador y hasta en dictaduras.  En Argentina, su conexión más evidente es con el macrismo, como muestra la foto de portada de esta nota.

Tomás Regalado, el que aparece sujetando una camiseta de Boca con su nombre, es el Presidente de la entidad. Se trata de un político cubano disidente que llegó a ser alcalde de Miami durante ocho años. Es titular de medios como Radio Martí News, que difunde contenido anticastrista y antichavista y que según señala el periodista Boyanovsky Bazán en un informe publicado en Tiempo Argentino a propósito de la participación de Mauricio Macri en un evento organizado por el IIED en 2021, responde a la línea del senador republicano, Marco Rubio. Por si quedaban dudas, en 2020, al asumir en su cargo, Regalado advirtió que el IIED “no era una institución de progres”. 

Su director ejecutivo y principal alfil es Carlos Sánchez Berzaín, un abogado y politólogo boliviano que fue ministro de distintas áreas durante los gobiernos del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre los ‘90 y los 2000. En el libro  “Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado”, editado por CLACSO, Berzaín aparece como parte del “entramado de relaciones con la derecha golpista boliviana que construyó la salida forzada de Evo Morales e instauró el régimen de Áñez”.

Entre los consejeros del IIED se encuentran el ya mencionado exembajador Armando Valladares, y -dato de color- nuestro coterráneo Guillermo Lousteau Heguy, padre del senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau. 

Guillermo no parece tan apegado a las ideas democráticas como su hijo y los valores que detenta la entidad a la que aconseja: entre 1980 y 1982 fue secretario de Turismo de la última dictadura cívico-militar rubro en el que se especializaría, pero desde el ámbito empresario. Fue director de la línea aérea Austral, director general del centro de esquí Penitentes, en San Martin de los Andes, presidente de la Cámara Argentina del Turismo, y de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya.

También parece tener estrechos lazos con España: es Caballero de la Orden de Corpus Christi (Toledo, España), Caballero de la Orden del Cardenal Cisneros (España) y miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica.

Como resume Boyanovsky Bazán en su nota, en el IIED se encuentran “todos representantes de la derecha más conservadora, que ha servido de sostén a las luchas apuntaladas desde el norte contra toda expresión popular, progresista o de izquierda en la región, apoyando incluso, con acciones intelectuales y políticas, golpes como el ocurrido en Bolivia contra Evo Morales”.

La disputa política por la tierra

Para entender mejor cómo conecta el IIED con un campesino en Santiago del Estero hay que bajar al monte, donde la trama en torno al caso Ardiles también suma curiosidades. Como explican fuentes del Movimiento Campesino e Indígena, en diálogo con Canal Abierto, el abogado de la familia del campesino, Juan Parra, es un abogado del PRO ligado a las máximas autoridades del partido en la provincia.

De hecho, el letrado fue defensor del exdiputado provincial y expresidente del PRO en Santiago del Estero, Rodrigo Posse, quien en 2022 estuvo dos días detenido acusado de integrar una asociación ilícita, encabezada por empresarios de Buenos Aires -los Masoni- para quitarle 250 mil hectáreas a campesinos de las zonas cercanas a Los Juríes.

Como explicó el propio Posse en una entrevista con Gonzalito Rodríguez en América 24, los Masoni tienen estrechos vinculos con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y de ahí vendría el encono judicial. “Tienen muchas hectáreas en Santiago del Estero”, pero las explotan “hace 60 años”, “con títulos perfectos”, agregó para deslindar responsabilidades.

Así, según Posse, las motivaciones detrás de la causa eran puramente políticas: “El Gobernador, que maneja a discreción la Justicia en Santiago del Estero, sabe ajusticiar a quienes nos animamos a pensar diferente”, afirmó. En esa línea también se expresó la Mesa Nacional del PRO, aunque más tímidamente. La misma Patricia Bullrich retuiteó un comunicado en el que afirmaba que la causa carecía de sustento jurídico, que era “arbitraria “ y “extemporánea”. 

Pero según cuentan desde el MOCASE, Posse tampoco sería un mero perseguido político. Así, señalan que estaría vinculado con un espacio formado hace poco, llamado Santiagueños en defensa de la Tierra, integrado por empresarios locales “que usurpan partes de territorios de comunidades o familias vecinas”, y que mantienen una confrontación abierta con el movimiento campesino, tal como se puede ver en las redes sociales de la entidad ruralista.

Mientras -explican- en Santiago del Estero, “los conflictos de tierra siguen”, con “un sistema judicial y un sistema catastral que tiene  una deuda histórica” con el sector. Así, en abril pasado un campesino integrante del MOCASE Vía Campesina, Fabián Martínez, fue asesinado en el paraje San Francisco, en el noreste provincial, por grupos armados que responderían a la empresa fabricante de alcohol y del fernet 1882, Porta Hermanos.

“No hace una semana que también hubo un grupo armado en la zona de Pellegrini, Copo, en Figueroa. Y en la zona de Moreno, Quimilí, hay ordenes de desalojo que están por llegar en cualquier momento”, describen. “Y cualquier momento para las familias es una tortura”, subrayan desde la organización campesina de Santiago del Estero.

En este marco, tanto el de Manuel Asensio Ardiles como el del joven Mauro Coronel, asesinado  en una comisaría de Santiago del Estero en 2020, son ejemplos de casos en los que “efectivamente la Justicia no ha tenido respuesta para las familias”, pero que “la gente de PRO” toma con el objetivo de pegarle al gobierno provincial.

“Las dos son causas injustas, las toman y así es que las están impulsando hasta en el ámbito que has visto para pegarle al gobierno aquí”, simplifica este dirigente del MOCASE que conoce bien el paño, aunque la trama, en la que surgen acusaciones cruzadas, rufianes, negocios, jueces y políticos de todas las nacionalidades, luce más que compleja.

Fuente: https://canalabierto.com.ar