Senado bonaerense: acusan al kirchnerismo de querer manipular la ley de expropiación

Esta semana, los legisladores del peronismo que conforman la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense dieron despacho favorable a un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, normativa que fue cuestionada en duros términos por el legislador del PRO, Juan Manuel Rico Zini, que acusó al oficialismo de aprovechar el cambio de la normativa para entrometerse en conflictos del sector privado.

Resulta que, el pasado miércoles en la reunión de la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, el peronismo dio luz verde a un proyecto de la titular del cuerpo, María Rosa Díaz, que, entre otras cosas, crea un Consejo de Expropiaciones para determinar el monto de la expropiación, lo que propone un nuevo proceso para realizar confiscaciones.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, Rico Zini expuso que durante la reunión se despacharon dos proyectos: el que modifica la ley de expropiaciones, y otro para expropiar una fábrica ubicada en La Matanza, que actualmente funciona como una cooperativa de trabajo.

“Los dos están concatenados porque en uno se expropia la cooperativa y en el otro la ley permitiría que el Estado le ceda esa expropiación a la cooperativa. Por eso se produjo un despacho de minoría de la UCR y del PRO donde se afirmaba, entre otras cosas, varias inconveniencias. La expropiación tiene un interés estatal, que se expropie para después cedérselo a un tercero, desnaturaliza el acto”, cuestionó Rico Zini.

En ese sentido, Rico Zini señaló que la expropiación implica que, si algo es importante y de utilidad pública para el Estado, es el mismo Gobierno de la provincia de Buenos quien debe quedarse con el inmueble y no cedérselo a un tercero, que en este caso serviría a los trabajadores de la fábrica de La Matanza.

“Es meter el Estado en lugares donde no debería estar. El Estado está porque hay un juez, un síndico, abogados. Acá viene la Legislatura por encima de todo, y se mete en un lugar donde no debería meterse. Existen otro tipo de dinámicas para resolver el conflicto. Que se endeude la cooperativa de trabajo y compre el inmueble, pero no pedir una expropiación”, resaltó el legislador del PRO.

En esta línea, el exfuncionario de Pergamino indicó que “si un proyecto de expropiación llega a la Legislatura es por un interés provincial, no por una cuestión local”. “La verdad que la quiebra de una empresa, o en este caso la continuación de la empresa en marcha con una cooperativa de trabajo, no es un asunto provincial en sí mismo”, consideró.

Además del dictamen del PRO y de la UCR, la senadora libertaria Florencia Arietto también se opuso al proyecto de modificación de la ley de expropiaciones al mencionar que los mismos empleados de La Matanza que estaban haciendo juicios laborales contra la empresa, son los mismos que piden a la Legislatura la expropiación del inmueble. No obstante, a diferencia de lo realizado por los otros sectores opositores, Arietto realizó un despacho de minoría por escrito ya que La Libertad Avanza no tiene legisladores en ese cuerpo parlamentario.

“Si la empresa no tiene afinidad con el partido gobernante, no le puede pedir a la Legislatura la solución que esta gente ahora le solicitó al peronismo. Esa es la misma ideología de confundir lo público con lo privado y creer que si el Estado está adentro de la voluntad individual provoca un beneficio, cuando está aprobado que esta intromisión estatal en cada asunto de la vida privada o comercial de la persona, en realidad lo que está haciendo es un perjuicio”, disparó Rico Zini.

Por último, el senador del PRO recordó que si bien la expropiación está presente en la Constitución nacional, provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la misma está creada para resolver problemas estatales y no privados. Por esta razón, argumentó que el órgano que tiene que encargarse de la problemática es el Concejo Deliberante de La Matanza.

“La presidenta de la comisión decía que la expropiación era una ampliación del derecho de la propiedad, pero más que eso parece una intromisión del Estado a cuestiones absolutamente privadas donde no tiene que estar. Desnaturaliza porque si es tan importante para el Estado el bien, no lo tiene que ceder. Es una cosa ilógica. Se termina tergiversando la presencia estatal en problemáticas sociales por la política, a costa del resto de los contribuyentes que van a pagar una expropiación en relación a un interés privado”, sentenció Rico Zini.

Expropiación: qué dice el dictamen de rechazo de la oposición

En su dictamen de rechazo, el PRO y la UCR coinciden en que, si bien la modificación de la ley de expropiaciones apunta a “contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo con el propósito de conservar en funcionamiento o en proceso de reactivación unidades productivas por parte de sus trabajadoras/es constituidos en cooperativas o en proceso de constitución”, actualmente no existe ninguna normativa que signifique un impedimento para que se proceda a la expropiación.

“Es menester que cada caso sea analizado individualmente, como ocurre en la actualidad, donde al ser el Estado provincial quien realiza las erogaciones respecto a la indemnización al titular del bien, requisito esencial para que la expropiación se pueda llevar a cabo, debe extremarse los recaudos para que en un tiempo prudencial dichas erogaciones retornen a las arcas públicas”, pidieron los senadores opositores.

Por caso, los senadores del PRO y de la UCR argumentaron que la defensa del derecho de propiedad se debe armonizar con el interés público y con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“.

Según exponen los legisladores opositores, el proyecto del oficialismo dispone que el Gobierno provincial deberá ceder en comodato los inmuebles, muebles y bienes intangibles expropiados a la Cooperativa de Trabajadores/as constituida o que se constituya para dar continuidad a la actividad productiva. El canon a abonar por la comodataria será equivalente al 0,5% del importe de la valuación fiscal del inmueble establecido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). En cambio, si solo se tratara de bienes muebles, el canon será fijado por la autoridad de aplicación.

“El mecanismo propuesto comprende que Provincia expropie para si las unidades productivas, sin prever que las cooperativas beneficiarias cumplan con requisitos que demuestren la viabilidad de sus iniciativas, cuestión no menor, dado que de no poder pagar el canon, la expropiación se transformaría en innecesaria, donde la unidad productiva quedaría nuevamente oseosa con el consecuente perjuicio a las arcas públicas”, sentenciaron desde el PRO y la UCR.

El proyecto de expropiaciones que cuestiona Rico Zini