¿Qué va a hacer el Gobierno de Milei por las mujeres que sufren violencia de género?

Redacción Canal Abierto |  El viernes pasado, el Gobierno de Javier Milei despidió a 458 trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, hoy degradado a subsecretaría. De esta manera, desguazaba a un organismo que en diciembre del año pasado contaba con una planta de 1200 agentes, que tras la primera ola de despidos de marzo quedó recortada a la mitad y que hoy queda en pie con poco más de 140 trabajadores.

Así, el área encargada de atender urgencias, brindar asesoramiento y acompañamiento a mujeres y personas LGBT en situación de violencia de género, y a familiares de víctimas, perdió al 85% de sus trabajadoras. Se trata, por ejemplo, de quienes atienden la Línea 144, o garantizan que llegue el programa Acompañar, una prestación básica para quienes están en una situación de riesgo “alto o altísimo” y necesitan autonomía económica para alejarse de los agresores.

Te puede interesar: ATE se manifiesta en distintos organismos ante una nueva ola de despidos en el Estado

El propio Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, del que pasó a depender el área en la gestión Milei, se regodeó de la medida en sus redes sociales, en un mensaje en el que directamente niega la existencia de la violencia estructural por motivos de género. “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS (sic) los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, afirmó.

Días antes, el 6 de junio, su cartera había anunciado el cierre de la subsecretaría a través de un comunicado oficial, y también se informó sobre la renuncia de su titular, Claudia Barcia. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de esas acciones se efectivizó.

Ante este panorama y ante el accionar confuso del Gobierno, distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron acción judicial colectiva para exigirle al Poder Ejecutivo “certezas”. Puntualmente, demandan claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

“Hay una demanda muy concreta en la acción colectiva que tiene que ver con diferencia entre lo que el Gobierno declama en las redes sociales como parte de su pedagogía de la crueldad, para vanagloriarse de destruir políticas y vidas de trabajadores, y lo que después efectivamente hace en la normativa”, explicó Luci Cavallero, de Ni Una Menos, una de las organizaciones demandantes, en diálogo con Canal Abierto.

La activista advirtió que ese accionar “suma a la confusión, y finalmente sucede que una persona que está atravesando una situación de violencia no sabe cuáles son los organismos del Estado que efectivamente van a estar atendiendo esa demanda, y ni que hablar en la vida de las trabajadores y trabajadoras”.

La acción declarativa fue presentada además por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nro. 1 a cargo del Dr. Enrique Alonso Regueira.

Sobre la estrategia, Cavallero reconoció que si bien la Justicia es un ámbito poco favorable y que viene haciendo poco y nada por “ponerle un mínimo freno al autoritarismo del gobierno”, se trata de un terreno “que tenemos que ocupar, porque también nos conecta con el plano internacional”. Así, porque como señalan en la presentación, “con el desguace de las áreas de género, el Gobierno no solo esta destruyendo las políticas públicas sino también incumpliendo los compromisos internaciones del Estado Argentino en la materia, muchos de ellos, con rango constitucional”.

“Totalmente desmantelado”

“El día que llegó el mail (con el telegrama de despido) estaban las compañeras de la Línea 144 atendiendo, yo estaba en la oficina, y de 16 que estaba ahí a 14 les llego el mail. Quedaron atendiendo en esa guardia 2 personas”, contó Fernanda Fuentealba, delegada general de la junta interna de ATE en el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, para graficar de qué se habla cuando se denuncia el desguace total del organismo.

La Línea 144 es además un área de muy alta demanda. Como precisaba el informe de gestión que elaboraron las mismas trabajadoras y presentaron semanas atrás en una audiencia en la Cámara de Diputados, entre 2019 y 2023, la Línea atendió 1.200.000 llamadas y realizó 93.000 intervenciones. Hoy, a nivel nacional, luego del despido del 50% de su planta, quedó con solo 78 trabajadoras.

Te puede interesar: Por primera vez en 30 años, Argentina se podría quedar sin organismo que lleve adelante políticas de Género

Otra área sensible, la de Femicidios, Travestidicios y Transfemicidios también quedó con solo dos personas. “Es imposible llevar el acompañamiento de familiares de ese tipo de delito con dos personas”, denunció la delegada de ATE, y agregó que en una situación similar se encuentran áreas como Base de Datos, Observatorio, Planificación o Cupo Travesti-Trans, en la que quedó una persona o directamente ninguna. En el programa Acompañar, en tanto, solo quedaron 9 trabajadoras.

La situación en las provincias también es altamente preocupante. Muchas de ellas -al menos 7- “quedaron directamente sin presencia territorial”. Y en ese marco, a partir del desmantelamiento del programa Acercar Derechos, llevado adelante por equipos interdisciplinarios de psicólogos, abogadas y trabajadoras sociales, quedaron sin acompañamiento unos 7000 casos de violencia extrema.

Como precisa la acción judicial colectiva, al desmantelamiento del ex Ministerio se suma el anuncio de cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia, “que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia”.

Para Luci Cavallero, quedó claro que el ataque a “la institucionalidad de Género es en el fondo un ataque al movimiento feminista”. “Es curioso el ensañamiento y el énfasis que ponía en la poca eficacia del ministerio de Género, cuando teníamos un ministerio de Economía que tampoco bajaba la inflación o la pobreza”, apuntó.

Ahora, añadió, “estamos viendo cómo procesos de estigmatización, de ataque sistemático, terminan con efectos concretos y estamos viendo que lo que estaba atrás de ese intento de desprestigiar la institucionalidad feminista era quitar políticas públicas que cristalizan de manera parcial, de manera insuficiente, luchas muy concretas que dio nuestra pueblo en el feminismo”, afirmó.