Salario Mínimo, pobreza y el nuevo “verso” del Mileísmo

Por Juan Severo

El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina protege de manera explícita los derechos de los trabajadores y de la seguridad social. Allí se garantiza:

• Condiciones dignas y equitativas de labor.
• Descanso y vacaciones pagadas.
• Salario mínimo, vital y móvil, que asegure al trabajador y su familia una vida decorosa.
• Protección contra despidos arbitrarios.
• Participación en las ganancias de las empresas.
• Organización sindical libre y democrática y el derecho a huelga.
• Seguridad social integral e irrenunciable.

Es decir, no se trata de un derecho negociable ni accesorio: está escrito en la Constitución y, por lo tanto, es obligación del Estado garantizarlo.

Un salario que se volvió ficción

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en Argentina, en teoría, debía funcionar como el piso de dignidad laboral. En la práctica, se ha convertido en una cifra simbólica, cada vez más alejada de la realidad de millones de trabajadores.

Los últimos datos oficiales, fijados por el Consejo Nacional de Empleo en julio y agosto de 2025, ubican al SMVM en $317.800 y $322.200 respectivamente. Sin embargo, según el INDEC, en agosto una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre.
La brecha es brutal: el salario mínimo cubre apenas el 27% de la Canasta Básica Total.

Esto nos enfrenta a una contradicción insalvable: el salario mínimo en Argentina ya no cumple con la función para la que fue concebido. El concepto mismo de “vital y móvil” se derrumba cuando quien lo percibe está condenado a la pobreza estructural.

El espejismo de los salarios públicos y la precarización

La desigualdad también se refleja en el empleo estatal. Mientras trabajadores municipales perciben entre $700.000 y $800.000 —muchos bajo contratos precarios y sin estabilidad—, médicos, docentes y otros estatales apenas alcanzan el millón de pesos, cuando lo alcanzan.
Incluso los sectores con mayor responsabilidad social se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza, o directamente por debajo de ella.

La situación de los trabajadores desocupados y de quienes sobreviven en la informalidad es aún más dramática: muchos se ubican directamente en la indigencia, dependiendo de la asistencia estatal o de redes familiares para no caer en la exclusión total.

Pobreza e indigencia: dos caras del mismo fracaso

La diferencia entre pobreza e indigencia no es un tecnicismo, sino una muestra del fracaso social.

• Pobreza: incapacidad de cubrir la canasta básica total (alimentos más servicios esenciales como salud, transporte, vestimenta).
• Indigencia: no poder cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria.

La indigencia exige respuestas inmediatas —porque significa hambre—, mientras que la pobreza demanda políticas estructurales que garanticen empleo digno, salarios justos y acceso a derechos básicos.

El “verso” repetido: de Washington a Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei insiste en aplicar un libreto conocido: reducción del gasto público, flexibilización laboral, apertura indiscriminada de la economía y ajuste perpetuo. No es casual: es el mismo esquema del Consenso de Washington, que en América Latina siempre trajo el mismo resultado: concentración de la riqueza, desigualdad y deterioro de la vida de las mayorías.

Lo paradójico es que, mientras Milei acusa al “populismo” de hipotecar a las futuras generaciones, sus propias decisiones —endeudamiento con el FMI, destrucción del salario mínimo, ajuste sin red— generan exactamente lo mismo: hambre hoy y deuda mañana.

Una conclusión política ineludible

Cuando un salario mínimo no alcanza ni para cubrir un tercio de la canasta básica, lo que está en juego no es una variable técnica, sino el modelo de país.

La Constitución lo dice con todas las letras: el salario mínimo vital y móvil es un derecho. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en otra promesa vacía.

La pregunta es clara:
¿Vamos a aceptar que el trabajo —que debería ser fuente de dignidad— se transforme en una nueva forma de exclusión social?

El desafío es político y social. Un país que naturaliza que sus trabajadores son pobres se condena a la resignación. Romper con esa lógica del ajuste eterno es urgente, y no será posible sin la participación activa de la ciudadanía, de la juventud y de los nuevos actores sociales, que deben convertirse en protagonistas de una transformación que no puede esperar.