Riachuelo: alertan sobre graves fallas en el plan de saneamiento

La puesta en marcha del plan de limpieza ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, donde viven más de 5 millones de personas, presentó fallas en la gestión y control de las inversiones, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Entre los hallazgos más graves, la AGN encontró que sólo el 26% de lo publicado en las Inversiones PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental), el documento sobre créditos y gastos de los organismos que son parte del plan de limpieza, “está bien clasificado”. Además se detectó que el relevamiento se realizó fuera de término.

La elaboración del documento PISA está a cargo del Departamento de Coordinación de Gestión y Planificación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). El Manual de Información y Control Presupuestario detalla cómo debe realizarse la recolección y control de datos, los plazos de solicitud y presentación de la información, y lo relacionado con su publicación. Sin embargo, al analizarse el trabajo hecho entre enero y diciembre de 2020, la Auditoría encontró “información poco útil y confiable”.

El trabajo de auditoría se llevó a cabo entre abril de 2022 y octubre de 2022. El informe fue aprobado este 2024 por el Colegio de Auditores.

Inconsistencias financieras

Al observar los montos devengados que figuran en el PISA, la AGN no halló coincidencias durante el 2020 con lo registrado en el e-SIDIF, que es el Sistema Integrado De Información Financiera de la administración pública, en lo que refiere a los trabajos de la Cuenca.

De las 16 obras registradas en el documento PISA, que fueron seleccionadas para el informe y que sumaron un presupuesto total de $3.863.465.465, sólo se registró el devengado de $7.411.204 en el e-SIDIF que correspondía a una parte de la ampliación de red de agua potable Domselaar en el Municipio de San Vicente.

Además, si bien la Justicia ordenó que se detallen los presupuestos asignados con las actividades específicas hechas en la Cuenca, la Auditoría detectó que “sólo el 26%” de la información figura de esa manera. El 74% restante se encuentra sin codificar “lo que torna imposible poder controlar mediante el e-SIDIF”.

Según el informe, Avellaneda y San Vicente fueron los únicos municipios que registraron proyectos identificados para la Cuenca con gastos registrados en el e-SIDIF. Sobre este punto, otra de las dificultades indicadas es que hay obras que atraviesan municipios dentro de la Cuenca pero otros no, como por ejemplo el Camino del Buen Ayre, lo que hace que sea difícil segmentar la información por ubicación geográfica.

Problemas en el relevamiento

En referencia a cómo se realizó el relevamiento de los datos para la elaboración de las planillas PISA, la Auditoría observó que ACUMAR no respetó los plazos establecidos para la solicitud de datos a los organismos intervinientes. De 22 notificaciones analizadas, todas fueron hechas fuera de término. Al consultar sobre el porqué de estas demoras, desde el organismo indicaron que se debe a que estaban usando un nuevo manual de procedimiento, pese a que aún no había sido aprobado.

El organismo de control también encontró que las Inversiones PISA sufrieron cambios en su formato y nivel de detalle a lo largo de los años. Estas modificaciones metodológicas en la forma de presentar la información impidieron que se haga un control más preciso. Además, advirtieron que no existe “una forma homologada para las distintas jurisdicciones y subjurisdicciones” sobre cómo presentar y relevar la información que se le envía a ACUMAR.

Por otra parte, la AGN identificó que de 476 obras registradas en Inversiones PISA con financiamiento del Estado, 230 modificaron su presupuesto original alcanzando una suba del 382%. ACUMAR no tiene contacto con los expedientes de las obras. Y otra de las grandes fallas detectadas es que pueden eliminarse o duplicarse trabajos cuando se registra una modificación en la administración nacional.

Personal ¿adecuado?

En lo que refiere al personal de ACUMAR que se encarga de la elaboración del PISA, la Auditoría indicó que “no conoce ni tiene control sobre cómo los organismos recogen la información ni su circuito”. La obtención de la información corresponde a procedimientos internos que no tienen injerencia en la confección de las planillas.

Según el informe de la AGN, el equipo responsable de las planillas Inversiones PISA está compuesto sólo por tres personas: una que maneja los datos y dos colaboradores adicionales que ayudan con revisiones, resolución de dudas y decisiones administrativas relacionadas.

Una de las limitaciones que destaca el organismo de control es que el personal de ACUMAR no tiene forma de constatar ni de cambiar por sistema las modificaciones que se realizaron por cambios de ministerios, de programas, presupuestos u otras cuestiones.

La Auditoría detalló que el personal encargado de Inversiones PISA “no tiene control sobre cómo los organismos recopilan la información ni sobre su proceso de circulación”.

En cuanto a la digitalización, la AGN no tuvo acceso al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), lo que le impidió auditar los expedientes en línea.

La intervención de la Justicia

El informe de la AGN responde a un examen especial determinado por la Corte Suprema de la Nación en el Fallo Mendoza del 8 de julio de 2008. Allí la Justicia estableció que se debe emitir una opinión sobre el proceso de elaboración del PISA, la información publicada y el grado de confiabilidad que se detalla.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un ente interjurisdiccional creado por la Ley Nacional 26.168, con adhesión de las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta entidad coordina el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA), una región habitada por más de 5 millones de personas.