Se multiplican las muertes por falta de medicamentos y el Gobierno disuelve el organismo encargado de entregarlos

Redacción Canal Abierto | Con la llegada de Javier Milei al gobierno, el 10 de diciembre de 2023, la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE) dejó de entregar medicamentos. Este organismo, que en la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, pasó a estar bajo la órbita del de Salud, fue intervenido con la excusa de realizar otra de las famosas auditorías de La Libertad Avanza y quedó prácticamente paralizado.

Esta repartición era la encargada de entregar medicación o subsidios a pacientes oncológicos, con enfermedades raras o en situación de vulnerabilidad social y falta de cobertura.

“Se está haciendo un abandono sistemático de personas. Lo que están haciendo se llama mistanasia, que quiere decir muerte por abandono indigno de personas. Lo que hace que esto sea un crimen es que el tratamiento exista y las personas no lo reciban; y los responsables están en el poder, en el Gobierno nacional, en el Ministerio de Salud”; esto sostenía Florencia Braga Menéndez, una de las directoras de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), en una audiencia en la Cámara de Diputados el 16 de abril de 2024.

Para ese momento se hablaba de, al menos, seis muertes producidas a consecuencia de la discontinuidad de los tratamientos por falta de entrega de medicamentos por parte del Estado nacional. En los últimos días del año, Jorge Yabcowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), sostuvo en declaraciones a la prensa que las muertes a consecuencia de la paralización y el entorpecimiento en la entrega de medicación y subsidios por parte de la DADSE y otros programas del Ministerio de Salud llegan a sesenta.

Amparo, cautelar y decretazo

Ante esta situación y en resguardo del derecho a la Salud y a la vida, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con enfermedades -la mencionada ALAPA, Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo), Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA); Asociación Civil SOSTEN; Fundación Entrelazando Esperanza y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo, con el patrocinio de la Red de Abogades de Argentina (RADA)-, presentó en abril de 2024 un amparo colectivo que fue respondido satisfactoriamente el último día judicial hábil del año, el 30 de diciembre, por el juez Marcelo Bruno Dos Santos al frente del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2.

También te puede interesar: “Utilizan el pretexto de la auditoría para no entregar medicamentos durante cuatro meses”

El magistrado, con una cautelar, ordenó al Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y la DADSE, que resuelva, en un plazo de 10 días, todos los pedidos de medicamentos que llevaran más de 60 días de demora. Además, exigió que adapte, en un plazo de 20 días, todos los trámites pendientes para que su resolución no exceda los 60 días, conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

La respuesta del gobierno fue, ese mismo día, con el decreto 1138/24, disolver la mencionada dirección.

“Estábamos muy contentos con el fallo, tras un año dificilísimo, fue un regalo. Después, apareció este decreto que nos preocupa enormemente porque no vamos a tener contra quién actuar, no se sabe quién debe responder la cautelar. Nuestra esperanza es que, como en el fallo está muy claramente nombrado, el Ministerio tenga que hacerse cargo más allá de lo que haga con la DADSE”, sostiene Braga Menéndez en diálogo con Canal Abierto. “Que la resolución la saquen el mismo día que el fallo del juez es muy llamativo, muy sugestivo, da la sensación de que hay una intencionalidad. Hasta ahora no tienen pudor en ser tramposos. El tipo ganó diciendo “Salud, afuera”, entonces se sienten muy envalentonados para destrozar todo. Es una locura que hayamos llegado tan lejos de permitir que alguien pueda proponer “Salud, afuera”, como si eso no significara vidas reales”.

El gobierno, a cuenta gotas e interponiendo la mayor cantidad de obstáculos posibles, ha reanudado la entrega de medicamentos a lo largo del año, sin tomar cuenta de lo que pueden producir las dilaciones en la vida y sobrevida de los pacientes. “Entregaron medicación. No puedo dar cuenta de cuánta gente se murió a causa del abandono estatal porque esa data es muy difícil de construir. Primero, necesitás un estado que te diga a cuánta gente ha dejado de entregar las drogas, para nosotros es difícil de saber”, explica Florencia, consultada por el número de fallecidos mencionado previamente, que no desmiente pero tampoco puede confirmar.

“Te puedo hablar de casos concretos: el de una chica de 40 años, con una hija chiquita, internada en el Argerich con un cáncer tratable a la que los médicos, desesperados ante la situación de que saben que no les van a dar la droga, la mandan a la casa con paliativos, con medicina para el dolor. Eso es una mistanasia total”.

Otro caso que menciona la directora de ALAPA es el de Marité Troiano. “Ella tenía un cáncer tratable que había sido durante 16 años cronificado perfectamente. De golpe, en diciembre le cortan el medicamento; en febrero, ya había signos de metástasis y en abril murió”. Para muchos cánceres la cronificación es el equivalente a la curación. Quien voluntariamente interrumpe esa medicación está cometiendo un crimen.

Presiones coercitivas a los médicos

Braga Menéndez señala que la DADSE “no era una maravilla, era burocrática, complicada. Había un espíritu retentivo de los tratamientos y restrictivo”.

Según Florencia, hace años que detectan en el sistema de salud “Presiones coercitivas contra los médicos prescriptores” -PRECOMES-. “En una clínica muy prestigiosa había un médico que había prescripto para nueve niños Spinraza, un medicamento que se usa para tratar la atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal jodida y los chicos responden muy bien al tratamiento. La obra social (“muy prestigiosa”) llama a la clínica para que dejen de recetar esa droga y terminan desvinculando al neuropediatra”.*

También nos cuenta otro caso en el que una médica denunció el intento de soborno por parte de una obra social para que no prescribiera una droga cara que era la adecuada para un tratamiento.

“Nosotros queremos que la ciencia se proteja y que se proteja la relación médico paciente y donde hay un médico que prescribe una droga que se respete. El problema de las PRECOMEs empezó antes que este gobierno. Pero, ahora, lo que ha sucedido es que el Estado, que siempre había sido receptivo respecto de nuestras denuncias en relación al acceso a los medicamentos, se vuelve un sospechoso más. No le creo al Ministerio de Salud porque no está teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano fundamental, no juega a favor de la gente. Yo no tengo que estar convenciéndolos de que tienen que respetar la salud de la población argentina. La discusión debería ser cómo crees que cuidás más a la población”, concluye Florencia.

“Es un ministerio de Salud que no está interesado en la salud. El ministro tiene que ser quien pelee el presupuesto de salud, y lograr que sea alto y que las prestaciones se paguen. Puede tener diferentes ideas respecto de lo que es mejor para la población, pero no estar jugando de esta manera tan vil”.

*Fleni y OSDE.

Fuente: https://canalabierto.com.ar