Salario Mínimo y Jubilación Mínima. ¿Dónde Quedan los Derechos Constitucionales en la Argentina Actual?

Por: Juan Severo

El salario mínimo vital y móvil en Argentina se ha establecido en $268.056,50 a partir del 1 de septiembre de 2024, mientras que la jubilación mínima se ha fijado en $225.454,42, con un bono adicional de $70.000, elevando el total a $295.454,42 para aquellos que perciben la jubilación mínima. Aunque estos incrementos pueden parecer un paso hacia adelante, la realidad muestra que estos montos están lejos de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y jubilados, como lo establece el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

El artículo 14 bis garantiza el derecho a un «salario mínimo vital y móvil, que asegure a los trabajadores y a sus familias una existencia digna». Sin embargo, cuando confrontamos estos montos con la realidad económica del país, surgen serias dudas sobre si realmente se está cumpliendo con este mandato constitucional.

Según el INDEC, en junio de 2024, una familia tipo de cuatro miembros necesitó $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no ser indigente. Estos números evidencian una desconexión abismal entre el salario mínimo y las jubilaciones mínimas con la canasta básica total. En otras palabras, los trabajadores que perciben el salario mínimo y los jubilados que reciben la jubilación mínima no solo están lejos de vivir dignamente, sino que se encuentran en una categoría que podría definirse como «trabajadores y jubilados pobres» o, peor aún, «trabajadores y jubilados indigentes».

El concepto de «trabajador pobre» es una contradicción en sí misma. Un salario mínimo vital y móvil debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona y su familia, permitiéndoles vivir con dignidad. Sin embargo, el salario de $268.056,50 no alcanza ni siquiera para cubrir el umbral de la indigencia, mucho menos para salir de la pobreza.

Esto plantea una pregunta crucial, si el salario mínimo no permite a un trabajador superar el umbral de la pobreza, ¿en qué categoría cae ese trabajador? La respuesta es clara y alarmante: en la categoría de «trabajador pobre», lo que contradice frontalmente el espíritu del artículo 14 bis de nuestra Constitución.

La situación de los jubilados es igualmente preocupante. Con una jubilación mínima de $225.454,42 y un bono de $70.000, el ingreso total de $295.454,42 sigue estando muy por debajo de lo necesario para evitar la pobreza. Esto coloca a nuestros jubilados en una posición de vulnerabilidad extrema, donde el concepto de una «vida digna» en la vejez se convierte en una utopía inalcanzable.

Si tomamos en cuenta que la jubilación mínima debería permitir a nuestros mayores vivir sin preocupaciones económicas después de décadas de trabajo y aportes, el panorama actual resulta desolador. Los jubilados, quienes deberían disfrutar de una vida tranquila y digna, están siendo relegados a una lucha constante por la supervivencia, en lugar de recibir el reconocimiento y el respeto que merecen.

Estos datos nos llevan a una reflexión urgente sobre el estado de nuestros derechos económicos y sociales en la Argentina actual. Si el salario mínimo y las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, ¿cómo podemos hablar de un país que respeta y protege los derechos de sus ciudadanos?

Es necesario un replanteo profundo de las políticas salariales y de seguridad social, con el objetivo de garantizar que todos los trabajadores y jubilados puedan vivir con dignidad. No se trata solo de cumplir con la letra de la ley, sino de honrar el espíritu de justicia social que inspiró el artículo 14 bis de nuestra Constitución.

En un país donde las cifras de pobreza e indigencia son alarmantes, es imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y compromiso para corregir esta situación. Los trabajadores y jubilados argentinos merecen algo mejor, y es nuestro deber como sociedad exigir que se cumplan sus derechos básicos, tal como lo establece nuestra Constitución. No podemos seguir permitiendo que la desigualdad y la injusticia sean la norma.