BUP

En ese sentido, la iniciativa que contempla una única boleta de papel para toda la oferta electoral es la que representa el mayor desafío. Si bien no fue una iniciativa del oficialismo y el Gobierno aspiraba a una reforma electoral mucho más ambiciosa que incluyera, entre otras cuestiones, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), es uno de los temas prioritarios en la agenda de Casa Rosada.

De este modo, en caso de que el recinto se incline favorablemente por mayoría, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados por una revisión, debido a las modificaciones que se concedieron por falta de consenso. Además, si no se aprueba antes de febrero de 2025, perderá estado parlamentario y no podrá ser tratado hasta el año siguiente. Cabe recordar que fue en junio de 2022 que la iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 104 en contra y cuatro abstenciones.

Financiamiento universitario

Por otro lado, la oposición del Senado busca sancionar definitivamente el documento que dispone el aumento de los recursos para las universidades nacionales y el incremento salarial para los docentes y nodocentes. La norma ya se aprobó en Diputados con 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención.

Sin embargo, al igual que la ley de movilidad jubilatoria, desde Casa Rosada anticiparon el veto presidencial. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, aseguró el jefe de ministros Guillermo Francos. “Toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes o su partida presupuestaria, por supuesto que será vetada”, profundizó. Este planteo es el que viene haciendo el propio jefe de Estado desde que asumió, con la premisa de “no entregar el equilibrio fiscal”.

Fondos para la SIDE

Además, el recinto debatirá el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024 con el que el Gobierno nacional otorgó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este fue rechazado con 156 votos afirmativos, 52 negativos y seis abstenciones y, por primera vez, el PRO no se alineó al oficialismo. En este caso, según establece la ley 26.122, cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente. Si una de las dos cámaras lo aprueba, queda vigente.